El autor se refirió a los seis nudos de reproducción de la desigualdad que se identifican en el libro y que son los que debieran atacarse para revertir la brecha socioeconómica. Entre ellos mencionó que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos; que el Estado está insuficientemente involucrado en tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos; y que nuestro sistema educativo altamente segmentado no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades. El trabajo del PNUD destaca que un punto de partida en esta desigualdad, en cierta forma fue la asignación de tierras realizada en la colonia a españoles y sus descendientes blancos, el inicio de la clase alta chilena. «Estructura social que se perpetuó a través de la hacienda, la cual dividió a la sociedad en patrones, empleados, inquilinos y peones con diferencias de recursos y poder muy significativas. Desde entonces la brecha de ingresos ha oscilado en distintos momentos, pero a la larga se ha mantenido bastante estable desde mediados del siglo XIX», dijo el documento. De lo anterior se desprende también la menor participación de mujeres en cargos de decisión o directivos, aun cuando alcanzan de forma equivalente el grado de cualificaciones necesarias para su participación y se las despoja de facto de esta posibilidad. En definitiva, se identifica al ámbito de la educación como un eje clave para la superación de las brechas estructurales que afectan a la desigualdad de género, aunque no baste por sí misma, dado que el cambio cultural y regulatorio respecto del resguardo de las garantías constitucionales que otorgan fortaleza a categoría de ciudadanía es absolutamente fundamental.
Es necesario aclarar que el género no es sinónimo de mujer, ni sinónimo de discriminación o de reivindicación de grupos de mujeres. Por género, se entiende una categoría social que transciende las diferencias biológicas entre los sexos y se concentra en las diferencias y desigualdades de roles entre hombres y mujeres por razones del contexto socioeconómico, las condiciones históricas y políticas, y los patrones culturales y religiosos de las diversas sociedades en las cuales estas personas interactúan. Por su parte, en materia laboral se outline en el artículo 2°, inciso desigualdad de la globalización 4°, del Código del Trabajo nacional. De esta forma, de manera concreta, se constituye como un marco de análisis para identificar y determinar por qué en el caso de las mujeres y personas LGBTI existe una mayor desigualdad social en relación con hombres y quienes no desafían el binario sexual. En cuanto enfoque de análisis, permite reconocer estereotipos fuertemente arraigados en las estructuras sociales que favorecen esa desigualdad, abriendo un esquema posible para abordar soluciones, ya sea normativas, de políticas públicas o de prácticas, por organismos públicos y privados.
En el contexto de este Protocolo se concibe como el conjunto de normas jurídicas a través de la cual se estructura y se regula el funcionamiento de los diferentes órganos e instituciones judiciales, encargados de intervenir en la resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento en materias tales como familia, laboral, penal, tributarias, civiles, entre otras. A su vez, estos factores inciden en las relaciones al interior del Poder Judicial, proyectando sus consecuencias, no sólo en la atención a personas usuarias sino también en las relaciones que se dan al interior de la institución. Una de las características en Chile es que “gran cantidad de trabajadores gana un salario bajo”, entendido como aquel insuficiente para superar la línea de la pobreza. Según señalan las cifras de la OCDE, el 37% del gasto en salud en Chile es gasto de bolsillo, siendo la media de los países de la OCDE inferior al 20%. Se indica que después de México, Chile tiene el gasto de bolsillo más alto de todos los países de la OCDE.
Se trata de no desaprovechar su talento y la complementariedad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, lo que tiene efectos positivos sobre la productividad y el crecimiento económico. Para el constitucionalismo social, los derechos habilitan al Estado para perseguir ciertos fines socialmente relevantes, es decir, no solo lo limitan. En este modelo, la provisión de los derechos sociales queda fuera del mercado, configurando un sistema de prestaciones sociales de carácter universal. Resulta importante destacar que esto no implica negar a los particulares la posibilidad de seguir participando en ámbitos como la educación o la salud. Solo supone que, si están interesados en desarrollar estas actividades, deberán someterse a ciertas reglas que permitan asegurar que los usuarios no sean menoscabados en sus derechos de acceso, calidad o disponibilidad (régimen de lo público). Aunque se argumente que los datos utilizados para la proyección son entregados voluntariamente, es cuestionable la concept de que las niñas y adolescentes afectadas por estas medidas –o sus responsables– puedan prestar un consentimiento activo y realmente consciente sobre las implicaciones de entregar información específica sobre sus hábitos sexuales y potencial embarazo.
Economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, Larrañaga se ha especializado en política social, desigualdad, pobreza y mercado del trabajo. El libro, que se centra en la desigualdad socioeconómica, quería aportar para pasar de una “discusión a nivel de slogan” a una de contenido analítico y basada en la evidencia empírica. La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a servicios que están padeciendo recortes y restricciones.
En lo que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación. La contraparte de esta realidad se aprecia, particularmente, en el caso de Chile en las organizaciones comunitarias y sociales ligadas a las labores del cuidado (Michel y Mahon, 2002) y la protección doméstica, evidencia empírica que nos remite nuevamente a la economía del cuidado, estructura que se replica inclusive en la participación femenina en las fuerzas armadas. Asimismo, cabe señalar que estos factores de violencia estructural tienen también un reflejo en los indicadores de violencia directa ejercida contra mujeres, donde el impacto de las políticas públicas ha sido a todas luces insuficiente en ambos países. El enfoque metodológico examina los principales indicadores de igualdad de género entre los años 1992 y 2010, así como su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social del género en cada país. De esta forma, se espera que esta investigación genere un aporte cualitativo en el estudio de la desigualdad de género en países de renta media con problemáticas disímiles y algunos rasgos convergentes debido a sus procesos sociopolíticos e históricos particulares.
Como su nombre lo indica, estos buscan prevenir, pero sobre todo dar atención a mujeres víctimas de violencia, pero sin establecer diferencias entre aquellos casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, lo cual impide contar con cifras claras y realizar estudios que apoyen la tarea de prevención y educación. A partir de la comprensión del concepto de género es factible identificar cuál es el papel que ocupan las mujeres en la sociedad. La perspectiva de género se constituye así en uno de los principales aportes de la teoría feminista, posibilitando el análisis de las relaciones de poder desde una perspectiva crítica del orden cultural predominante, enfatizando que el enfoque heteronormativo constituye un mecanismo de discriminación y reproducción cultural, siguiendo las categorías definidas por Bordieu (2011). La igualdad como no discriminación por factores asociados a la pertenencia a ciertos grupos se traduce en la consagración de «categorías sospechosas» tales como la raza y el sexo, las que no deben utilizarse como factor de diferenciación salvo que se ofrezcan muy buenas razones para ello.
Finalmente, es importante también desarrollar instrumentos que permitan el acceso equitativo a los recursos productivos, a la generación y transferencia de tecnología, al financiamiento, a la transformación y comercialización de productos, a la capacitación, a la reconversión productiva, a la gestión empresarial, entre otros. Se debe proveer a los profesionales y técnicos de conocimientos y pautas sobre cómo superar la inequidad y cómo brindar oportunidades especiales, tanto a hombres como a mujeres, para acceder a los recursos y servicios del desarrollo. Es así como ODEPA, en su rol asesor de las autoridades públicas, a través del presente artículo pretende entregar información y algunos elementos que deben ser considerados al momento de integrar el enfoque de género en las políticas públicas, programas, proyectos y/o estudios. Por el contrario, la discriminación laboral conduce a tensiones sociales que son potencialmente perjudiciales para el entorno empresarial dentro de la empresa y en la sociedad. En primera instancia, negando el acceso a los talentos de un grupo más amplio de trabajadores, y por lo tanto a las habilidades y competencias que podrían servir a la entidad. Estas malas prácticas a su vez generarán resentimiento en las personas y equipos de la empresa, traduciéndose en un menor rendimiento de las mismas.
Sí, porque este 2022 el reconocimiento lo obtuvo la neuróloga infantil Marta Colombo, quien tiene una vasta carrera en docencia, investigación y asistencia en hospitales públicos. Marta Colombo es médica cirujana titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la especialidad la obtuvo en la Universidad de Chile. Posee casi 55 años de trayectoria en la salud pública y cuenta con más de un centenar de trabajos científicos publicados en revistas chilenas e internacionales. Según expresaron los siete integrantes del jurado del Premio Nacional de Medicina, la médica resultó merecedora del galardón, entre otros aspectos, «por la diversidad de sus aportes en la salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, así como también por su calidad humana, con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y alumnos». Su trayectoria
No obstante, desde hace un par de años se han dejado ver, y sobre todo escuchar, nuevos movimientos que han reivindicado el rol de la mujer desde otra perspectiva. El 14 de enero de 1949 se promulgó en Chile la ley que permite a las mujeres participar en las diversas elecciones políticas. Fue un importante paso en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la búsqueda de la igualdad de género en el país. Tal como ha consignado ONU Mujeres, desde el estallido de la crisis sanitaria por el COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en países de todo el mundo, puesto que las mujeres y las niñas que sufren violencia en el hogar estuvieron más aisladas en periodo de cuarentena, sin poder acudir a las personas y recursos que pudieran ayudarlas. El encierro, la imposibilidad de salir a trabajar o a estudiar hicieron que la convivencia acquainted desigualdad economica en america latina se tornara aún más agresiva en los círculos donde la violencia ya estaba instalada.
Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar total que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, a hundred mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes. El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación. En Chile, estos mismos impuestos representaron el 54,6%, por lejos la proporción mayor entre los más de 30 países que componen el grupo (en segundo lugar aparece Turquía con 43,6%). Esto es importante para nuestro país, porque muchos analistas han argumentado, equivocadamente, que la desigualdad ha disminuido significativamente en los últimos 30 años.
Asignar la responsabilidad de los problemas de igualdad de empleo a un alto nivel, publicando políticas y procedimientos claros en toda la compañía para orientar la igualdad de prácticas laborales. Instituir políticas y procedimientos de la compañía que hagan que las calificaciones, habilidades y experiencia sean la base para la contratación, colocación, capacitación y avance del private en todos los niveles. Quien contestó al comisionado Lovera fue el consejero de la bancada republicana Luis Silva, quien sostuvo que “con estas enmiendas no estamos desconociendo el común sentir de mejorar la calidad de vida de todos los chilenos.
Si en los hospitales públicos de Santiago trabaja el 40% de los especialistas, en los de la Región de Tarapacá sólo lo hace el 1.5%, en Aysén el 1.4% y en Magallanes, el 1.6%. A esta concentración se agrega que, según el Ministerio de Salud, para una atención adecuada faltan three.795 médicos especialistas. La igualdad es un concepto complejo, superlativamente equívoco, y carente de contenido propio más allá de lo meramente relacional (comparación de dos entidades diferentes de acuerdo a un estándar común), por lo cual requiere de «metaprincipios» que le otorguen un contenido sustancial, tales como la dignidad o la justicia. En todo caso, las cláusulas específicas de igualdad, y en especial las que establecen categorías sospechosas, tienden a asociarse a un escrutinio judicial más estricto que el aplicable a cláusulas generales de igualdad44. En otras palabras, debido a que la Constitución demuestra una preocupación especial frente al empleo de estas «categorías sospechosas» para hacer distinciones, aquel debe ser particularmente bien justificado. La segunda dificultad es propia de aquellas cláusulas especiales que establecen categorías sospechosas, y consiste en determinar si las características o rasgos enumerados constituyen una lista abierta o cerrada.