El Relator de la ONU sobre el Derecho a vivir en un medioambiente sano conversó con Futuro 360 sobre la reciente presentación del informe medioambiental sobre la situación chilena, concluyendo que los problemas que enfrenta nuestro país «son el resultado de décadas de priorizar los beneficios privados sobre los intereses públicos en salud, derechos humanos y medio ambiente». El Decreto Nº 38 del MMA que aprueba el reglamento de dictación de normas, señala en su Art. 38 que toda norma de calidad ambiental y de emisión será revisada a lo menos cada 5 años, motivo por el cual existe la necesidad de readecuar la normativa vigente bajo este criterio. Por otro lado existe evidencia científica de que la contaminación del aire es una de las principales causas de muerte por cáncer (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, 2013), así también lo indica la 3ª Encuesta Nacional de Medio Ambiente realizada el año 2017, donde los problemas de Contaminación del Aire alcanzan un 38,3% del total de los encuestados. “Encontramos que las áreas verdes dentro del establecimiento son las que generan efectos positivos, por lo que deja en poder de los sostenedores el cambiar la realidad de los niños. Incluso en comunas donde no hay muchas áreas verdes, tener pasto y especialmente vegetación siempreverde al inside del colegio genera efectos positivos y eso es muy interesante, porque el colegio podría revertir esta desigualdad territorial”, comenta Pérez.
Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.
Actualmente se desempeña también como Directora de Doctorados de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Mayor. Durante el transcurso de los años, las distintas realidades sociales a nivel global, dejó en evidencia la necesidad de actualizar aquellos objetivos, dando nacimiento a lo que son los denominados “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que conforman en su conjunto la Agenda 2030. En la actualidad, la mayor parte de las políticas públicas que posee Chile se encuentran focalizadas a la reducción de la pobreza, abordada en términos económicos y absolutos, mientras que la vulnerabilidad es un fenómeno complejo y requiere de una visión holística y sistemática para generar políticas y programas multisectoriales efectivas de para su reducción en el tiempo. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”.
La directora de Políticas y Estrategias de Fiscalización Ambiental de la OEFA, Ana Vergara, comenzó la reunión enfatizando que este taller se realiza en el contexto de cumplimiento de los compromisos adoptados en la reunión de diálogo de política regional realizada en Santo Domingo el año pasado. “Agradecemos al BID por su colaboración y por su apoyo en estas importantes actividades en la cual vamos a generar un intercambio de experiencias entre los países integrantes de la REDLAFICA”, reflexionó. En América Latina, siguen observándose desigualdades derivadas de los ingresos, la localización geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social y la religión, factores que determinan el acceso, las oportunidades y los resultados. El Doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marcelo Lagos, abordó los complejos vínculos entre el cambio climático, la vulnerabilidad social y los desastres naturales. De este modo, reforzando lo anterior, claramente no es suficiente lo que podamos aportar en inmenso problema denominado cambio climático, considerando entre algunos factores, las dimensiones de nuestro país, el tamaño de nuestro mercado, la cantidad de emisiones que genera, entre otros.
Estuvimos ausentes y faltamos a nuestra vocación internacional por todo un período de gobierno, incluso cuando habíamos liderado la construcción de este acuerdo. Los investigadores también estimaron que los incrementos en los niveles de vegetación al interior de las escuelas generan brechas de más de 14 puntos en la prueba de Matemáticas y de casi 11 puntos en la prueba de Lectura. La vegetación en las áreas que rodean a las escuelas tiene un efecto similar para Matemáticas (14 puntos), pero un efecto no discernible sobre Lectura. “Si eliminamos las diferencias ambientales, los niños de escuelas más pobres reducirían las diferencias en rendimiento en 11% respecto de una escuela promedio de la capital”, dice el investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS), Rodrigo Pérez.
Por ejemplo, en Peñalolén, un 67,1% de la superficie habitada por hogares ABC1 se encuentra bajo algún tipo de amenaza, principalmente remoción en masa. Sin embargo, estos grupos cuentan con un nivel de ingreso tal que les permite acceder a proyectos residenciales privados, condominios cerrados que están dotados de ductos e infraestructuras de conducción de las aguas y los sedimentos fuera de sus límites (Figura N° 14). Es decir, el aumento en las tasas de impermeabilización y, consecuentemente, de los flujos de escorrentía de aguas lluvias y sedimentos, causado por la construcción de áreas residenciales en sitios del piedemonte andino, es transformado en externalidad negativa y trasladada aguas abajo, donde se localizan las áreas residenciales de sectores más vulnerables, originando un efecto desproporcionadamente alto. En este tipo de situaciones, cuando el mercado, las políticas, planes y las acciones gubernamentales derivan en situaciones de desigualdad, es cuando se está en presencia de una injusticia ambiental. Los datos presentados en el índice de pobreza multidimensional de 2019, revelaron una escasa relación entre la pobreza y el grado de desigualdad económica, bajo esta relevante problemática es evidente la necesidad de lograr un crecimiento inclusivo, equitativo y sostenible. En este marco la plataforma Sistema de Información Territorial, será el principal repositorio de esta información a nivel native a través de herramientas de georreferenciación, herramienta que aportará a la relación entre variables que determinan el desarrollo sostenible en los territorios de la región, acercando los indicadores a la comunidad y aportando a la generación de análisis para políticas públicas y de análisis académico.
“De acuerdo con el análisis, se puede ver los momentos cuando la polución empieza a aumentar de manera importante, cuando se estabiliza relativamente o cuando algunos elementos contaminantes bajan, y eso asociado a en qué momentos ocurren políticas de regulaciones ambientales. Entonces, con este trabajo uno puede ver también cuán efectivas son esas políticas en términos de su aplicación”, agrega Antonio Maldonado, desigualdad cultural ejemplos investigador del Centro CEAZA y del Núcleo Milenio UPWELL. A través de la reconstrucción temporal realizada en el estudio, pudieron notar una carga cada vez mayor de metales pesados y metaloides durante las últimas cinco décadas, impulsada por el crecimiento de las actividades industriales locales, que en última instancia ha sido estimulado por las demandas industriales y económicas nacionales y transnacionales.
En este sentido, Manuel Indacochea, Gerente de Proyectos en Social Capital Group, enfatiza en la necesidad de encontrar equilibrio frente al derecho de aprovechamiento de los recursos naturales y los derechos básicos de las personas entre los proyectos impulsados por la sociedad civil y la ocupación tradicional de territorios por parte de los grupos étnicos. Actualmente el cambio climático antropogénico –comprendido como la manifestación más difundida del Antropoceno– es catalogado como el mayor desafío de nuestro tiempo, debido a los impactos que sobre el bienestar y funcionamiento de las comunidades y los ecosistemas tiene el aumento anormal de la temperatura ambiental. Sin embargo, en este escenario no todos los países ni todas las personas se hallan expuestas al mismo tipo y grado de riesgo. Al respecto, la literatura es enfática en sostener que los efectos del cambio climático reproducen las desigualdades entre ricos y pobres, pues los grados de vulnerabilidad, capacidad de adaptación y mitigación expresan una relación inversamente proporcional a la riqueza de los países y las personas. Esta es la razón por la cual las personas más precarizadas, y dentro de estas, las personas de la calle, son quienes experimentan con mayor rigurosidad los efectos derivados de este fenómeno. El estudio de los vínculos existentes entre clima y ciudad se muestra como una forma de buscar relaciones para hacer frente a las preocupaciones referidas al cambio climático y al crecimiento poblacional.
El único cambio significativo entre una y otra es la eliminación de la participación ciudadana anticipada en el proyecto de 2019. Parte de ese equipo ha seguido desarrollando estudios y prestación de servicios Forense Ambiental en la Universidad de Concepción. A este esfuerzo se sumó un equipo de académicos de la Universidad de Chile, especialistas en contaminación atmosférica. desigualdad de clase Ya en el 2019 se dictó el primer curso de Forense Ambiental para estudiantes de pregrado de la carrera de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Mientras que, en 2020, en plena pandemia, se realizó el curso de Forense Ambiental para estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción.
Es Master en Ciencias Sociales por la Facultad de Estudios Latinoamericanos (FLACSO – México) y Doctora en Sociología por la Freie Universität Berlin. Sus áreas de conocimiento son desigualdad y pobreza, conflictos urbanos/ambientales y justicia ambiental, pueblos indígenas y metodologías cualitativas. Es también investigadora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), investigadora principal del Millenium Nucleus Center for the Integrated Development of Territories (CEDIT), fellow en The Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) e investigadora asociada al Observatory for Socioeconomic Studies Max Planck.
La existencia de un megarrelave en toda la bahía de la ciudad de Chañaral es un caso emblemático del mal manejo de residuos mineros (el relave equivale al 70% de la superficie urbana). Si todo el materials minero de la bahía se pusiera en camiones ordenados en fila, daría la vuelta a la Tierra casi 24 veces por el ecuador7. En tanto, el ejemplo de empresas lo lideró CAP con el caso de una planta desaladora de agua en Copiapó.
Como ejemplo, el pequeño territorio de las Islas Marshall y otras naciones insulares en el Pacífico luchó por la provisión de un aumento máximo de temperatura de 1,5 grados Celsius, en lugar del límite de 2 grados, ya que los zero,5 grados adicionales eran la diferencia entre perder el territorio. Bajo el lema “1.5 para seguir con vida”, Maldivas, Tuvalu, Kiribati, junto con otros forty estados que integran la Alianza de Pequeños Estados Insulares, han ganado un amplio apoyo a la causa. En las negociaciones de París de 2015, el límite de 1,5 fue respaldado por 106 países, lo que representa una mayoría. Las Islas Marshall podrían adaptarse al aumento del nivel del mar recuperando y elevando la tierra, técnicas que ya son comunes en países como los Países Bajos y Dinamarca. Sin embargo, los costos de tales esfuerzos son demasiado altos para las pequeñas naciones insulares, y los habitantes de las Islas Marshall podrían verse obligados a emigrar, poniendo de relieve la cuestión de la desigualdad ambiental. Por otro lado, la población más susceptible es la que siente (y seguirá sintiendo) con más fuerza los efectos negativos del cambio climático.