Una variada bibliografía sobre el tema del Estado liberal, la Iglesia y el higienismo se entretejen en el primer capítulo, que trata el paulatino proceso de secularización y la posición encontrada de la Iglesia con los gobiernos centrales y locales como parte de la Reforma ilustrada de la caridad. Al reflexionar sobre los sucesos económicos y políticos de una sociedad que se percibía desbordada ante el crecimiento demográfico y el desarrollo de la urbanización, surgió la imperiosa necesidad de analizar, de manera más rigurosa, la indigencia de la población para idear tratamientos eficaces que, además de contener, previnieran la pauperización de los habitantes de la ciudad de Santiago entre 1830 y 1890. Parece que la pobreza se presentó, así, como un problema inherente a la secularización del Estado y junto con la preocupación por este «mal endémico», proliferaron las prácticas de socorro y se fue perfilando un tipo de pobreza que se concibió como «desvalida». De este complejo tema se ocupa Macarena Ponce de León Atria en este libro que ubica al lector en las múltiples dimensiones de la pobreza urbana y va desentrañando, página a página, la historicidad del concepto de pobreza, que fue central en los afanes modernizadores del Estado liberal.
Entre 1760 y 1800 se crearon en España más de 50 hospicios o casas de reclusión para encerrar a los niños salidos de las Casas de Expósitos y a los mendigos capaces de trabajar[121]. Según nos informa Trinidad Fernández, en el Diccionario de Canga de Argüelles se recoge ya la existencia de one hundred and one hospicios en el año 1797, lo que nos demuestra el éxito del programa ilustrado en cuanto a la creación de este tipo de establecimientos[122]. De las múltiples formas de auxilio al indigente que se exploran en este libro, entre 1850 y 1880 una verdadera reforma que cambió la práctica de la caridad se gestó fuera de los muros que contenían a los pobres. La visita a domicilio dejó de mirar a los pobres como una tribu ajena de la sociedad y posibilitó un conocimiento «sociológico de la familia well-liked». Congregaciones de misioneros, asociaciones de beneficencia y, notablemente, las redes que tendieron las Sociedades de San Vicente de Paul adquirieron una relevancia pública en la atención de los grupos vulnerables.
La thought es que los detenidos pasaran el menor tiempo posible en las Cajas, y pronto se pusieran al servicio del rey en los destinos o regimientos más cercanos, para abaratar al máximo los costes. Pero, aún así, las obras de Giginta y Pérez de Herrera nos han quedado como un fidedigno referente de que, al igual que en el resto de Europa, en España también estaba cambiando la visión de la pobreza. Para el pobre verdadero se seguía predicando la caridad, aunque de forma limitada y controlada por la comunidad.
Los factores que la impulsaron entonces, convirtiéndola en un rasgo estructural de la administración borbónica, fueron de distinta índole. De un lado, hay que tener en cuenta la influencia francesa que los nuevos monarcas trajeron consigo, así como su necesidad coyuntural de mantener el orden público en una sociedad que había quedado muy debilitada y dividida por la Guerra de Sucesión. Para ello no sólo debían mantener un férreo management sobre los sectores de población que podían desatar las iras del pueblo, garantizando la seguridad de los ciudadanos, sino que también tenían que poner fin a los largos años de disaster económica que heredaban del siglo XVII, reactivando la economía. A pesar de ello, la tendencia que se impuso finalmente fue la que abogaba por la gestión pública de la pobreza, comenzándose a dictar ya algunas normas de policía de vagos durante los siglos XVI y XVII, entre las que se incluían medidas de management, restrictivas o limitativas, e incluso sancionadoras, según el caso.
Eso hace que en la gran mayoría de los casos el dinero no les alcance para arriendo, pago de servicios básicos, compra de fuel y mercadería, y ahí es donde intervenimos gracias a las donaciones que nos llegan. Con todo, la insuficiencia de las instituciones se evidenció con las epidemias de viruela y tifoidea, la lepra, la sífilis y otras enfermedades contagiosas y, por supuesto, con el contingente de heridos de las guerras (Perú-Bolivia). La modernización hospitalaria encontró sus límites en la falta de recursos y en el desvío de dinero para la confrontación bélica, pero en la insistente búsqueda de mejoras prácticas, el concepto de «prevención» se tradujo en «estrictas» medidas de higiene y una política de vacunación activa que caracterizó la década de los años ochenta. Las Diputaciones de Caridad se apoyaban, en consecuencia, en la anterior división administrativa efectuada en las grandes ciudades que se estructuraron en cuarteles y barrios diez años antes, a la que venía a completar.
Franco Silva, A., Estudios sobre ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI) (Cádiz, 1999). Ello no hubiera sido posible sin el aumento de la eficacia administrativa del Estado que también se produjo, como factor precipitante del cambio, durante el siglo XVIII. La reorganización y reforzamiento de la estructura administrativa del Estado fue, sin duda, una prioridad de los Borbones, que no sólo centralizaron la administración para intervenir de forma más directa en su funcionamiento, sino que también la dotaron de mayores recursos materiales y personales al objeto de controlar a la población y prevenir cualquier fuente de excesos o transgresiones, reforzando sobre todo el aparato policial[17]. En principio, Domingo de Soto se había pronunciado a favor de las disposiciones de 1540. Pero al comprobar la interpretación que se hacía de las mismas, se decidió a replicar a Juan de Medina exponiendo cuál era, a su parecer, el verdadero sentido de las normas.
Para estudiar la práctica asistencial, Ponce de León revisa diversos repositorios y analiza la vasta información de los documentos de las instituciones a cargo de la Junta Directora de los Establecimientos de Santiago y de las actividades de la Sociedad de San Vicente de Paul. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto materials de todos los sectores. A pesar de ello, la influencia de la Ordenanza de vagos de 1745 fue decisiva tanto en la metrópoli como en las colonias[55], y podría afirmarse que con ella se inauguró la nueva campaña contra los vagos y ociosos que se extendería con un vigor inusitado durante todo el siglo XVIII. No consiguió la centralización administrativa del problema, pero persistieron muchas otras de sus disposiciones, como, por ejemplo, la que ordenaba una renovada y audaz persecución de los holgazanes para el servicio en el ejército, y las que, por primera vez en la legislación española, concretaban qué personas debían ser considerados como tales.
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