Las principales conclusiones de este trabajo, revelan la gran heterogeneidad que existe entre las regiones de Chile, siendo consistente con los trabajos de Agostini y Brown (2007; 2010), Ramírez et al. (2009) y Mac Clure y Calvo (2013), quienes avalan la importancia de trabajar a distintas escalas territoriales2. Se observa que las regiones más desiguales a nivel social y económico, son igualmente aquellas con menor PIB y desarrollo económico. Además, a nivel geográfico, suelen ser las regiones del sur del país las perdedoras en materia de desarrollo y desigualdad. Apoyamos que todos los niños y niñas reciban el conocimiento y habilidades necesarias en derechos humanos, igualdad de género, paz, diversidad cultural (ODS 4), y protección del medioambiente, para que puedan convertirse en actores principales del desarrollo sostenible. En specific, y con el fin de eliminar las barreras de género, promovemos los derechos educativos desde la igualdad de oportunidades y contribuimos a crear entornos educativos en que prima la equidad (ODS 5), estableciendo acciones concretas para subsanar posibles desventajas. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras.
Esto ha dado lugar inevitablemente a un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social —incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia—, que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos para todas las personas. Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud. En este apartado se examina el desarrollo económico del país, evaluado a través de índices de desarrollo humano (PNUD) y el índice de desarrollo regional (Vial, 2017) y a continuación se evalúa la desigualdad social en dos aspectos muy controversiales actualmente en el país, educación y salud. Ambos temas generan constantes polémicas, protestas y levantamientos por parte de la sociedad, la cual siente la desigualdad y busca que el Gobierno doble sus esfuerzos para satisfacer estas necesidades básicas, de una manera eficiente y que beneficie a toda la población y no solo a unos pocos. Los datos regionales, como años de escolaridad promedio y analfabetismo, se obtienen a partir de la Encuesta CASEN. “Este informe muestra que las violación de derechos sociales como el derecho a la salud no son por azar si no por decisiones de autoridades del Estado.
Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule. Mientras que bajan de posición relativa las regiones de Tarapacá (aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano), Atacama, O’Higgins y Valparaíso. El (Gráfico 4) deja ver cómo incorporar una nueva dimensión acrecienta el porcentaje de población en situación de pobreza en 1,eight desigualdad de la riqueza puntos porcentuales.
Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico.
En el turbulento mundo de hoy vemos indicios de que algunos Estados titubean en su compromiso con las normas fundamentales de los derechos humanos, y más que nunca debemos defender su respeto y convertirlos en la base ética de los gobiernos del mundo. Como judíos entendemos también, que la democracia está íntimamente ligada a los derechos humanos, su respeto es lo que nos permite construir sociedades en las que las personas pueden ejercer sus opciones, generar oportunidades, solucionar sus disputas de manera pacífica, y desigualdad alimentaria en el mundo resistir a las amenazas con confianza y unidad. En lo que respecta a participación en organizaciones sociales, llama la atención la mayor participación de mujeres en Chile en organizaciones religiosas, vecinales y de centros de padres, actividades que se han vinculado tradicionalmente a una cierta prevalencia de género, al igual que ocurre con las áreas de conocimiento. Ningún tipo de innovación puede construirse con base en la vulneración de derechos, la explotación y el incremento de brechas e injusticias de género.
La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. La violencia política de género, por su parte, ha representado una barrera adicional a la participación de las mujeres y personas LGBTQIA+ en los espacios de poder y toma de decisión. Junto a la violencia contra periodistas defensoras de derechos humanos, es mucha veces perpetrada por funcionarios y autoridades públicas, como se ha observado en el caso de Brasil, El Salvador y México. El caso latinoamericano refleja cómo las desigualdades estructurales se replican en el entorno tecnológico y grupos históricamente excluidos del acceso a derechos encuentran no solamente las mismas barreras de acceso y uso de tecnologías, sino que están sujetos a nuevas y más complejas formas de violencia, explotación y exclusión. Corresponde al proceso mediante el cual una persona, grupo, organización o fenómeno adquiere rasgos, características y valores tradicionalmente atribuidos a las mujeres o se explica a través de éstos.
Sin embargo, igual como pasa con el crecimiento, estos logros no benefician a toda la población de la misma manera, existiendo diferencias a nivel regional. Este tipo de desigualdad suele crear malestar por parte de la ciudadanía y descontento hacia las autoridades públicas, a quienes se exige salud de calidad y para todos. Actualmente, en Chile el gasto total en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio. De acuerdo con la Encuesta CASEN, los años de escolaridad promedio en Chile son superiores a los presentados anteriormente por Barro y Lee y el PNUD.
En este contexto, la conducta social se valora o juzga en base al cumplimiento o incumplimiento del rol asignado. El derecho al debido proceso forma parte de la garantía constitucional expresada como la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Sin perjuicio que, la Constitución de la República de 1980 no contiene normas explícitas que hagan referencia expresa a este, sino que más bien, según lo dispuesto en su artículo 19 Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política, se acotó la garantía constitucional a un “procedimiento y una investigación racionales y justos”. En Chile, la Constitución Política de la República de 1980 consagra la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencias arbitrarias en el artículo 19 N° 2, recogiendo a su vez el reconocimiento a diversas dimensiones del acceso a la justicia en el numeral 3 del mismo artículo, consagrando así aspectos centrales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Por su parte, el concepto de discriminación múltiple busca poner de manifiesto que los distintos factores de discriminación pueden presentarse “a la vez”, es decir, hace referencia a cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada en dos o más categorías sospechosas. La constatación de este contexto hace indispensable explorar elementos conceptuales que aportan las teorías de género y dar una mirada diferente a la atención en justicia. A su vez, estos factores inciden en las relaciones al interior del Poder Judicial, proyectando sus consecuencias, no sólo en la atención a personas usuarias sino también en las relaciones que se dan al interior de la institución.
Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. El gobierno chileno se ha comprometido a reducir las desigualdades y la segregación entre los/as estudiantes al garantizar la gratuidad de la matrícula, escuelas públicas y/o privadas no selectivas y sin fines de lucro para todos los estudiantes, así como fortalecer la educación pública mediante la transferencia de escuelas municipales a nuevos servicios educativos locales a cargo. La igualdad de género en el Estado es una herramienta esencial para lograr la implementación de las necesarias y profundas transformaciones que permitan atender los problemas que afectan a las mujeres y mejorar sus condiciones de vida en el ámbito político, económico, social y cultural. No es posible ignorar la manera en que las desigualdades afectan a la diversidad de mujeres, a las diversidades y disidencias sexo genéricas en todo el territorio y en todos los ámbitos. Por eso, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos buscamos empujar acciones inmediatas para que la sociedad avance sin dejar a nadie atrás.
A través del estudio de caso, es necesario inicialmente constatar que, en el artículo 14 de la Constitución Española, se proclama el derecho a la igualdad y a la no-discriminación por razón de sexo. En este sentido, se reconoce la igualdad como un derecho common, recogido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, además de ser un principio estrechamente vinculado con el ejercicio de la ciudadanía, requisito imprescindible en toda sociedad democrática. Sin embargo, más allá del reconocimiento de la igualdad formal recogida en la legislación, es preciso un grado mayor de avance en pos de la efectividad de las políticas públicas en términos de igualdad de derechos en este ámbito.
Las representaciones de género serían, en este contexto, entendidas como creencias, pensamientos imágenes que la sociedad tiene sobre hombres, mujeres, grupos LGBTI, sobre la sexualidad en general, sobre lo deseable y no deseable en temas de sexo y género, and so on. De esta forma, en el entendido de este instrumento, las representaciones de género pueden denotar estereotipos, expectativas de rol, o cualquier otra imagen o construcción mental (con origen social-cultural) asociada a temas de sexo y género. El curso es un programa abierto a profesionales de distintas disciplinas o áreas del saber, interesados en conocer las principales teorías de la justicia social para ponerlas al servicio de las reformas normativo-institucionales y de políticas públicas que se requieren para avanzar hacia mayores de niveles de equidad y desarrollo social. “Lo que hemos visto en todo el mundo, sobre todo a raíz de la pandemia, es un aumento drástico de las formas en que las personas y los gobiernos dependen de diversas formas de tecnología emergente.