Actualmente el cambio climático antropogénico –comprendido como la manifestación más difundida del Antropoceno– es catalogado como el mayor desafío de nuestro tiempo, debido a los impactos que sobre el bienestar y funcionamiento de las comunidades y los ecosistemas tiene el aumento anormal de la temperatura ambiental. Sin embargo, en este escenario no todos los países ni todas las personas se hallan expuestas al mismo tipo y grado de riesgo. Al respecto, la literatura es enfática en sostener que los efectos del cambio climático reproducen las desigualdades entre ricos y pobres, pues los grados de vulnerabilidad, capacidad de adaptación y mitigación expresan una relación inversamente proporcional a la riqueza de los países y las personas. Esta es la razón por la cual las personas más precarizadas, y dentro de estas, las personas de la calle, son quienes experimentan con mayor rigurosidad los efectos derivados de este fenómeno.
Lo cierto es que los sistemas tributarios se componen de múltiples tipos de impuestos, todos ellos con diferentes ventajas y limitaciones. Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay que saber que éste toma valores entre zero y 1, y que un mayor Gini implica una distribución de ingresos más desigual. En los casos extremos, 0 implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos. Así, estas movilizaciones continuaron hasta el Estallido Social del año 2019, don-de los/as chilenos/as se tomaron las calles debido a un malestar generalizado, entre otras causas, por la desigualdad del país, demandando un cambio profundo en este, el cual logró un acuerdo para cambiar la constitución que rige a Chile ( Güell, 2019 ). Un ejemplo lo podemos encontrar en los gemelos monocigóticos, que comparten la misma información genética, pero que pueden tener diferencias importantes en el volumen y funcionamiento de algunas estructuras cerebrales lo cual sugiere que existen otras influencias en juego.
Una vez hecho el diagnóstico inicial, es imperativo generar herramientas más precisas y profundas que nos permitan complejizar los cuestionamientos que nos hacemos cuando nos referimos a la desigualdad. ¿Es esta una discusión que concierne principalmente a quienes viven en la Región Metropolitana, pero que omite la presencia de otros fenómenos y problemáticas más urgentes a resolver en otras partes del territorio nacional? ¿Puede existir alguna relación entre los niveles de conflicto que se observan en el territorio, la desigualdad y el porcentaje de la desigualdad que explica el 1% más rico?
Es un recordatorio de que la lucha contra la desigualdad y una sociedad más justa no solo es un asunto social y político, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra salud cerebral, psychological y en nuestro bienestar a largo plazo. En Capitalismo progresista, Joseph Stiglitz se pregunta cuáles son las fuentes de enriquecimiento de las naciones. En su análisis adjudica la culpa de la ralentización del crecimiento y el incremento desigualdad de economica de la desigualdad en Estados Unidos principalmente a la falta de inversión, en las últimas cuatro décadas, en educación, infraestructura y tecnología. “Puede que, hace mucho tiempo, la imagen de una competencia innovadora, si bien implacable, de una miríada de empresas luchando por prestar un servicio mejor a los consumidores a costes más bajos, fuera una buena caracterización de la economía estadounidense”, comenta el premio Nobel de Economía.
Algunos de ellos son fruto del azar pure (una discapacidad por ejemplo o, por la inversa, una especial aptitud física), otros son resultado de la historia (por ejemplo la clase social en que se vino al mundo). Esas diversas dotaciones situarán a su poseedor en un determinado lugar del espacio social, dirán en qué parte de las múltiples e invisibles escalas del prestigio y del poder podrá descansar. [17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros). [9] Existe una tradición académica que sugiere que si no se le pueden poner impuestos a todos los bienes de consumo, el impuesto al consumo óptimo posiblemente impondrá distintas tasas a distintos bienes. Un problema de esta tradición es que no considera que impuestos diferenciados dificultan la fiscalización y abren espacio a la evasión y elusión, lo que a su vez afecta la eficiencia del sistema.
No obstante, desde la década del 2000, se ha podido observar un incremento generalizado de movi-mientos sociales que, entre otras causas, dan cuenta del malestar que existe en la población chilena, exigiendo mayor igualdad ( Grez, 2011 ; Segovia & Gamboa, 2012). Estas demostraciones de descontento social detonaron en octubre de 2019 con el “Estallido Social”, donde millones de chilenos y chilenas marcharon y protestaron, entre otras razones, debido a la desigualdad que existe en Chile ( Güell, 2019 ; Jiménez-Yañez, 2020 ). Por lo tanto, en este sentido, los resultados obtenidos abren paso a otras preguntas investigativas. Si bien este último comprende una variedad de demandas, entre ellas se encuentra la gran desigualdad que existe actualmente en el país, la cual, en palabras de Güel (2019), “…no se trata solo ni principalmente de un problema de distribución del ingreso” (párrafo 8). Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Ahora bien, la desigualdad de oportunidades es la faceta ex-ante del problema en cuestión.
Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un issue de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación whole desigualdad de economica del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso.
Fue consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre los años 2008 y 2015. Blanchard es autor de numerosos libros y artículos, y ha dirigido importantes revistas académicas como Quarterly Journal of… Además, esta desigualdad también conduce a la pobreza, creando un ciclo en la relación. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. [3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos.
Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha. El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas.
A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo period no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998.
Ahora bien, muchos de estos factores, ex-ante o ex-post, que influyen en la desigualdad económica, pueden ser aumentados o disminuidos por las acciones públicas de los gobiernos 2 . Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es fundamental a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Por ejemplo, si los gobiernos utilizan los ingresos públicos para beneficiar a una pequeña porción más aventajada de su población, entonces estarían fomentando la desigualdad económica, pero si, por el contrario, utilizan estos mismos para dar acceso a la educación o salud a quienes más lo necesitan, entonces estarían potenciando la reducción de estas disparidades. Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones. La recaudación anual de impuestos a la propiedad sobre el valor del suelo y los edificios son la fuente más significativa de ingresos de los gobiernos locales para el sustento de los servicios públicos(17). En consecuencia, los valores inmobiliarios locales –y no el patrimonio complete de la ciudad, estado o nación– son uno de los indicadores más claros de la calidad de la educación, los servicios y la seguridad en los barrios de Estados Unidos.
Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1). A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más ricas del mundo es equivalente al de los three.500 millones más pobres(2). Por consiguiente, en el ámbito de la vivienda, las discusiones sobre la desigualdad en los Estados Unidos ya no se refieren solamente a factores físicos –tamaño inadecuado o falta de servicios básicos como agua potable o electricidad– sino a aspectos financieros como asequibilidad y desigualdades en la distribución de la riqueza de acuerdo a la propiedad de la vivienda. En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos se encuentra presente, como también la dimensión ex-ante, que hace referencia al punto de partida sobre el cual los individuos podrán alcanzar los objetivos o calidad de vida que desean. Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017.
Por ejemplo, la meta 10.2 sobre promover la inclusión, tiene como indicador “Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad”. En este sentido, este indicador podría dar luces sobre la inclusión económica de las personas, pero no así de los aspectos sociales o políticos. O bien, la meta 10.three que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, tiene como indicador la “proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”. Aquí, por ejemplo, existe la limitante de la subjetividad, es decir, que el sentimiento de discriminación por motivos prohibidos por el derecho internacional implica que la población está consciente de todos sus derechos y que puede reconocer fácil-mente cuando sufre algún tipo de exclusión.