En cuanto a las amenazas se plantean como tales los riesgos de la contaminación transfronteriza; la pobreza como impedimento para alcanzar niveles adecuados de protección ambiental; la desigualdad tecnológica; el desuetudo de sus normas; la inexistencia de una organización internacional ambiental, and so on. Entre las tendencias que plantea la globalización se cuentan el fenómeno constitucionalizador de la protección ambiental y el rango de principio de Derecho internacional público que alcanza la protección ambiental. En este punto se analizan las diversas implicancias que dicho principio plantea, fundamentalmente para la calidad de vida, la solidaridad intergeneracional y el uso razonable de los recursos naturales. Otro aspecto importante es el que se relaciona con la capacidad de ciertos grupos socioeconómicos de desplegar mecanismos que les permiten disminuir en cierto grado su vulnerabilidad frente a las amenazas naturales.
Esto representa una oportunidad de desarrollar mejores instrumentos de planificación que equilibren lo urbanizado con el entorno. La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros.
Y es que el cambio climático es, sin duda, otro gatillador de desigualdades y un freno importante para el desarrollo sostenible de los países. De modo específico se caracteriza la situación actual e histórica existente en torno a los eventos catastróficos ocurridos, analiza los instrumentos de planificación territorial vigentes, identifica el rol de los actores e instrumentos que inciden en la planificación y gestión del riesgo, enfocado en el cómo es socialmente construido. Para finalmente, conjugar estos factores, tendiente a generar una propuesta metodológica que fomente una planificación resiliente para la comunidad de Copiapó frente a las catástrofes socio-naturales. Para dar cumplimiento a lo anterior, fue necesario establecer una delimitación teórico conceptual de los principales aspectos determinantes de la gestión del riesgo de desastres en la planificación urbana y en la reconstrucción submit desastre en el país. Gran parte de la literatura sobre justicia ambiental documenta si una comunidad que sufre un peligro ambiental no es blanca o tiene bajos ingresos, ignorando el contexto de la comunidad y las relaciones entre ellos.
De este modo, respecto nuestra situación nacional, esto siempre, considerando los fracasos de las metas del Acuerdo de París, además, que la Organización de Naciones Unidas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha señalado que Chile cumple con 7 de 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático señalado, es importante preguntarse lo siguiente. Actualmente, la ciudad de Melipilla pertenece a la provincia menos poblada de la Región Metropolitana y la que dispone de más recursos naturales y agrícolas. Paralelamente, proyectos de desarrollo territorial configuran a esta urbe como un enclave importante que podría significar un aumento en la demanda de suelo.
Las normas ambientales que regulan la calidad de aire de nuestro país deben someterse de manera periódica a una revisión y actualización en base a nuevos antecedentes científicos y técnicos que surgen desde la comunidad científica, además debido a la aparición y uso de nuevas tecnologías en los sistemas de monitoreo y abatimiento de emisiones. Esta información debe ser utilizada por el Estado a fin de revisar la normativa vigente conforme a los nuevos avances señalados, con el objetivo de ajustar los criterios a los que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bajo la premisa del Programa de Gobierno el cual plantea una orientación de Equidad Ambiental, en la cual se plantea que la desigualdad se expresa en el medio ambiente afectando la calidad de vida de la población más weak, existe la necesidad de cambiar la realidad de los sectores priorizados en el Programa de Recuperación Ambiental y Social. Por su parte, Ignacio Fernández finaliza diciendo que “este estudio demuestra que invertir en calidad ambiental urbana no sólo es beneficioso en términos de calidad de vida, sino que puede repercutir positivamente en otros aspectos, como el rendimiento académico.
La Región de Antofagasta a pesar de triplicar el PIB per cápita del país, presenta importantes desafíos en áreas rezagadas, en temáticas como inversión en investigación y desarrollo, el acceso a vivienda, servicios básicos en áreas rurales y medioambientales, como el tratamiento de desechos. Ante esta situación y desde hace un tiempo, es una prioridad a nivel mundial el tener distintos indicadores que hablen de desarrollo inclusivo en las economías, “las Naciones Unidas y en los países del mundo han desarrollado una matriz de ODS, donde los países y las economías van fijando prioridades territoriales y avances”, expresó el director del Instituto de Políticas Públicas UCN – Coquimbo, Cristian Morales. Estas desigualdades para el experto tienen un correlato con las desigualdades ambientales, ya que tal como lo manifestó “Hay muchas evidencias que dan cuenta que, a mayor desigualdad social, mayores son los problemas ecológicos y también existe una responsabilidad diferenciada entre más ricos y más pobres con relación a las causas de la disaster climática, por ejemplo. El 10% de la población más rica del planeta causa el 50% de las emisiones de gases a efecto invernadero globales, mientras el 50% más pobre es responsable de apenas el 10%”, sostuvo. El principal desafío en materia de transición hídrica justa es co-liderar un proceso de diseño institucional innovador en materia de gestión de recursos hídricos, plasmándolo en experiencias territoriales que requerirán una coordinación política y técnica altamente demandante.
Al omitir el marco del conflicto ambiental en relación con el derrame, enfoque que corresponde a la condición de desigualdad socioambiental de Quintero-Puchuncaví, el medio impreso lo deja fuera de la esfera pública native, constituyéndose así en un issue de desigualdad comunicacional. Deberíamos empujar, entonces, que la política social incluya en su focalización variables como los riesgos ante catástrofes climáticas, y el nivel de acceso a energía y agua. Junto con esto, profesionalizar la administración y propiedad de las comunidades de agua potable rural (APR); subsidiar el transporte público limpio (rebajar la tarifa un 50% podría financiarse aumentando el impuesto específico al diésel al doble y eliminando el reintegro); e implementar potentes planes de inversión pública con foco en proyectos «verdes». Todo esto, acompañado de políticas educativas y campañas de comunicación para impulsar un cambio cultural para que comprendamos que la naturaleza, su biodiversidad y los seres humanos, subsistimos gracias a nuestra relación de interdependencia.
“Hay muchas más cosas por investigar, desde los basurales, contaminación, animales vagos -que también son un problema ambiental- y otras que no necesariamente están vinculadas a las áreas verdes y que la gente no ve. Hay que hacer una purple e invitar a personas de países sin investigación y que más gente se sume a esto, ya sean estudiantes, profesores o gente de otros sectores, porque es un tema súper relevante y que necesitamos que se hable desde todas las áreas”, finalizó Fernández. Recientemente, Noruega ha presentado planes para enterrar CO2 en campos de gasoline y petróleo agotados bajo el Mar del Norte, y Nueva York ha anunciado una importante inversión en tecnologías de captura de carbono.
La iniciativa, que comenzó su tramitación legislativa antes de que ocurriera el estallido social, y por tanto, que fueran tan evidentes las desigualdades que existen en el país, ya había prendido la alerta en organizaciones ambientales. Este es capacitarlos y entrenarlos en estos nuevos enfoques que son cada vez más necesarios para situaciones complejas de contaminación como las que observamos en nuestra región y en el resto del país”, señala el académico UdeC, Ricardo Barra. En Chile la actividad Forense Ambiental se inició el año 2007 a consecuencia de un derrame de petróleo crudo en la Bahía de San Vicente en nuestra región. desigualdad de genero economico A pedido del director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) de la época, se convocó a académicos de la Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Bangor, en Gales. El equipo trabajó en la evaluación del impacto, remoción y biodegradación de petróleo crudo en la zona intermareal de la bahía. “Se logró remover el 90% del petróleo crudo en las áreas afectadas, recuperándose la biodiversidad intermareal de dicho cuerpo de agua”, rememora el Dr. Jorge-Enrique Muñoz, especialista en la materia y miembro del comité organizador de esta II Jornada.
Por el contrario, la localización inicial de los sectores más pobres en la parte baja de la cuenca hace que estén expuestos sobre todo a inundaciones, producidas por la acumulación de volúmenes de agua provenientes desde la parte alta de las cuencas, conducidas inicialmente por sus cauces naturales (quebradas), que luego penetran en el sector urbano generalmente en forma de calles y avenidas pavimentadas. Es interesante destacar que existe un alto porcentaje de la superficie ocupada por el nivel socioeconómico ABC1 expuesto a remociones en masa, como consecuencia principalmente de la ocupación de sectores escarpados sobre los cerros en torno a ambas lagunas. Es posible observar que los hogares de nivel socioeconómico más alto (ABC1) se ubican en un forty seven,7% en zonas exentas de amenazas (Figura N° 6). Sin embargo, un 20,3% y un 16% de la superficie ocupada por este GSE se encuentra bajo la amenaza de inundación mareal y deflación eólica, respectivamente, debido antes que todo a su reciente y desaprensiva localización costera (Figura N° 7). En basic, las descargas de aguas contaminadas ocurren en sectores deshabitados (Figura N° 4), aunque se pueden identificar claramente dos puntos localizados en lagunas muy cercanas a los sectores residenciales del estrato C2, predominantes en esa área.
Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones».
Podemos entregar con mayor confianza a las autoridades que fiscalizan, o a los mismos tribunales ambientales, evidencias más sólidas de quien es responsable frente a un cierto incidente o accidente ambiental. Con una aproximación forense se cuenta con una aproximación metodológica y sistemática”, señaló el director del Centro EULA Chile y académico de la Facultad de Cs. De esta forma, este trabajo, titulado “La desigualdad no es solo de ingresos”, desigualdad de ingresos ejemplos concluye que parte de las diferencias que se encuentran en el SIMCE tienen que ver con las condiciones medioambientales en que los niños vulnerables crecen y se educan. En tanto, el investigador del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas (CEM), Ignacio Fernández, agrega que “la fecha y hora en que se da la prueba modifica los niveles de contaminación atmosférica, lo que podría generar diferencias en el rendimiento de los niños”.