Esa es la tarea que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, y estamos seguros que es la que nos permitirá seguir el rumbo hacia un país más próspero, justo y sostenible. La Estrategia Nacional de Salud, con Objetivos sanitarios para 2020, con parámetros de objetivos sanitarios que debiesen estar cumplidos al fin de la década, incluye consideraciones para la influencia de determinantes sociales de salud en la salud. En forma complementaria, se mantiene la iniciativa de MINSAL (Subsecretaría) sobre13 pasos para una agenda de abordaje de las determinantes sociales (2009), buscando construir una nueva agenda social desde la mirada de los determinantes sociales de la salud. Pero la fuente de este atropello no es que las personas vean a la desigualdad como inherentemente mala; es que la consideran el resultado de la injusticia.
Al mismo tiempo, la política social de vivienda ha segregado a las familias producto de la construcción en las afueras de la ciudad donde los terrenos son de menor costo, pero donde el acceso al trabajo, a buenas escuelas y a infraestructura es limitado. Así, en salud, la lógica individualista de aseguramiento ha llevado a un sistema poco solidario, segmentado e ineficiente, en que mujeres en edad fértil y adultos mayores cargan con los mayores costos de sus circunstancias, mientras que las personas más riesgosas y con menos ingresos son forzadas a asegurarse en Fonasa. Por un lado, la forma que toma la pobreza ha cambiado enormemente, así como la manera en que la sociedad la comprende.
Bajos salarios mínimos y medios y ausencia de una seguridad social medianamente aceptable durante cuarenta años obligaron al 63% de los hogares chilenos encuestados en 2016(17) a tomar créditos de consumo para llegar a fin de mes. Por consiguiente, si bien la hipótesis propuesta sobre que esta estrategia se basa principalmente en la reducción de ingresos, no está equivocada, pero sí estaría incompleta, de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Por lo tanto, al menos en cuanto al trabajo presentado para este objetivo específico, se puede identificar la multidimensionalidad de las disparidades que se planteó en el primer apartado de este trabajo, donde no solo se concentran los esfuerzos en cuanto a las diferencias de ingresos, sino que también se ha buscado “nivelar el punto de partida” de los/as ciudadanos/ as del país.
Tomarla seriamente implica la necesidad de crear un nuevo pacto social que acerque al Gobierno y el Congreso a los actores sociales dispuestos a pensar en reformas estructurales genuinas, en lugar de simplemente “parchar” los sistemas de protección social existentes con recursos limitados de arcas fiscales que ya están sobrecargadas. Por ende, es imperativo atender el clamor por un nuevo pacto social, propuesto por diversos líderes de la sociedad civil y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de Chile. Y, cuando se atienda a este llamado, el Gobierno y el Congreso deben demostrar su voluntad de abordar las demandas de la sociedad civil de un modo que verdaderamente permita reconfigurar las estructuras que perpetúan las múltiples desigualdades que afectan al país. La posibilidad de un gobierno progresista o de izquierda que redefina el modelo económico y político, es decir, el ¿para qué producimos y distribuimos la riqueza? En ese nuevo escenario, habrá que ver las formas de producir vivienda, ciudad y territorio con un objetivo de bien común y no privado. Intervenir en serio sobre la desigualdad no es por ello cuestión de “buena onda”, buscando no producir efecto en la sensibilidad epidérmica de grupos que se opondrán a ello por principio y por intereses; porque saben que una mayor igualdad actual produciría remezones mayores a la forma en que ha funcionado la economía y la sociedad.
De igual forma, en un esquema de ahorro particular person para pensiones como el chileno, los trabajadores cargan con los riesgos de no poder cotizar, de caídas en la rentabilidad de sus fondos y de una longevidad más larga de lo esperado. Estos logros, unidos a dos décadas de reformas democráticas, han hecho al país merecedor de un sillón en el selecto grupo de naciones OCDE. Por cierto, ello no significa que Chile no tenga desafíos pendientes –ni mucho menos, nuevos desafíos—en pobreza y equidad. Por su parte, para Jesús Martín-Barbero es en el espacio de lo nacional y lo local donde la cultura se mundializa, pues, como afirma el autor, globalización no equivale a una mayor difusión de productos sino a la rearticulación de las relaciones entre países desde una des-centralización que concentra poder, y un des-enraizamiento que hibrida las culturas (Martín-Barbero, 2004).
Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un 3,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a 0,6% en el año 2011, superando con creces la meta que period de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de forty four,four el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de a hundred sixty five países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo zero,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).
La desigualdad, dicen académicos, tiene que resolverse multidimensionalmente, lo que incluye no solo equiparar ingresos, sino privilegios territoriales, las diferencias de género, étnicas y culturales. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes.
«Estructura social que se perpetuó a través de la hacienda, la cual dividió a la sociedad en patrones, empleados, inquilinos y peones con diferencias de recursos y poder muy significativas. Desde entonces la brecha de ingresos ha oscilado en distintos momentos, pero a la larga se ha mantenido bastante estable desde mediados del siglo XIX», dijo el documento. El acceso a educación de calidad y el entorno crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona, “marcando” socialmente a cada niña o niño, afectando los conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, que se traducirán en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social. Una de las principales críticas que se le ha hecho a este ODS se relaciona con la forma en que este fue concebido. Si bien los 193 países resolvieron en conjunto los objetivos que esta Agenda 2030 contemplaría, aún así hay quienes abogaron por no incluir un apartado especialmente dedicado a las desigualdades al momento de las negociaciones, principalmente debido a que este implica, de una forma u otra, un problema redistributivo ( Donald, 2017; Oestreich, 2018 ). Por lo tanto, haber aprobado la Agenda 2030 indica voluntad, pero aún así objetivos como el 10, tendrán que superar barreras y resistencias políticas a nivel internacional y nacional para poder ser implementado y realmente exitoso (Donald & Lusiani, 2016). De acuerdo a Sen (2000), alcanzar cierto nivel de calidad de vida se ve coartado por las condiciones sociales en que se encuentra un individuo o que posee un país.
Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.
Por su parte, el Estado –seguidor de un modelo neoliberal– reproduce una neoliberación de la ciudad (Fredes & González, 2009). Con esto me refiero a que los modelos socioeconómicos son los que generan las ciudades, por lo tanto, un modelo socioeconómico desigual como el que tenemos, no puede formar otro tipo de ciudad que no sea desigual. El Estado, al ser la principal fuerza que interviene y coordina el conjunto de actores urbanos por medio de la gobernanza y gobernabilidad, distribuye los espacios geográficos, el uso del suelo y cómo se reparte a través de políticas públicas y subsidios habitacionales. Esta expansión no puede explicarse al margen de la privatización de la economía, de la inmensa cantidad de capitales acumulados y concentrados, de la consolidación de “grupos económicos”, de la oligopolización de innumerables mercados, de la gran presencia del capital extranjero. La mayor política social de los decenios más recientes, posible por los mayores recursos estatales de la propia expansión económica, solo ha logrado evitar que la desigualdad de ingresos crezca aún más. Ha estado de moda afirmar que la opción de los pobres y frente a la desigualdad, es que aquellos aumentan su “capital humano” propio, que “inviertan” en ellos mismos.Pero sabemos que sin una acción pública reestructurante la educación reproduce la desigualdad heredada.
Aquí, es importante destacar que el análisis no incluye un estudio sobre el impacto que estas acciones públicas han tenido, o bien tendrán, sobre el tema en cuestión, sino que busca determinar si estas mismas responden o no al concepto multidimensional de las disparidades. Igualmente, se determinó a qué meta o metas del ODS 10 respondían particularmente desigualdad de la sociedad y se indicó si estas acciones públicas eran anteriores o posteriores a la Agenda 2030. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico.
Como indica Torres López (1985) la comunicación de masas al convertirse en una actividad industrial más se manifiesta como una actividad institucionalizada que se regula por un ordenamiento jurídico en cuanto a la institución de los medios como unidades productivas sujetas a determinadas leyes. Otra característica es que, a medida que crece el patrimonio, crece también la influencia política que puede proveer el dinero. Esto ocurre, desigualdad banco mundial por una parte, porque las grandes fortunas pueden pagar lo que Jeffrey Winters llama una “industria de la defensa de la riqueza”, cuya tarea es crear argumentos jurídicos y políticos que los defiendan de la amenaza redistributiva del Estado. Pero también, porque moviendo su patrimonio de una actividad a otra, o sacándolo del país, las grandes fortunas dan a conocer su opinión sobre lo que consideran bueno y malo en la política.