La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.
Los hogares encuestados por la Encuesta Casen son seleccionados a partir del marco muestral de secciones y de manzanas provisto por el Instituto Nacional de Estadísticas, que incluye sólo viviendas particulares. Por lo tanto, la información que entrega la encuesta es representativa a nivel nacional de los hogares y población que residen en viviendas particulares. Dado el carácter de la información de la Encuesta Casen, sus resultados están sujetos a error muestral. Por lo mismo, si bien para distintos grupos de hogares o de población pueden obtenerse valores diferentes al estimar un mismo indicador, es necesario evaluar si esas diferencias son puntuales (atribuibles al azar en la selección de la muestra) o, efectivamente, corresponden a diferencias que resultan estadísticamente significativas dado un cierto nivel de confianza. Sólo en algunos años y, únicamente, para el subconjunto de comunas identificadas como representativas según las especificaciones del diseño muestral de cada versión de la Encuesta.
Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.
En 2013, la riqueza promedio de familias de altos ingresos period casi siete veces la de las familias de ingresos medios y casi 70 veces la de las familias de bajos ingresos. Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1). A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más america latina desigualdad ricas del mundo es equivalente al de los 3.500 millones más pobres(2). Por consiguiente, en el ámbito de la vivienda, las discusiones sobre la desigualdad en los Estados Unidos ya no se refieren solamente a factores físicos –tamaño inadecuado o falta de servicios básicos como agua potable o electricidad– sino a aspectos financieros como asequibilidad y desigualdades en la distribución de la riqueza de acuerdo a la propiedad de la vivienda.
El proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.8 por ciento en 2022. También aumentó la cantidad de proyectos de investigación adjudicados por estas universidades y la cantidad de profesores con doctorado. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena. Esta estrategia se basa en las recomendaciones de política pública para que Chile alcance un desarrollo sostenible e inclusivo y en aquellas para desarrollar un sector privado más fuerte, para una sociedad más productiva e inclusiva.
A ello se suman los crecientes estudios de género y estudios feministas, lo cual ha acercado a la sociedad a terminologías en principio complejas o poco comunes hasta ese entonces. A partir de la comprensión del concepto de género es factible identificar cuál es el papel que ocupan las mujeres en la sociedad. La perspectiva de género se constituye así en uno de los principales aportes de la teoría feminista, posibilitando el análisis de las relaciones de poder desde una perspectiva crítica del orden cultural predominante, enfatizando que el enfoque heteronormativo constituye un mecanismo de discriminación y reproducción cultural, siguiendo las categorías definidas por Bordieu (2011). Entre los dolores de la sociedad chilena están las alzas de los precios de las viviendas, la dificultad para acceder a créditos que no sobre endeuden a las familias, las esperas de postulantes a subsidios habitacionales del Estado y la percepción de que el acceso a la casa propia no es igual para todas las personas.
La situación es particularmente preocupante dada la situación de escasez de bienes esenciales y la disaster humanitaria que se agrava en el país, principalmente afectando los derechos a la alimentación y salud de las poblaciones más vulnerables. En Chile, la implementación de sistemas de identificación biométrica en el sistema nacional de salud preocupa por las posibles limitaciones que podría generar a poblaciones marginadas y empobrecidas -e incluso a personas mayores, por la pérdida de legibilidad en rasgos capitalismo desigualdad como las huellas digitales- para su acceso a servicios básicos de salud. Dado que cuestiones como embarazo adolescente, evasión escolar y desnutrición son problemas estructurales en la región, es extremadamente cuestionable que las políticas asociadas sean mediadas o condicionadas a la recolección de grandes cantidades de datos. Que no exista a su vez una preocupación por los derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con instrumentos vigentes en toda la región, da cuenta de un problema más profundo.
El país se ve afectado por la urbanización de la economía en todo el mundo y el papel predominante de las grandes ciudades en la globalización, lo que acarrea como consecuencia estructural la coexistencia de territorios subnacionales prósperos con territorios de menores ventajas comparativas en la dinámica world (De Mattos 1998, 2009). Así, podríamos sostener que las desigualdades sociales vinculadas al modelo económico dominante incluyen desigualdades territoriales que son características del precise proceso de urbanización. En esta declaración de principios, no se señala patentemente que se espera un aporte de las mujeres en las decisiones económicas y políticas del país, como sí ocurre explícitamente en el caso español. La dimensión temporal está determinada por el punto de vista de las reformas institucionales más recientes en España y Chile en torno al proceso político que conduce a las realidades actuales en términos de indicadores de igualdad de género.
En general, las condiciones socioeconómicas de los diversos grupos de la población continúan con un desarrollo histórico positivo, en línea con el progreso socioeconómico del país. En common, el ingreso mensual promedio en hogares ha seguido aumentando, el desempleo sigue disminuyendo hasta niveles cercanos al empleo complete, especialmente en algunas Regiones, la pobreza e indigencia también siguen disminuyendo y se ha propuesto erradicar la pobreza extrema. Algunas políticas públicas incluyen el enfoque de género y hay esfuerzos intersectoriales que promueven mejores condiciones y derechos de las mujeres. El desarrollo logrado en algunos grupos y comunas del país ha llegado a un nivel similar al de países de muy alto desarrollo. Las causas de los estallidos sociales están ampliamente abordadas en la literatura económica y tienen estrecha relación con políticas públicas que no han logrado resolver los problemas de pobreza y desigualdad que aquejan a los individuos de una sociedad.
Respecto de la medición multidimensional de la pobreza, desde el año 2014, el Ministerio ha contado con la asesoría técnica y supervisión de la Iniciativa sobre Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI), de la Universidad de Oxford. Dicha institución ha liderado el estudio de la pobreza multidimensional en el mundo, contribuyendo al desarrollo de las primeras mediciones globales realizadas por Naciones Unidas y asesorando a diversos países en el diseño e implementación de mediciones de pobreza multidimensional. Los datos de la Encuesta Casen se basan en una muestra aleatoria de hogares y población residente en viviendas particulares. Con el objeto de que los datos de la muestra puedan ser usados para representar su expresión en términos del total de población y hogares del país, se construyen factores de expansión que asignan una ponderación a cada caso incluido en la muestra. Desde la versión 2011 de la Encuesta Casen, estos factores de expansión han sido elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y su construcción es consistente con las proyecciones demográficas entregadas por el INE para el whole de población residente en viviendas particulares a la fecha de levantamiento de la Encuesta. Otro aspecto a considerar es que los resultados entregados por la Encuesta Casen son expandidos para dar cuenta del complete de hogares y de población residente en viviendas particulares a nivel nacional.
Segundo, porque reflejan una serie de principios que deben ser consistentes con los objetivos y criterios de vida en común derivados del pacto social. El diseño mismo de los impuestos da cuenta, refuerza, y permite la implementación de los acuerdos consagrados en el contrato social. Sea para mantener o para salir de él, la violencia social tampoco es justificable, pero es una realidad a la cual podría el estado darle frente sin necesidad de generar los mecanismos que la activan o intensifican. Aquellos que ejercen el poder y gobiernan las sociedades bajo esquemas de desigualdades tendrán que entender que la violencia social es uno de los precios a pagar por toda la desigualdad generada en la sociedad por largo tiempo.
Los distintos tipos de impuestos difieren en su carácter normativo, y por ende no afectan solo la recaudación, sino que también otros aspectos de nuestra vida individual y colectiva. El impacto de la violencia social, no es algo que pueda considerarse como nimiedad, incluso es importante reconocer que su abordaje debe ser diligente, especialmente por los riesgos que en cuanto a materia de salud mental conciernen, tras el efecto de normalización que pudiese desprenderse con la habituación a la misma. Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. Declara no conocer a alguna persona fuera del hogar que pueda prestar apoyo en distintas situaciones relevantes.