Por ejemplo, un 27,2% de las y los trabajadores declara que su empleo no le permite tener estabilidad financiera y un 33,4% considera que su educación no les ha entregado la oportunidad de aumentar sus ingresos o de ascender en el trabajo. Este fondo es esencial para los municipios más pobres de Chile, ya que les proporciona recursos necesarios para brindar servicios básicos a sus comunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es importante destacar que dicha materia debe ser abordada por la ley y no por una norma constitucional.
Cabe destacar, entonces, que en Chile la burocracia del Estado es hoy enorme y es además ineficiente y anticuada (CEP, 2017). Por ejemplo, el Congreso Nacional empleaba a menos de 350 personas en 1990 y hoy a casi a 3 mil. Al 2018, según estadísticas del INE, alcanzamos un millón de empleados públicos, con un crecimiento del número de funcionarios de un 26,3% en solo cinco años.
Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Si una buena educación es más accesible a los más ricos de la sociedad, eso crea más desigualdad en el futuro ya que las personas ricas se seguirán asociando con otros ricos y obteniendo los trabajos más lucrativos mientras las personas pobres continuarán siendo pobres y permanecerán en la sociedad, completando un ciclo de la pobreza debido a la desigualdad educativa y social.
Actualmente, la complejidad del mercado, que hace depender la prosperidad de los países de su integración en redes globales de intercambio, puede restar eficacia a los intentos políticos por dar dirección a la economía. Pero el malestar generalizado y la insostenibilidad de un conflicto social de largo plazo quizás conduzcan a una nueva vuelta de timón en su desarrollo. O incluso, aunque es la opción menos probable de materializarse en un futuro próximo, a su superación. Este tipo de medidas traerá justicia social y desarrollo de la mano con el crecimiento, y la desigualdad se vería mejorada en el mediano plazo sin duda.
Tanto la creación de una clase alta empeñada en perpetuarse como la polarización entre la élite y el resto de la sociedad constituyen las principales amenazas a la paz social y a la viabilidad del sistema a largo plazo. “La desigualdad de ingresos ha caído en forma importante, pero aún es alta y se caracteriza por un patrón de alta concentración y gran cantidad de bajos salarios”, explicó Larrañaga. Destacó que “Chile ha hecho mucho progreso”, de hecho, la desigualdad por ingreso ha disminuido de 55% desde el año 2000 a 47% en 2015. Con los datos regionales obtenidos, se realiza un análisis de convergencia para comparar si los territorios más pobres, crecen más rápido que los más ricos.
Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014). Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha. El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas. Es decir, que se estudió la forma en cómo se encuentran planteadas estas acciones públicas, y así, determinar si estas buscan reducir las desigualdades económicas desde la perspectiva ex-ante, ex-post, o ambas. Aquí, es importante destacar que el análisis no incluye un estudio sobre el impacto que estas acciones públicas han tenido, o bien tendrán, sobre el tema en cuestión, sino que busca determinar si estas mismas responden o no al concepto multidimensional de las disparidades. Igualmente, se determinó a qué meta o metas del ODS 10 respondían particularmente y se indicó si estas acciones públicas eran anteriores o posteriores a la Agenda 2030.
A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global. La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible. Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país.
En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud detectó que 40% de habitantes aún no posee la primera vacuna contra el COVID-19 y que hay «puntos ciegos graves» por la falta de información que proporcionada por algunos países. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el BM se encuentra entregando asistencia técnica al proyecto Gestión Social Local (GSL) Esta nueva metodología para la entrega integrada de servicios y beneficios sociales en los municipios, ya se encuentra disponible en casi el 70% de las municipalidades del país. A través de una “ventanilla única”, los funcionarios disponen de los distintos programas y subsidios con que cuenta y puede acceder un beneficiario, permitiendo entregar una mejor atención social, además de aumentar la eficiencia del gasto público. Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. Como forma de facilitar la interpretación de los resultados, se procedió a efectuar una transformación logarítmica de las variables, las cuales fueron sometidas a los test de raíz unitaria de Dickey-Fuller y de estacionalidad a través de un análisis de gráficos lineales.
Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, el país tiene una población de más de 17,5 millones de personas3, de las cuales un 87% vive en zonas urbanas. En Chile, la ley reconoce desigualdad derechos humanos la existencia de nueve pueblos originarios4 y de acuerdo con la CASEN (2015) solo el 9% de la población chilena declara pertenecer a una etnia, siendo mayormente Mapuches (84% del total). Las regiones con mayor porcentaje de población indígena son la Región Metropolitana y La Araucanía, siendo en esta última donde la mayoría de ellos vive en zonas rurales (59%).
Eso ha ido cambiando por una política en que a los alumnos más pobres se les asocia un subsidio mayor, así como a las escuelas que los atienden, lo que se acerca más a compensar los fondos que requiere atender a una población más vulnerable. Esa es una excelente política de promoción de la movilidad, porque promueve oportunidades educacionales más igualitarias. Otras políticas relevantes son aquellas que promueven el desarrollo infantil, como Chile Crece Contigo. Eso puede contribuir a que, ya adultos, esos niños estén menos determinados por sus “accidentes de la cuna”. El impacto de una distribución mas igualitaria no será inmediato, porque requiere que esos niños y jóvenes que crecen en un contexto mas igualitario sean adultos y reciban los retornos económicos a las inversiones en capital humano de las que se beneficiaron cuando niños. Además, hay una batería de políticas que pueden considerarse para promover la movilidad y que incluyen, por ejemplo, invertir más en la salud, educación, y bienestar de familias más pobres.
Mac Clure y Calvo (2013) proponen una división administrativa basada en el actual estado del proceso de urbanización. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado. Miro mis archivos y leo que en la última elección presidencial de Estados Unidos (2020), la más cara de la historia de ese país según el Center for Responsive Politics, se gastaron aproximadamente US$5,2 mil millones. Monto que explica la cuantía de los intereses en juego y la creciente violencia en las campañas. Lo más peligroso para Nixon y Kissinger period desigualdad de oportunidades ejemplos la unidad de esa misma izquierda chilena que se fraguaba con éxito en Francia e Italia; mientras en España buscaba con coraje y tesón sacarse de encima la dictadura de Franco.
Un gran desafío para países que expanden su educación superior e invitan, por primera vez, a sectores tradicionalmente excluidos, es apoyar, con recursos económicos pero también extraeconómicos, a los jóvenes más vulnerables. Idealmente, el esfuerzo por impulsar la movilidad requiere una batería de políticas que incluye estrategias universales y focalizadas. La reducción de la desigualdad es una tarea compleja y de largo plazo, que incluye políticas que afectan los ingresos autónomos de los hogares -laborales, educacionales-, así como políticas redistributivas que permiten que el Estado recaude y use recursos para promover el bienestar económico de la población. Estas políticas generales deben ser complementadas con estrategias más focalizadas y específicas que atiendan las necesidades de sectores pobres, marginados o discriminados. La persistencia intergeneracional de la riqueza se asocia a una alta concentración de ingresos en el grupo de ingresos más altos en Chile.