Resulta basic asegurar el acceso a productos frescos y saludables, con precios planificados para el acceso de la población. Esto no solo apoya a los campesinos chilenos, sino que también scale back la huella de carbono asociada al transporte de alimentos, promueve una economía y alimentación más justa y equitativa, y nos prepara para escenarios catastróficos, no tan lejanos, generados por pandemias, guerras o la crisis climática. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) evidenció que el bienestar urbano de aproximadamente 1,6 millones de personas, correspondiente al 23% de la población del Gran Santiago, se vio significativamente mermado tras los eventos del estallido social de 2019 y la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, la ayuda a los ingresos podría ampliarse mediante un plan de seguridad social no contributivo o con los programas de ayudas de efectivo vigentes. Como trabajadores de la economía informal, muchas de estas personas afrontan el mismo dilema de “trabajar o perder sus ingresos”. Para pagar los alimentos y otros gastos básicos, siguen trabajando hasta que las medidas para limitar el contagio del virus los obligan a dejar de hacerlo. Incluso si en última instancia se recuperan, la ausencia de prestaciones de sustitución de los ingresos los expone a una situación de mayor pobreza.
En Brasil, por ejemplo, las mujeres de clase baja que no usan ningún método anticonceptivo han llegado a duplicar a las de poder adquisitivo alto23. Teniendo en cuenta que además la principal vía de acceso a los anticonceptivos en la región continúa siendo el mercado, la regresividad se refuerza. Si nos detenemos en los embarazos adolescentes, América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en el mundo, solo superado por África subsahariana. Mientras que a escala global el embarazo adolescente representa 11% del whole de los nacimientos, en América Latina y el Caribe esa cifra asciende a 19%24.
El informe hace hincapié en que el desarrollo que no tenga en cuenta los riesgos que existen no será sostenible, y presenta la respuesta a la disaster provocada por la pandemia como una oportunidad para restablecer y «preparar los sistemas mundiales para el futuro». La inversión sostenible e inteligente, por ejemplo, en infraestructura, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a las crisis futuras. Crearía crecimiento; permitiría una vida mejor para millones de personas; y combatiría desigualdad durante la pandemia el cambio climático. Zhenmin indicó que “se debe ayudar a los países no solo a mantenerse a flote financieramente, sino también a invertir en su propio desarrollo. Para reconstruir mejor, tanto el sector público como el privado deben invertir en capital humano, protección social e infraestructura y tecnología sostenibles”. El experto en digitalización cree que las instituciones públicas deben colaborar con las las grandes empresas de telecomunicaciones para facilitar el acceso a Internet a cualquier parte del país.
Si bien hace unos años se desarrollaron políticas de inclusión digital en el marco de las cuales se repartieron computadoras, la herramienta digital más distribuida es el celular, como se indicó, esta distribución se hizo con la lógica del mercado, por lo cual refleja profundas desigualdades (Cabello, 2018). Actualmente, se está reanudando la política de distribución de netbooks en las escuelas secundarias, que había tenido lugar entre 2010 y 2018, pero recién en 2022 comenzaron a ser repartidas. Por lo tanto, durante la pandemia no se pudo resolver a nivel macro el problema de la falta de dispositivos. Los recursos necesarios para sostener el derecho a la educación suelen estar determinados por el lugar ocupado en la estructura social. El alumnado en riesgo educativo habita hogares con alta vulnerabilidad social, sin acceso a dispositivos ni conexión, sin acompañamiento adecuado de las familias, por las propias situaciones económicas y socioculturales que las atraviesan.
En dicho contexto, el personal docente debió adaptarse a las trayectorias educativas transitadas durante la no presencialidad, las cuales variaron según las posibilidades tecnológicas de sus estudiantes (EXPÓSITO y MARSOLLIER, 2021). Por su parte, las escuelas debieron adaptarse a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Educación, con el fin de lograr un regreso seguro a las aulas, disminuyendo lo máximo posible el riesgo de contagio. Comparativamente, las mujeres insertas en el empleo formal, aun estando bajo los «techos de cristal», pudieron acceder a un número de medidas de empleo y seguridad social con mayores beneficios y que atienden en cierta medida a la sobrecarga de cuidado acquainted. En muchos casos, pudieron continuar trabajando bajo la modalidad del teletrabajo o acceder a licencias (a menudo pagas) por embarazo, enfermedad, parentales o para el cuidado de parientes cercanos que lo requieran.
En esta prevención, atender tanto los aspectos de la vulnerabilidad estructural previa, como las vulnerabilidades emergentes de cada desastre, resulta central para disminuir los riesgos. Esta mirada estratégica está directamente vinculada con los procesos de desarrollo que son competencia de las instituciones del Estado, incluyendo en ello la consulta a aquellos que están en riesgo y el grado de participación permitido en los procesos decisorios democráticos de cada país. La pandemia del COVID-19 ha dejado más claro que nunca que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres está subvencionando tanto los servicios públicos como los beneficios privados. Todos saldremos ganando si existen mecanismos laborales que reconozcan las responsabilidades relacionadas con el cuidado de las personas y modelos económicos inclusivos que valoren el trabajo en el hogar.
Para revertir los fenómenos que han generado una disminución en el bienestar en las ciudades se deben abordar en conjunto múltiples aspectos y un trabajo colaborativo entre el sector público, el privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, explicó. De acuerdo con White (2020), existe un fuerte vínculo entre la pobreza y los altos niveles de mortalidad, especialmente en etnias no blancas de Inglaterra, que representan 62% de todos los pacientes varones en cuidados intensivos que viven en los dos quintiles más bajos de privación (en comparación con forty four.7% de la etnia blanca). América Latina está luchando por contener las crecientes infecciones por COVID-19 mientras enfrenta una recesión casi cierta y los impactos relacionados, pero las políticas que priorizan a las personas pobres y vulnerables pueden ayudar a mitigar la pobreza y la desigualdad ya extremas de la región, asegura otro estudio del PNUD. Por ejemplo, en África Subsahariana, el fifty five % de la población (558 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza multidimensional. De estas, el 98 % (547 millones) no tienen acceso a combustible de cocina limpio, el 84 % (470 millones) carece de electricidad, y el sixty six % (366 millones) no tiene acceso a agua potable.
Una epidemia es más que un número regular de casos de enfermedad, el comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región. En una entrevista exclusiva con Noticias ONU en septiembre, Guterres protestó contundentemente contra la falta desigualdad economica en estados unidos de solidaridad que han mostrado los países más ricos en la búsqueda de una vacuna. Mucho antes de que la vacuna estuviera lista, el líder de la ONU, António Guterres, insistió en junio en que las vacunas COVID-19 deben estar disponibles para todos, no solo para los habitantes de los países más ricos.
La vulnerabilidad y desigualdad de las mujeres se incrementa tanto por las características propias de las pandemias como por algunas de las drásticas medidas que conlleva su control. En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONU-Mujeres y otras instituciones de salud global como Women in Global Health han publicado guías e informes para orientar la adopción de medidas sociosanitarias y económicas con una perspectiva feminista. Es elementary que las medidas de desconfinamiento, transición a la nueva normalidad y prevención de futuras disaster tengan en cuenta la brecha de género, intenten reducirla y paliar su impacto. El Gobierno estadounidense ha invertido mil millones de dólares de sus contribuyentes en la farmacéutica Moderna para apoyar el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. A pesar de que la empresa únicamente tiene capacidad para producir vacunas para menos del 7 % de la población mundial de cara a finales de 2021, se niega a compartir tecnología e información que podrían permitir que otros fabricantes produjeran la vacuna.
La agencia de la ONU encargada de velar por la salud mundial denuncia que muchos países ahora están vacunando a personas más jóvenes y sanas con bajo riesgo frente a la enfermedad a costa de la vida de los trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos de riesgo en otros países. A corto plaza esto puede dar una sensación de seguridad, a largo puede ser contraproducente tanto económica como epidemiológicamente. Segundo, se recomienda invertir en Atención Primaria, la gran abandonada, a juzgar por las reivindicaciones continuas de este colectivo sanitario, que se ha exacerbado en esta crisis de la Covid 19, A medida que los países vayan superando la disaster de la COVID-19, será elementary evitar todo recorte en el gasto público de salud y de otros servicios sociales. Los gobiernos deberían cumplir el objetivo recomendado por la OMS de destinar un 1% adicional del PIB a la Atención Primaria. Se estima que esta inversión salvaría en los países con menor desarrollo al menos 60 millones de vida y la esperanza de vida media en estos países subiría en 3,7 años en 2030. A falta de datos desagregados, las primeras estimaciones apuntan a casi 435 millones de mujeres pobres en 2021 (un 11% más que si no hubiera habido pandemia), más carga de trabajo en los hogares y el riesgo de perder presencia al mando de instituciones y empresas.
Gracias en gran medida al trabajo comunitario de mujeres pobres, periféricas y/o afrodescendientes, se organizan comedores populares y servicios de cuidado comunitarios, se asiste a víctimas de violencia de género, se suple la desinformación, en parte compensando deficiencias estatales, en parte abogando por mayor justicia de género, social y racial. Para que la pandemia verdaderamente se vuelva una oportunidad de transformación, se deben escuchar estas voces en la construcción de un Estado social activo. Por otro lado, los roles de género que definen los cuidados como una tarea casi exclusivamente de mujeres hacen que sean ellas quienes sustentan el peso fundamental del sistema de cuidados. Tanto en los trabajos formales (salud, limpieza, trabajo social y sector servicios, entre otros) como en los informales (tareas domésticas y cuidados de personas dependientes), la responsabilidad recae mayoritariamente en las mujeres.