Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad. Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,forty nine a 0,forty three para Chile o de 0,50 a 0,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país.
Igualmente el sondeo mostró un desequilibrio por regiones, pues mientras las de Magallanes, Aysén y Metropolitana, en ese orden, muestran índices por debajo del promedio nacional, las de Tarapacá, Ñuble, Biobío y La Araucanía lo sobrepasan, con esta última con la mayor pobreza (17,4). En cuanto a la distribución de ingresos la Casen confirmó las profundas desigualdades existentes en Chile, pues el 20 por ciento de los hogares con mayores ingresos recibió en ese lapso 35 veces más recursos que el 20 por ciento de las familias más pobres. La investigadora explica que las comunas con menos recursos, son también comunas con menos infraestructura en basic, con condiciones materiales de vida menos favorables, menos espacios verdes, oportunidades laborales, educacionales, menor seguridad y por supuesto, menos salud. Para lograr una transformación radical de la ciudad, la mayoría de la población que no compartió las nuevas formas y elementos culturales -simbólicos y materiales- o no se vio integrada con el discurso de la elite respecto a la modernización materials del país, fue empujada a abandonar el centro de la capital y a vivir en los barrios marginales. En ese mismo período, una gran masa de la población se desplazó desde las zonas rurales para instalarse en la capital, atraídos por la oferta de trabajo de la incipiente industria nacional y habitaron espacios donde las viviendas eran escasas y estaban desprovistos de servicios públicos como agua, alcantarillado, alumbrado y servicios de salud. El aumento de esos barrios contrastó con la imagen de una ciudad próspera y pujante, donde la ologarquía nacional, enriquecida con la especulación financiera y la implementación del modelo industria, el libre mercado y la la inserción de Chile en la economía capitalista, construyó elegantes mansiones y palacios y construyó importantes obras públicas.
El artículo se cierra analizando si se aplica a Chile la explicación que ha dado Thomas Picketty para el aumento exponencial de la concentración de la riqueza en los últimos 50 años en el mundo. Esto es, que las tasas de retorno del capital (que constituyen gran parte de los ingresos de la elite) son superiores a las tasas de retorno del trabajo (que constituyen gran parte de los ingresos del 99% de los ciudadanos del mundo). En Chile, sin embargo, faltan datos para corroborar si este fenómeno ocurre y explica la extrema desigualdad.
Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. La disminución de la pobreza por ingresos y la percepción de que otras vulnerabilidades no se solucionan lleva, además, al surgimiento de tensiones dentro de los grupos sociales. El elemento objetivo de la pobreza (en cuanto a indicadores como el dinero) no está alineado con el subjetivo (cómo cada persona vive su situación) ni el relacional (cómo las personas se relacionan con el resto de la sociedad). Ese último issue va de la mano con el fenómeno de la exclusión social, que Moreno describe como «el rompimiento de los vínculos que unen a las personas en la sociedad».
La necesidad de pensar para los próximos años en la creación de un Seguro Único de Salud, es parte basic de las lecciones que hoy deja la pandemia en el mundo y América en specific, dadas las segmentaciones y desigualdades que nos sacuden en tiempos de pandemia. Por su parte, la evidencia que asocia desigualdad social, por un lado, y salud y problemas sociales, por otro, es abundante. Desde la literatura en economía y ciencias sociales hasta aquella más vinculada a salud pública y epidemiología, hay más de 30 años de robusta evidencia que señalan que a medida que aumenta la desigualdad social, se incrementan los problemas sociales y empeora la salud de la población. Se ha reportado mayor mortalidad y menor expectativa de vida; mayores tasas de violencia, delincuencia y homicidios; peor rendimiento escolar, mayores tasas de deserción escolar y menor movilidad social efectiva. En la infancia y adolescencia, se asocia a mayor mortalidad infantil, mayores tasas de obesidad y más problemas de salud psychological.
La primera corriente se originó al inside del mundo conservador-católico que, a partir de la Encíclica Rerum Novarum, adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una disaster moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto materials como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En specific, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.
La tardanza en la respuesta desde la atención primaria y la implementación de la estrategia de trazabilidad es evidencia de la misma causa. Una desconfianza en los gobiernos comunales, de la participación social y territorial como ejes de una respuesta social estructurada, ha agudizado y debilitado la estrategia sanitaria. Después del golpe militar, se implementan una serie de medidas orientadas a la liberalización de la economía, la reducción del tamaño del Estado y la adopción de un modelo basado en la subsidiaridad del Estado y la libertad de elección. En 1979 se descentraliza el SNS, creándose el Sistema Nacional de Servicios de Salud compuesto de 27 entidades autónomas que administran la red hospitalaria estatal, y la atención primaria pasa a ser administrada por los municipios. Se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), un seguro público que entrega cobertura tanto a los indigentes como a los asalariados y a sus familiares dependientes (cargas) mediante una cotización obligatoria del 7% del sueldo.
La desigualdad social, las condiciones de precariedad laboral y de una seguridad social moderna, fortalecida y pública, facilitan la circulación del virus, logrando afectar a múltiples estratos etarios, siendo predominante los fallecidos con grados de vulnerabilidad social y biológica. Cientos de miles de muertes son el testimonio desgarrador frente a la pobreza, pérdidas de empleo, inseguridad social e incertidumbre que hasta ahora la ciencia y el conocimiento humano no logran neutralizar con la aparición de una vacuna o un tratamiento. Partiendo desde la pobreza, se puede afirmar que ésta afecta la salud, como dicen los estudiosos de estos temas. Primero, aumentando el riesgo de daño, porque la pobreza se asocia con la presencia de mayores factores de riesgo, basurales, vectores, falta de espacios, alimentos de mala calidad, consumo de sustancias tóxicas, contaminación ambiental, etc. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado.
Utilizando al ingreso como indicador de desigualdad, verificamos que en 2005 la población sin cobertura y con mayores ingresos presentó una mayor prevalencia de dislipemia. En cambio, utilizando a la educación para medir desigualdad, en ambos periodos la población sin cobertura y con menor educación formal mostró una desigualdad mayor que aquellos que la poseen. Dado que los resultados presentados en las Tablas 1 y 2 muestran cierta desigualdad entre los grupos socioeconómicos, utilizamos el índice de concentración, un indicador más robusto para medir desigualdades (Tabla 3). Como se muestra en dicha tabla, la mayoría de los índices de concentración tienen signo negativo en los factores de riesgo cardiovascular y el estado de salud auto reportado (malo y regular), denotando la existencia de desigualdad debido a una mayor concentración de estos factores de riesgo sobre la población con menores posibilidades. Esta desigualdad se torna más evidente utilizando a la educación como variable de posición social. En cuanto a la cobertura de salud, el signo positivo nos informa de una concentración de la disponibilidad de cobertura en la población con mayores recursos.
Eso después repercute, porque si vas a un colegio privado, tus oportunidades serán distintas. En las universidades públicas sí hay más mezcla entre clases sociales, pero sólo el 10% de la población de América Latina llega a la universidad. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución.