El informe se adentra en las cinco dimensiones de la Agenda 2030, conocidas como las “5 P” -personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz-, utilizando un enfoque interseccional para profundizar en la interacción de la desigualdad de género con otros factores de discriminación. Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada. Aún falta mucho para eliminar la discriminación y la desigualdad entre los géneros.
Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en basic, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna. Se observa una brecha clara en este ámbito entre Chile y España, debido a la ausencia de una política clara en este punto en el caso chileno, frente a los resultados incipientes del caso español. Esta sola constatación nos conduce a reafirmar la observación sobre el problema de lo político desigualdad alimentaria en la construcción de género y sus perspectivas de desarrollo futuro, donde efectivamente se observa una incidencia de la formulación ontológica del género desde una dimensión normativa hasta la observación de sus implicancias empíricas y de resultados, donde bien cabe recordar los conceptos de reproducción social señalados por Bourdieu (2011). Todo esto como un paso en el reconocimiento de la importancia del género como un asunto transversal que permita vivir plenamente en democracia y mejorar conscientemente como sociedades avanzadas.
Es preciso cambiar actitudes y comportamientos e incluso formas de vida y estructuras sociales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país. Por ello, un grupo de mujeres defensoras del principio de igualdad de oportunidades impulsó la creación de un organismo dentro de la Administración Española, similar al que existía en otros países de Europa y del mundo, responsable de elaborar políticas de igualdad, proponérselas al gobierno y coordinar las acciones de los diferentes ministerios en este ámbito. Con esta primera lectura, es posible afirmar que tanto en España como en Chile existe una necesidad y preocupación evidentes por mejorar planteamientos políticos desde una perspectiva de género. Como antecedente, es posible señalar que en Chile la necesidad de contar con un espacio que se dedique a ordenar los aspectos relacionados con el género, concretamente con las necesidades de las mujeres, surge una vez recuperada la democracia (1990) y por compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). La creación del Sernam, es entonces consecuencia directa de la recuperación de la democracia y de la participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al inside de la familia y la pareja.
La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Aunque la región ha logrado avances significativos en la ratificación de marcos normativos globales y regionales para la igualdad de género, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), persisten las brechas legislativas que generan discriminación y una financiación insuficiente para políticas públicas y estructuras institucionales enfocadas en la igualdad de género. Según el reciente “Perfil Regional de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe”, la región enfrenta desafíos significativos en áreas clave como la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la educación, la mortalidad materna, el acceso a servicios básicos, la autonomía económica de las mujeres, y la violencia de género. Este estudio, crucial para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, señala un déficit considerable de datos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. El documento concluye con una serie de recomendaciones para fortalecer las políticas públicas y reformas legislativas, mejorar la financiación y la implementación de programas orientados a la igualdad de género, y fomentar cambios sociales que permitan superar las desigualdades identificadas.
La iniciativa liderada por de Chile a nivel Latinoaméricano ya cuenta con el apoyo de México, Uruguay y Costa Rica, y su objetivo es promover acciones colectivas, regionales y multisectoriales para cerrar las brechas de género en el acceso, desarrollo de habilidades y uso de las TIC por parte de las mujeres e impulsar su plena participación en la economía digital. Para ello, se está trabajando en la creación de una plataforma virtual colaborativa, la cual tiene por objetivo ofrecer cursos de habilidades digitales a 3.eight millones de mujeres en América Latina y el Caribe, a través de programas de formación de Microsoft, y crear oportunidades económicas para 1 millón de mujeres en la región durante los siguientes tres años. En esa línea, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, recalcó que “cerrar la brecha de género en ciencias es un desafío país y con el anuncio de esta Primera Política para la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su Plan de Acción, tenemos una hoja de ruta concreta y definida para abordarlo. Esto fue posible gracias a un intenso proceso colaborativo que duró 20 meses, canalizó la participación de más de 1.800 personas e instituciones y sistematizó esta participación en aportes concretos.
Por otra parte, la brecha salarial desagregada por nivel educativo da cuenta de una realidad aún más incómoda. La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión. Esta última se constituye mediante la adquisición y generación de nuevos saberes, ante lo cual la estructura de la brecha salarial presentada da cuenta de menores ingresos proporcionales a mayor nivel educativo. Todas estas reivindicaciones han supuesto un largo camino marcado por constantes mejoras hasta el año 2012, año en que a partir de una redefinición de los modelos de ciudadanía se pasa a la realización de un extenso trabajo con el lenguaje que ha permitido dejar de considerar lo masculino como medida common de experiencia humana. Trabajar con un enfoque lingüístico no sexista, incluyendo en esto a los medios de comunicación y publicidad, ha sido una de las tareas clave. A ello se suman los crecientes estudios de género y estudios feministas, lo cual ha acercado a la sociedad a terminologías en principio complejas o poco comunes hasta ese entonces.
En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha appreciable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a 13 puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se replica en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD. Dicha circunstancia afecta al porcentaje de mujeres que esperan desarrollar una carrera en ingeniería y/o computación, situación que en Chile se eleva sobre un 20%, en España un 17,7% y en la OECD un 13,6%. Revisión sistematizada que indaga en artículos publicados entre 2014 y 2019, respecto de la relación entre género, feminismos y trabajo social, en revistas de especialidad en Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Brasil y España. Los resultados demuestran acercamientos teórico-conceptuales, metodológicos y principales discusiones que desde el trabajo social se exponen para establecer las presencias y ausencias de género y feminismos en la literatura especializada de la disciplina. Los resultados permiten seguir las pistas de un trabajo social feminista agenciado desde los márgenes, cuyas tramas concluyentes se sitúan en la responsabilidad ética-política acuerpada, la formación en metodologías críticas feministas, la trascendencia de la perspectiva de género y el (re)posicionamiento del quehacer disciplinar en/con actoras/es y movimientos sociales en pluralidad y diversidad de luchas y resistencias.
La dimensión temporal está determinada por el punto de vista de las reformas institucionales más recientes en España y Chile en torno al proceso político que conduce a las realidades actuales en términos de indicadores de igualdad de género. De esta forma, surge del análisis estructural un análisis interpretativo que da espacio a la revisión y reelaboración de las políticas públicas de igualdad de género desde una perspectiva crítica que contribuye a la disminución y deconstrucción de las desigualdades existentes en el ámbito abordado por el estudio. Sin embargo, la práctica evidencia que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con los cambios propuestos desde el ámbito legal.
No obstante, el avance en igualdad de género no fue progresando de forma lineal, sino que contó con ciertos retrocesos que fueron constatados por diferentes indicadores. La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad.
Es más, la participación femenina en el sector TIC es de sólo un 5%, respecto a lo señalado por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información. La transición demográfica de la región, con una notable reducción de la fecundidad y el envejecimiento de la población, presenta desafíos y oportunidades que requieren un análisis exhaustivo para fortalecer la resiliencia demográfica de los países de América Latina y el Caribe. El “Perfil Regional de Igualdad de Género” también aborda la intersección entre género y medio ambiente, mostrando cómo las disaster desigualdad economica por la globalizacion climáticas afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y reconociendo su papel fundamental como agentes de cambio. Ésta establece que el autor autoriza a EURE de manera gratuita, exclusiva e ilimitada a reproducir, editar, publicar, distribuir, publicitar, comercializar y traducir el artículo, a cualquier soporte conocido o por conocer y desarrollar. Sus áreas de conocimiento son estratificación, desigualdad y pobreza, territorio, conflictos urbanos/ambientales,pueblos indígenas y metodologías cualitativas.
En 2015 Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en dicho indicador (WEF, 2016), aunque en 2017 figura en el lugar 63 (WEF, 2017) y en 2018 avanza al lugar fifty four (mientras España figura en el 24 en 2017 y 29 en 2018). Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%, esta cifra se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada la redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior a la de los varones. Aun así, debemos señalar que durante este último gobierno se ha retrocedido en muchos de los derechos reconocidos, principalmente porque, según el Indicador de Igualdad de Género de Catalunya, un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona muestra una nueva pobreza representada por mujeres formadas y con trabajo, pero salarios más bajos que los de los varones, sobre todo tras la maternidad (ODEE, 2015). En definitiva, la tendencia sigue siendo no mencionar abiertamente la violencia machista, sino más bien reconocer la violencia intrafamiliar, invisibilizando la falta de educación en esta materia, ya que, desde el lenguaje, no existe un adecuado tratamiento para este tema, situación que se ve amplificada en los medios de comunicación y publicidad, ambos de carácter masivo. No obstante, en ambos casos es necesario señalar que el nombre del organismo público evidencia la visión patriarcal que sigue presente en buena parte del pensamiento político y filosófico actual, pues las denominaciones Servicio Nacional de la Mujer e Instituto de la Mujer (mujer única e idéntica) develan rastros de la misoginia romántica señalada ampliamente por Amelia Valcárcel en su estudio La política de las mujeres (Valcárcel, 2012).
Decide sobre los contenidos, presentación y normativa editorial de la revista. Propone autores y temas para los siguientes números de la misma, dictamina los artículos recibidos en primera instancia y rechaza o acepta inicialmente, selecciona evaluadores externos y toma la última decisión sobre su publicación. La mujer inmigrante en la cultura patriarcal y su reflejo en los medios de comunicación.
Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad. Una investigación pionera (2024) realizada por ONU Mujeres, en colaboración con diversas agencias de las Naciones Unidas, ha arrojado luz sobre los progresos y obstáculos persistentes en el camino hacia la igualdad de género en América Latina y el Caribe. El estudio, parte del esfuerzo colectivo del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas de la RCP LAC, ofrece una visión integral del estado de las mujeres en la región, analizando factores clave como la pobreza, la protección social, la educación, y la participación política.