A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005). En la (Tabla 6) se puede apreciar que para el año 2003 los IDH más bajos correspondían a las regiones del Maule y La Araucanía, con un valor de 0,675 y zero,679 respectivamente. Resultados que actualmente podríamos comparar con los obtenidos por Bolivia y el Salvador, países con un nivel de desarrollo humano medio. Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como period de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta.
En Chile, los ingresos públicos y el gasto público son relativamente reducidos si se les compara con países de la OCDE. Los fondos del Estado para financiar estas políticas son limitados, y si queremos expandirlas, probablemente tendremos que depender de un gasto público que sea no sólo más eficiente, sino que mayor. Y eso requiere, probablemente, que el Estado reciba más fondos de los sectores de mayores ingresos. Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social.
A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda. Había algarabía en los miles de rostros y la esperanza de que se daban los primeros pasos en un camino por construir. La cara entumecida de una niña en un recodo de La Pintana, población en la periferia, me da la clave. Son miles los jóvenes de ayer que hoy demandan pensiones dignas, sistema de salud universal. Son miles las mujeres que exigen que les devuelvan el derecho a huelga, ser dueñas de su cuerpo y del derecho al placer.
Factores como la salud, la educación y el empleo, no están operando de manera adecuada y perjudican especialmente a los grupos prioritarios para la política social. Chile necesita un combate contra la desigualdad, que incluya redistribución de ingresos, provisión de bienes públicos de calidad, mejores oportunidades y cambios en aquellas desigualdad alimentaria en el mundo bases del sistema económico que generan o fomentan la desigualdad. Pero, sobre todo, se necesita asegurar igualdad de trato y dignidad, así como de poder e influencia. La desigualdad perjudica al desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social.
Porque como Universidad del Estado, regional, de zonas extremas y con una histórica vocación por la movilidad social, sabemos de la desigualdad y concebimos la educación como un instrumento de oportunidades y de desarrollo de las regiones y el país. El organismo internacional presentó un informe en Santiago de Chile junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) en el que argumenta que el impulso a ciertos sectores económicos «puede crear empleos de alta calidad en todo el país, incrementar las exportaciones y reducir desigualdades estructurales». Todo lo anterior ha sido confirmado por el análisis histórico de Javier Rodríguez (2017), quien ha construido una base de datos importante respecto a la evolución de la distribución del ingreso en Chile desde 1850 hasta el 2009, ofreciéndonos la más larga y detallada visión respecto al fenómeno.
La derecha acusa al Gobierno de destruir la economía, pero los datos duros de los propios medios derechistas dicen otra cosa cuando nos hablan de las utilidades de los Bancos, Isapres y AFP. Asimismo, lo confirma una información publicada en El Mercurio del 14 de junio de este año, página B5, basada en datos entregados por la Consultora The Boston Consulting Group (BCG). Se concluye allí que tenemos una ínfima minoría, 1.042 familias, que maneja una abrumadora proporción del esfuerzo nacional.
Para obtener esa meta tan necesaria hay que alcanzar distintos objetivos, como terminar con el oligopolio de las AFP y generar una estructura tributaria que se base en el patrimonio, terminando con el abuso de permitir que los impuestos pagados por las empresas puedan ser usados por los accionistas como crédito. El ex vicerrector económico de la Universidad de Chile, ingeniero, doctor en Matemáticas, Patricio Basso, envió a la Comisión Programa del PDC un excelente trabajo sobre este tema, espero que lo consideren. Se propone presentar esta cápsula durante el desarrollo de la clase con el fin de proponer un argumento distinto a los que se dan generalmente para estar a favor de la igualdad de derechos y los… Este video aborda el rol de la educación en la generación de oportunidades independiente a las condiciones de origen de las personas, para ello describe los argumentos del capítulo… Sumado a ello, estos colegios tradicionalmente han enseñado los códigos culturales de los países occidentales desarrollados y son habitualmente bi o trilingües (especialmente aquellos en países de habla no-inglesa). A su vez, el tamaño de los colegios y el reducido número de matrículas que ofrecen, junto con otros mecanismos de reclutamiento como, por ejemplo, dar prioridad de cupos a los hermanos de los estudiantes o a los hijos de exestudiantes, son costumbres adquiridas hace muchos decenios.
Aunque conceptualmente la igualdad y la movilidad (o igualdad de oportunidades) son distintos -una se da en un momento del tiempo, la otra conecta padres e hijos, o sea, la persistencia intergeneracional de la desigualdad-, lo que se observa es que están muy correlacionados. Dada la profunda transformación económica, social y política por la que atraviesa nuestro país, es urgente generar una pausa en el clima de polarización para revisar cómo queremos vivir el presente y cómo queremos proyectar el futuro. Esta frase deja en evidencia que la pandemia por Covid-19 nos impactó y nos sigue impactando de diferentes maneras. Sin embargo, los esfuerzos por lograr una reactivación económica no han logrado revertir las dramáticas cifras de desempleo, endeudamiento e inseguridad, a lo que se suman las dificultades para acceder a la salud, a una vivienda y el creciente deterioro de la salud psychological de la población.
En la mayoría de esa serie estamos hablando de pobreza de ingresos, es decir, la capacidad que tiene la gente de consumir alimentación y bienes básicos. Recién el año 2011 empezamos a medir la pobreza agregando otros asuntos más intangibles como la trayectoria en la educación, el estándar sanitario, la calidad de la vivienda, and so forth.”. Como segunda conclusión, entonces, podemos establecer que tener un Estado grande, intervencionista y “solidario” no pareciera ser el camino más adecuado para disminuir nuestra enraizada desigualdad. Asimismo, más burocracia estatal y más gasto social —por parte del Estado central— no ayudarían a reducir la desigualdad económica, si dicho gasto social no va acompañado de buenas políticas públicas focalizadas y de un Estado eficiente y profesional. Sin crecimiento económico, complementado con una modernización del Estado y una reforma profunda a su burocracia y gestión, por más impuestos, redistribución y ayuda social que inventemos, la desigualdad seguirá enraizada como lo ha sido siempre en nuestra historia. Primero, debemos reconocer que América Latina es una de las regiones del mundo con la mayor desigualdad de ingresos y que esta es histórica y crónica (PNUD, 2017).
La política pública no ha contribuido con soluciones oportunas para reducir la desigualdad. Muchas veces los tomadores de decisiones en el Ejecutivo y en el Parlamento viven muy alejados de los problemas de las mayorías. También ha habido oposición de quienes ven en las medidas redistributivas un riesgo para el crecimiento económico. Mientras que a nivel nacional no hay un gran cambio en la desigualdad en el último período, Tarapacá incrementó su desigualdad en más de un 6%, y por su parte Los Lagos la redujo en casi un 11% (metodología nueva). Estas diferencias son de gran relevancia para la política pública y de acuerdo con Contreras (1999), también para el proceso de descentralización.
Los criterios de elección responden a la identificación con ciertas fracciones de la élite (por ejemplo, conservadores/ liberales, laicos/religiosos, asociados a un idioma y país, and so forth.), a las cuales las familias se sienten pertenecientes o a las que aspiran a pertenecer (Bellei, 2019). Estas son las micro distinciones dentro de la propia élite, es decir, el cierre social lateral, intraclase y no interclase. A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos no logren puntajes destacados en comparación con el resto de los países de la OCDE. Por consiguiente, el costo no está asociado necesariamente a una mejor calidad educativa, sino más bien a elementos de distinción y cierre social. En este caso, las familias católicas conservadoras tendieron a preferir colegios ligados a nuevas congregaciones que llegaron durante la dictadura, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, generándose una diferenciación al inside del segmento specific pagado. Gran parte de la literatura tiende a converger en que estos colegios poseen currículums amplios, que abarcan diferentes conocimientos y, a su vez, diversas áreas del desarrollo humano (deportivas, artísticas, idiomas, etc.), orientados al desarrollo de capacidades analíticas, de conceptualización y de trabajo destinado a la dirigencia.
En torno a él, se han implementado políticas que buscan corregir los efectos colaterales que produce el mercado y actuar allí donde este no tiene interés de hacerlo. Todo esto ocurrió mientras la sensación de injusticia no tomaba cuerpo, hoy, sin embargo, estas medidas paliativas parecen no ser suficiente. La percepción de injustica que inunda el desigualdad cultural ejemplos país parece surgir del reconocimiento que las desigualdades o las diferencias entre unos y otros no surgen naturalmente. Esto sucede producto de la reiterada constatación de que los que están “arriba” abusan sistemáticamente de su posición de poder para coludirse, robar, evadir impuestos, coimear, conseguir impunidad y/o enriquecerse mañosamente.
La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. No obstante, hay factores que radicalmente cambian las expectativas de vida de las personas, como es el caso de la Educación, así lo demuestran diversos estudios en Chile que señalan que este es un elemento que contribuye a romper el ciclo de la desigualdad y a favorecer la movilidad social. El “estallido social” de 2019 mostró la existencia de una sociedad chilena fuertemente dividida por las desigualdades, tanto por las diferencias materiales, como aquellas referidas al universo cultural de las diferentes clases y actores sociales. Este libro ofrece una síntesis sobre la evolución histórica de Chile, desde su poblamiento por los pueblos originarios hasta el presente, con la desigualdad como eje articulador, intentando comprender sus orígenes, sus cambios y continuidades.