Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes. Retomando la información del diario de los grandes empresarios, one hundred fifteen hogares del país tienen, cada uno, un patrimonio financiero sobre los US$ one hundred millones, totalizando, en conjunto, poco más de US$ 50 mil millones, sin considerar casas, terrenos y vehículos. Es decir, solo se contabilizan en este patrimonio los activos financieros líquidos invertibles que se encuentran en las cuentas bancarias, Ahorro Previsional Voluntario y los Fondos en las AFP. El 1% más rico de Chile, durante los últimos 50 años, ha recibido entre el 17 y 26% de los ingresos del país.
La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales. Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el término se aplica a la naturaleza necesariamente híbrida y codependiente de las fuentes de financiamiento para la vivienda sin fines de lucro y de propiedad pública de dicho país, donde constituye alrededor del 5 por ciento del volumen complete (Bratt, 2012). Esta codependencia, junto con una preferencia política por un ‘retorno’ de las viviendas sociales a las reglas del mercado después de cierto tiempo, ha afectado también los esfuerzos por establecer formas de proveer vivienda sin fines de lucro,ya sea en forma de arriendo o de cooperativas. Por ejemplo, en 1959 el programa de Mitchell Lama para el Estado de Nueva York, establecido sólo cuatro años antes, abandonó su objetivo unique de mantener los desarrollos regulados a perpetuidad permitiendo a los propietarios optar por salirse una vez pagada la hipoteca (Botein, 2009).
Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la disaster. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. Por lo general es definida por una combinación de indicadores económicos referidos a los ingresos y la riqueza. Sin embargo, es inseparable de diferencias sociales de otro tipo, una interdependencia que es particularmente evidente en el suministro de vivienda. Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años. Pero ello no es razón suficiente para descartarlas como causas relevantes del estallido social.
Ha habido distintas explicaciones para esto, y en todas ellas la desigualdad ocupa un lugar principal. Los bajos niveles de remuneraciones, los exiguos montos de las jubilaciones, el acceso incierto a atención de salud, el agobio del trabajo y los tiempos de traslado, el peso de las deudas y la inseguridad permanente, son parte de la vida diaria de alrededor del 60% de la población. Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan.
Al parecer se cumple el principio de convergencia, ya que algunas de las regiones con menor índice, son de las que más mejoran, mientras que las de mayor desarrollo tienen un progreso más lento (Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Magallanes). La excepción a este comportamiento ha sido Arica y Parinacota, que a pesar de su relativamente bajo IDERE, ha experimentado menor evolución en el período analizado. A través de los años, al igual que lo ilustrado por la evolución del Gini, la razón 10/10 muestra un aumento de las disparidades en el año 2009, donde el 10% más rico llega a distanciarse 38,8 desigualdad de paises veces del ingreso medio del 10% más pobre, para luego descender paulatinamente. El ratio fue de 27,6; 29,8; 29,1 y 27,2 para 2009, 2011, 2013 y 2015 respectivamente (calculado por Ministerio de Desarrollo Social [2016b], bajo la nueva metodología). Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
Esto significa que no sólo la educación e ingresos parentales determinan la trayectoria de un niño, sino que ésta es críticamente afectada por la comunidad en la que el niño se desarrolla. Estudios sobre movilidad de inmigrantes también evidencian impactos significativos del entorno social. La desigualdad social es un issue activador en la colectividad, y a esta se le presenta como un gran desafío lograr exigir, por los canales democráticos, la implementación de políticas públicas que se orienten al desarrollo social integral y sustentable del país, con el fin de garantizar una mejor distribución de las riquezas.
Da cuenta también que las instituciones más efectivas en promover la movilidad social son las que logran en forma simultánea una alta tasa de acceso de estudiantes que no contaron con una formación adecuada, obteniendo a pesar de ello una alta tasa de éxito una vez egresadas y egresados de sus casas de estudios. Esto evidentemente producto del trabajo de las universidades y del deseo de superación de las y los jóvenes, como es el caso de la Universidad Arturo Prat. La importancia del entorno social ha quedado evidenciada en un experimento americano de los años noventas, “Moving to Opportunity”, en el que se seleccionaron, aleatoriamente, familias pobres a las que se les subvencionó un hogar en un vecindario más rico. La movilidad de las familias generó efectos significativos a largo plazo tanto en salud, como educación e ingresos de los niños afectados.
Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. Cuando hay jornadas en las que parece que disminuye, al día siguiente recobra un mayor vigor, impulsado por una ciudadanía que clama a gritos por un país más justo. Una de las consignas más vociferadas cube relación con la igualdad que se pretende y está en lo correcto.
Al reducir la desigualdad en la generación de los padres, los niños de familias pobres y ricas tendrán oportunidades más igualitarias para desarrollar su capital humano en términos de su salud, educación, etc. Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). En el informe del PNUD (2016)16, se observa que Chile está dentro de los países con un nivel muy alto de desarrollo humano, ubicándose en el puesto número 38, bajo Lituania y sobre Arabia Saudita, con una expectativa de vida promedio de eighty two años, y una media de años de escolarización de 9,9 (de los sixteen,3 años esperados para el país). Dentro de esta categoría los únicos países latinoamericanos representados son Chile y Argentina en el puesto 45 (con valores de 0,847 y 0,827 respectivamente, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de 0,751). Sin embargo, Chile retrocede 12 puestos si se considera la desigualdad17, quedando al nivel de países como Rumania, Kuwait o Rusia.
Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de seventy nine años en promedio, siendo de 77 para los hombres y eighty one en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y 74 desigualdad capitalismo para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11). En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi eighty años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente 78 años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres.
Si se ordenaran las regiones del mundo, cube Contreras, Lationamérica aparece como una región de alta desigualdad. En los informes del Ministerio de Desarrollo Social se suele calcular este ratio utilizando el promedio del ingreso autónomo total del hogar; otros estudios utilizan el ingreso autónomo de las personas, con el objeto de medir la desigualdad proveniente del mercado. Sin embargo, en este estudio se ha optado por utilizar el ingreso autónomo de los hogares, por ser la metodología que seguirá utilizando la CASEN, al considerarse más realista respecto de la situación social de las familias chilenas y por ser de gran utilidad para la aplicación de la política pública.
Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. La relación entre la desigualdad y la inmovilidad económica la podemos cristalizar en la llamada “Curva Great Gasby” de Alan Krueger, que evidencia que aquellos países con una mayor desigualdad tienden a sufrir de una mayor inmovilidad económica.
En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En explicit, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos.