Hoy la sociedad es más consciente de la importancia de distribuir oportunidades, de asegurar que «la cuna» no determine el futuro y de no tolerar desigualdades asociadas a la vulneración de derechos como condiciones mínimas de una sociedad que busca el desarrollo humano de su población. La experiencia señala que la coordinación no debiera ser una cuestión solo de un círculo de expertos, sino que también un ejercicio democrático de articulación transversal que integre la política, la sociedad civil y la ciudadanía. En cuanto a las pensiones, la sociedad chilena ya se dio cuenta a través de la experiencia propia de la precariedad del monto de las pensiones obtenido a través del sistema de capitalización individual.
Este tipo de desigualdad es especialmente excluyente y marginalizador, ya que se caracteriza por acumular y hacer coincidir, en algunas zonas, desventajas en variadas dimensiones. Así, carencias habitacionales, educativas, económicas, laborales, sanitarias, de transporte, de seguridad, de espacios públicos y de bienes culturales se reúnen dejando a quienes habitan estos espacios fuera de la satisfacción efectiva de una parte o la totalidad de sus derechos. En efecto y sólo como ejemplo, en marzo 2021 sólo algunos Servicios de Salud cuentan con oncólogos médicos, especialistas en medicina nuclear o geriatras como parte de su dotación efectiva. Por lo anterior, asegura que contar con marcos legales, equipos profesionales, recursos y un Estado local desigualdad de social y regional que tenga atribuciones para aplicar la política, es solo un parte de lo que se debe hacer para cumplir el objetivo de mirar el espacio a largo plazo. Si bien las catástrofes son un instante que necesita de respuesta inmediatas, menciona que en Alemania, algunas de sus ciudades se planifican y ordenan con una proyección de 20 a 30 años, lo que -explica- ha permitido organizar el espacio de acuerdo a las necesidades de la población. Rubio asegura que esta visión a largo plazo no ha disminuido la especulación del suelo y la presión sobre las áreas naturales y verdes que se encuentran en cada lugar, ni tampoco evita catástrofes como la que hemos vivido los últimos días.
En ambos períodos de tiempo el Β es negativo y significativo al 95 y 99% respectivamente (siendo los Β -4,256 y -24,851). La región de La Araucanía, siendo la más desigual en el año 2009, no es la que más ha reducido sus niveles de desigualdad, pero se encuentra dentro de las tres mejores. Las tres regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, efectivamente fueron las regiones que iniciaron con los índices de Gini más bajos, logrando menores reducciones de desigualdad en el tiempo. Agostini y Brown (2007; 2010) realizaron un estudio a nivel desagregado de las desigualdades chilenas, logrando obtener un índice de Gini comunal11. Los resultados confirmaron la mencionada heterogeneidad del territorio chileno, obteniendo Ginis que van de 0,41 a zero,63. Asimismo, se expone que las regiones del sur, así como la Metropolitana, tienden a tener comunas con mayor nivel de desigualdad del ingreso (similares resultados obtuvieron Ramírez et al. [2009] en su estudio comunal).
La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B). El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio. Comenzando por Kuznets (1955), cuya teoría sostiene que cuando una economía comienza a crecer, también lo hacen las disparidades, hasta llegar a un cierto punto de desarrollo, donde a pesar del mayor crecimiento económico, las desigualdades van disminuyendo, tomando la forma de una U invertida. Por su lado, la Nueva Geografía Económica plantea que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, al existir un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad (Merchand, 2009). La Araucanía, la segunda región más desigual del país, sigue en la lista como la séptima región con mayores niveles de conflicto, según al informe de COES (Figura 1).
Uno de los grandes déficits que subsiste en regiones es la ausencia de especialidades médicas, odontológicas y otras. Asumir este desafío ha sido tarea compleja para las universidades en parte por la ausencia de profesionales en regiones disponibles para implementar esos programas y también por las exigencias de los sistemas de acreditación que se les aplican. La situación anterior resulta preocupante al largo plazo, pues en investigaciones llevadas a cabo en el (CR)2 hemos constatado que las olas de calor serán cada vez más frecuentes en el país. Así, al proyectar estos fenómenos en las ciudades de la zona centro sur del Valle Central, considerando la posible evolución durante el siglo XXI, se visualiza que los días con temperaturas sobre 30ºC se podrían triplicar hacia el fin del presente siglo (desde 8% hasta 28%). El incendio de Viña del Mar reabre el debate sobre la necesidad de leyes, normas e instrumentos que permitan regular la especulación y el uso de suelo, para la protección del medio ambiente y de la población que habita en ciudades donde el fuego se transforma en la principal preocupación cada temporada de verano.
Según señalan las cifras de la OCDE, el 37% del gasto en salud en Chile es gasto de bolsillo, siendo la media de los países de la OCDE inferior al 20%. Se indica que después de México, Chile tiene el gasto de bolsillo más alto de todos los países de la OCDE. Una tercera y muy importante fuente de financiamiento que menciona el informe es el gasto de bolsillo “que incluye compra de remedios, pago de exámenes no cubiertos por los seguros de salud y copago a las prestaciones en salud como hospitalizaciones y consultas médicas”. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales.
Es necesario que la política pública vea lo que por décadas se ha invisibilizado y olvidado, para avanzar en una justicia espacial que permita la vida digna”, concluye el especialista. Desde mediados de la década de 1960 se produjo una importante transformación sociodemográfica, caracterizada por la reducción del número de hijos por mujer. La baja en la tasa de fecundidad y el sostenido descenso de la mortalidad atenuaron el ritmo de crecimiento de la población y transformaron la estructura etaria de la población. Los cambios que ocurrieron en el siglo XX en materia demográfica significaron una transformación profunda de la sociedad chilena.
En esta edición, el reporte se concentró en las diferencias en el acceso a la salud pública que existen entre la Región Metropolitana y el resto del país. En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio. Los “Blocks” de vivienda social en Santiago, Chile, uno de los símbolos de la exclusión territorial. En Chile, la segregación residencial se ha potenciado en las últimas décadas, en gran medida por una política pública que relegó las viviendas sociales a zonas con bajos recursos urbanos. En otras palabras, las familias con mayores carencias socioeconómicas fueron concentradas territorialmente en sectores carentes de servicios, recursos y oportunidades. Esto generó nuevas barreras para la inclusión social y para la superación de la vulnerabilidad de dichas familias.
Se infiere que en estas regiones, las riquezas provenientes de la minería, son repartidas más inclusivamente entre la población trabajadora. De acuerdo con Macías (2014, pp. 119) “un crecimiento equilibrado de la productividad entre la agricultura y la industria genera menos desigualdad que un crecimiento de la productividad sesgado hacia la industria”, haciendo referencia a las diferencias campo-ciudad que puede provocar una mayor acumulación de capital físico en la industria12. En distintos estudios, la tasa global de fertilidad cobra relevancia al evaluar su efecto sobre la desigualdad de los ingresos. Chile presenta un bajo índice de fertilidad, siendo de 1,eight nacimientos por mujer, cayendo por debajo de la tasa de reemplazo (Mieres, 2019).
Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso moral de un país haga insupportable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo. Este apartado concluye que, para los períodos estudiados, los territorios en peores condiciones iniciales (ya sea por ingreso o por desigualdad del ingreso), tienden a mejorar su condición respecto de los territorios más aventajados inicialmente. Aunque era desigualdad cultural ejemplos de esperar que las regiones más pobres sean las que más rápido crezcan, no es obvio el comportamiento de la desigualdad.
Calles oscuras y estrechas que no permiten la libre circulación de los vehículos policiales, casas construidas en lugares de riesgo, muchos callejones sin nombre, en definitiva, una ausencia del plan urbanístico, razón por la cual es imperativo que la policía cuente con un guía local para no perderse en esa población. Los Gobiernos posteriores a 2004 han estado en una tensión constante en Cité Soleil, entre procesos de des-armamento en este territorio, management de las fuerzas de órdenes para la seguridad de los habitantes de esta población y los conflictos armados entre las bandas rivales que luchan para tener el management de este territorio. Aquellas bandas que controlan este territorio controlan además las ferias que rodean este sector incluyendo a los empresarios que tienen empresas cerca.
Sin embargo, al revisar los datos se muestra que estos resultados se dieron a costa de menores ingresos laborales en casi toda la población, mayores transferencias focalizadas y un alza en el alquiler imputado. El promedio de los ingresos por trabajo per cápita disminuyeron en 9 de 10 deciles en 2020 respecto al levantamiento de 2017 y el promedio de ingresos del trabajo per cápita del primer decil (grupo de menores ingresos) llegó a $7.024 en 2020, habiéndose reducido en $71.147 con respecto a 2017. En primer lugar, los cambios socioeconómicos y culturales en el campo no sólo generan territorios agrícolas de especialización flexible, sino que redefinen las formas de vida tanto de la población rural como de la población urbana. En segundo lugar, los cambios en la diferenciación rural-urbana generan nuevas conexiones socio-territoriales y la consiguiente reconfiguración de los lugares. Asimismo, el aumento de la movilidad (migraciones y desplazamientos) está asociado con la segmentación etno-territorial de las comunidades. A manera de conclusión, destacamos diferentes fuentes de la desigualdad propias del proceso de desagrarización.