Además, la legislación debe dar aplicación a los principios de derechos humanos de participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento y estado de derecho. Esto significa que, si bien ya mucho antes de la pandemia de COVID-19 el mundo no estaba en camino de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 “Hambre Cero” de la agenda 2030, la pandemia ha complicado considerablemente alcanzar dicho objetivo. Los datos de ese informe indican que el mundo no está avanzando ni hacia la meta 2.1 de los ODS, de garantizar el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para todas las personas durante todo el año, ni hacia la meta 2.2, de erradicar todas las formas de malnutrición. Según el más reciente informe sobre “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (en adelante “SOFI 2021”), en 2020 padecieron hambre en todo el mundo entre 720 y 811 millones de personas. Si se toma el punto medio del rango estimado (768 millones), en 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas más que en 2019.
Entonces, junto con determinar cuáles derechos se reconocerán explícitamente en el nuevo texto constitucional, será clave lo que se disponga sobre la acción que las personas puedan interponer a su respecto. Distintos análisis indican que las cifras de los informes de la FAO podrían estar subestimadas, y por lo tanto el problema podría ser mayor. La autora Frances Moore Lappé, de origen estadounidense, analizó los periodos con mayores hambrunas en la India durante del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX apuntó a que los años de mejores cosechas coincidían con los periodos de mayor hambre. Esto porque precisamente las cosechas eran aprovechadas por los ingleses para su comercio marítimo. Realizar una presentación apoyado de recursos, como audios de voz, vídeos, fotografías, con los datos obtenidos de la actividad 1. Es momento de aprovechar el impulso sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles e Inclusivos, para seguir generando información que permita abonar a estos diálogos e ir avanzando hacia propuestas en los territorios y en materia de políticas.
Y leyes para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, ya que en un contexto donde millones de personas carecen de alimentos, es inaceptable que se pierdan y desperdicien millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo humano. En el ámbito mundial, las estimaciones apuntan a que casi 2.300 millones de niños y adultos tienen sobrepeso y más de one hundred fifty millones de niños tienen retraso del crecimiento. Ahora bien, en los países de ingresos bajos y medianos, esos problemas emergentes se solapan en una misma persona, en las familias, las comunidades y los países.
Una cuarta parte de la humanidad carece de un acceso seguro a alimentos, mientras que una de cada diez personas está afectada por la severa inseguridad alimentaria y 811 millones de personas padecen hambre. Otra cuarta parte de la población mundial sufre diversas formas de malnutrición, entre ellas obesidad, con inmensos efectos negativos en la salud. El problema se relaciona con la distribución desigual de los alimentos, que a su vez se imbrica con la pobreza y la exclusión social. Hasta ahora los sistemas alimentarios industriales más bien han agravado esta desigualdad en lugar de resolverla. Pequeñas y pequeños agricultores y quienes son empleados en el ramo de la agricultura constituyen hoy más de la mitad de quienes sufren hambre en el mundo.
En un principio se produjo maíz híbrido y trigo (modificado genéticamente) con mayor productividad por hectárea. En la actualidad, la producción de alimentos queda a merced de las grandes transnacionales productoras y controladoras de alimentos. En particular, destaca la empresa Mosanto fundada en 1901 en Missouri Estados Unidos, que ha evolucionado desde el descubrimiento de la sacarina hasta descifrar el código genético del arroz. En México la desnutrición, junto con otras deficiencias nutricionales, ocupa el octavo lugar de las muertes desigualdad de género en américa latina pdf totales en menores de un año [10], colocándose por debajo de la mortalidad endógena (malformaciones congénitas, afecciones originadas durante el periodo perinatal, infecciones gastrointestinales, septicemia). Es así que la desnutrición es la segunda causa exógena de muerte en menores de un año, seguida de los accidentes, lo cual la convierte en una amenaza prevenible. Mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor para NO dejar a nadie atrás, es la preocupación mundial para este nuevo Dia de la Alimentación en este año 2022.
«La dieta mediterránea es lo mejor, la occidental no es buena. Es un tema de educación que debe empezar muy pronto en la vida, de los three a los 10 años es la edad perfect para educar a alguien en temas de salud, porque lo que a esta edad lo recibes sale más tarde cuando eres adulto», ha aseverado el doctor Fuster. Si se acepta que el mercado es perfecto -«un orden» natural, espontáneo, no-intencional-, debe también aceptarse que no necesita intervención voluntaria. En ésta, las funciones del Estado se restringen a velar por el orden interno, vigilar las fronteras y ocuparse de aquellas empresas necesarias para la acumulación, pero no atractivas para los empresarios privados. Bajo tales términos, el único Estado legítimo es aquel que no «interviene» en la vida económica (mercado) o bien que actúa precisamente para eliminar todos los obstáculos a la libertad del mercado (políticas de liberalización y apertura)10. Pese a los contratiempos, la alimentación saludable es una conversación de todos los días en el campamento Las Algas. La directiva repite constantemente que los almuerzos comunitarios son sanos y que con tal de que las y los niños no dejen nada en el plato se las ingenian para tratar de ofrecer una colación a modo de postre.
Dentro de las acciones individuales diarias de alto impacto en reducción de huella de carbono se encuentran las preferencias alimentarias. Y es que en cada plato de comida hay un voto para ciertos sistemas que nos permiten comer ese alimento de la forma y en el momento que decidimos comerlo. “Comer desigualdad de economia es un acto político y ecológico”, nos lo dicen diversos autores como David Orr, Miguel Altieri, Michael Pollan y Vandana Shiva. A miles de familias productoras e indígenas; perdemos seguridad como país al exponernos a la pérdida productiva nacional quedando a expensas del mercado internacional.
El informe Panorama 2023 indica que, pese a que se detuvo la tendencia al alza en el último periodo, los niveles de hambre en la región continúan por sobre las cifras de 2019 previo a la pandemia por COVID-19. En México sucede lo mismo que en otros continentes y países, el maíz transgénico que Monsanto planea plantar en millones de hectáreas del país, es el mismo tipo que provocó cáncer y otros daños a la salud (hígado y riñones, infertilidad, muerte prematura) en ratas de laboratorio según el estudio científico de Gilles [31]. Ese estudio ha sido objeto de muchos reconocimientos científicos y también cuestionamientos, pero en definitiva tiene resultados alarmantes para considerar ante cualquier decisión técnica y política. En el año 2012 el Dr. Gilles, investigador de la Universidad de Caen (Francia), afirmó que las ratas alimentadas con la variedad de semillas de maíz modificadas genéticamente conteniendo NK603, murieron antes que las alimentadas con una dieta normal además de presentar tumores cancerígenos [27]. En ese momento la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA, por sus siglas en inglés European Food Safety Authority), pidió al científico francés, profesor de biología molecular, brindar más información para evaluar el estudio. Este fue rechazado por científicos estadunidenses y refrendado por científicos de Europa, a pesar de que universitarios franceses bajo el liderazgo de Seralini, analizaron durante dos años los efectos en 200 ratas del maíz transgénico NK603 y del herbicida Roundup, el más utilizado en el mundo, dos productos de Monsanto.
En Mesoamérica, la prevalencia del hambre apenas ha variado, afectando a 9.1 millones de personas en 2022, lo que representa el 5.1%. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos mejoraría los sistemas agroalimentarios, ayudaría a lograr la seguridad alimentaria y a garantizar la calidad de los alimentos, lo que se reflejaría en la nutrición. La ONU pretendía erradicar el hambre en 2030, pero este objetivo se aleja definitivamente, según los informes de la organización, agregando que «cuatro de cada diez» latinoamericanos ya están en inseguridad alimentaria. En nuestro país y muchos otros países de la región, hace apenas unas décadas atrás el tema period combatir la desnutrición. Hoy el problema es el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas derivadas de una dieta poco saludable, como hipertensión, diabetes, enfermedades al corazón y diversos tipos de cáncer.
Con la pandemia, tanto el acceso físico (confinamientos, cierre de mercados, aforos) como económico (desempleo principalmente), provocó un quiebre en la seguridad alimentaria de muchos hogares en latinoamérica. Desde hace tiempo se advertía que alcanzar el objetivo de hambre cero hacia el 2030, planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no sería posible ya que esta ha ido en aumento. Con el COVID-19 la situación de por sí complicada, dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios poniendo en riesgo los medios de vida y subsistencia de millones de personas en el mundo, especialmente a las más vulnerables . Es una amarga ironía constatar que mientras algunos países en desarrollo siguen esforzándose por reducir el hambre, otros afrontan la obesidad; o que un número creciente de países atrasados se esté uniendo a las filas de los países que afrontan el problema de la obesidad. Un estudio realizado en 1999 por las Naciones Unidas descubrió que el problema de la obesidad está presente en todas las regiones en desarrollo, aumentando aceleradamente, incluso en países donde hay hambre. En China, el número de personas sobrealimentadas pasó de menos del 10% al 15% en apenas tres años.
Por todo lo anterior, la FAO recomienda que el reconocimiento del derecho a la alimentación sea explícito, al más alto nivel normativo (constitucional), y que se establezca una acción o mecanismo procesal para hacerlo efectivo (amparo o protección). El nuevo e inédito proceso constitucional chileno presenta una oportunidad muy valiosa y significativa para hacerlo. Los derechos, para que no resulten en meras declaraciones, deben ser exigibles a nivel jurídico, no sólo social o político. En materia constitucional la justiciabilidad se expresa en la posibilidad de interponer una acción de tutela o amparo o, como se denomina en el artículo 20 de la Constitución actual de Chile, un “recurso de protección”. Este procede ante “actos u omisiones arbitrarios o ilegales que resulten en una privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías establecidas en la Constitución” (en particular, los establecidos en el actual artículo 19). Estos elementos del derecho comparado pueden ser de interés para el proceso constitucional chileno, sin perjuicio de que cada proceso es único y debe ajustarse a las realidades y necesidades propias de cada país.
Ante una actual y creciente desigualdad socioeconómica, estos problemas golpean siempre con más fuerza a los más vulnerables, exacerbando los problemas de inseguridad alimentaria. A pesar de que se ha ido avanzado en la construcción de un mundo mejor, demasiadas personas se han quedado atrás. Personas que no pueden beneficiarse del desarrollo humano, la innovación o el crecimiento económico. Millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una alimentación sana, por lo que quedan en alto riesgo de inseguridad alimentaria y malnutrición. La inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas se ven agravadas por niveles de desigualdad altos y persistentes en cuanto a ingresos, activos productivos y servicios básicos (por ejemplo, salud y educación), así como en cuanto al acceso a la información y la tecnología (por ejemplo, la brecha digital) y, en un sentido más common, a la riqueza. En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –el órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación del PIDESC por sus Estados Partes, incluyendo a Chile– emitió la Observación General Nº 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada.
La persistencia del hambre en el mundo supone graves responsabilidades éticas en cuanto a la capacidad de los actuales gobiernos e instituciones multilaterales para ordenar y orientar el desarrollo de los países en forma consecuente con los planteamientos básicos de la seguridad alimentaria. Por cierto, no hay un solo camino para ello, tal como lo demuestra la historia de América Latina y el Caribe en las últimas décadas. En efecto, en la Región se han experimentado enfoques que van desde aquellos que planteaban como objetivo la «autosuficiencia alimentaria» (producción interna) en las décadas de los sesenta y setenta hasta los que proponen la «seguridad en la oferta alimentaria» (producción interna + importaciones) como objetivo elementary. En tanto, 811 millones de personas padecen hambre y 132 millones enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional hoy debido a la pandemia de COVID-19. —La soberanía alimentaria es un paradigma de producción y consumo de alimentos que no está centrado en la dependencia del capital.