Además, este informe indica que el número de personas con discapacidad significativa creció a 1.300 millones de personas, es decir, una de cada seis personas en el mundo vive con una discapacidad moderada o severa. “Factores evitables, injustos y poco equitativos” y no la condición de discapacidad de las personas son los motivos de los riesgos que viven las personas con discapacidad. desigualdad economica ejemplos Si en los hospitales públicos de Santiago trabaja el 40% de los especialistas, en los de la Región de Tarapacá sólo lo hace el 1.5%, en Aysén el 1.4% y en Magallanes, el 1.6%. “En América Latina se incrementaron significativamente las tasas de obesidad”, agrega Maza. “La acumulación de grasa y el consumo de alcohol se relacionan a 15 lugares del cuerpo en donde se puede tener cáncer.
Al salir de la universidad trabajé como médico de la atención primaria, y al cabo de un tiempo de trabajar en ello me encontré con una doble frustración. Por un lado, una frustración intelectual y personal, pues me gusta más dedicarme a la investigación social que al ejercicio propio de la medicina, que es muy bonito y gratificante en algunos sentidos, pero era un área donde sentía que no me desarrollaba como esperaba. Hay una disparidad creciente en la salud física y mental de los niños y adolescentes ricos y pobres en Estados Unidos y otros países pudientes, revela un estudio reciente. Psicóloga Clínica UC; Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica, Universidad Adolfo Ibáñez; Analista Junguiana, socia fundadora de la Sociedad chilena de psicología analítica (SCPA- IAAP); Directora, docente y supervisora clínica del Magíster en Psicología Clínica Junguiana, Universidad Mayor. Socia fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica Junguiana SCPA y Directora de formación de analistas de la SCPA. Máster en perfilación y análisis de la conducta felony y en análisis y prevención del crimen.
Asimismo, impartieron el 23% de los programas de postítulo, incluyendo diplomados, especialidades médicas, odontológicas y de ciencias de la salud. A inicios de 2020 el promedio nacional era de 214 camas de hospital por cada 100 mil habitantes. Santiago tenía 227, cifra muy superior a las 132 de Coquimbo, las 153 de O’Higgins o las 154 en Tarapacá.
Como se puede apreciar en la Figura N° 7, cinco presidentes de la Corte Suprema han subrayado la necesidad de una solución legislativa. En promedio, el 92% de los recursos de protección corresponden a acciones judiciales contra ISAPREs, resaltando la carga significativa que estos casos representan para el sistema judicial. Por ejemplo, en años de alta litigiosidad, como en 2016, 2019 y 2022, la proporción de casos contra ISAPREs superó el 95% del whole de recursos de protección. Si se excluyen los casos relacionados con ISAPREs, el promedio anual de recursos de protección del período se reduciría a 17.818, es decir menos de un 7% del número actual. Pero incluso sorteando el problema de corto plazo de implementación de los últimos fallos de la Corte Suprema, es crucial emprender acciones preventivas para evitar que se repita esta crisis en el futuro. Por un lado, los ajustes realizados en base a las sentencias judiciales, al no tener un diseño bajo una racionalidad de política pública, abren frentes de futura judicialización.
Los investigadores examinaron datos recogidos de casi medio millón de niños de 11 a 15 años de edad en 34 países en América del Norte y Europa entre 2002 y 2010. Ciencia y Salud es un medio de comunicación en línea e independiente que tiene como objetivo entregar información y análisis para comprender los desafíos que afectan a la ciencia, al sector de la salud y que tienen impacto en la sociedad. Hoy miércoles 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Este año, el organismo internacional tiene el foco en “construir un mundo más justo y saludable” para disminuir las inequidades que existen en el área de la salud a nivel mundial.
Es innegable que su estructura actual se ve afectada por los ciclos políticos y desafíos de gestión, careciendo de las atribuciones necesarias para operar como una auténtica aseguradora. A esto se suma la problemática de gestión en los hospitales públicos, manifestada en su falta de eficiencia y la influencia de intereses políticos en su funcionamiento (Arteaga et al. 2017). Estos son aspectos críticos en los que se cuenta desigualdad a nivel mundial con consenso y sobre los que podríamos avanzar en el mediano plazo, que tienen un impacto relevante en la calidad y acceso a la salud en el país. Como se puede ver en la Figura N° 1, los montos finales de los planes de salud se determinan mediante un precio base multiplicado por la suma de los valores obtenido de una tabla de factores que considera las características de cada uno de los beneficiarios del plan.
A continuación, el informe indica que del subcomponente del gasto que se canaliza en los fondos de seguros de salud -que suma el 6,9% del PIB- un 2,4% del PIB está constituido por cotizaciones a fondos privados y gasto de bolsillo de afiliados a los seguros privados. Por otra parte, el financiamiento de los beneficiarios de FONASA concentra el 4,5% del PIB, que incluye las cotizaciones, los gastos de bolsillo y el aporte fiscal. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales. En tiempos donde tanto se discute respecto de la igualdad y la desigualdad social, al menos en el ámbito de la salud, es claro que no somos todos iguales. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. La apnea del sueño, caracterizada principalmente por roncopatía, cese o disminución de la amplitud respiratoria, y somnolencia diurna, aumenta el riesgo de tener diversas enfermedades cardiovasculares como hipertensión, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas coronarias y arritmias.
Como psicólogos clínicos, es esencial explorar esta conexión para obtener una comprensión más profunda de cómo las disparidades socioeconómicas pueden influir en el bienestar mental. Esta columna pretende recorrer parte de la investigación existente sobre la relación entre la desigualdad de ingresos y la salud mental, examinando los mecanismos a través de los cuales la desigualdad de ingresos puede afectar al bienestar psicológico y las implicaciones para la práctica clínica. Éste es un tema muy presente en las clases de prevención que enseño a mis estudiantes en Berlín, y creo que es muy relevante a los colegas en Latinoamérica. La disaster en el ámbito de la salud psychological de los chilenos y chilenas es un tema crítico y en el cual podríamos extendernos, sin embargo, el tema que quisiéramos aludir en esta columna es la relación entre la salud psychological y la inequidad existente en nuestro país. ¿Será solamente coincidencia que en Chile tenemos simultáneamente malos índices de salud psychological y malos índices de distribución del ingreso?
En la práctica, esto ha permitido que el sistema actual seleccione preferentemente a usuarios de menor riesgo, limitando la competencia en términos de calidad, precio y prevención (Daniel 2023). Asimismo, si bien se han logrado avances en la contención del gasto, se necesitan medidas adicionales que reestructuren la relación entre las aseguradoras y los proveedores de salud (Velasco et al. 2018). Estas y otras acciones relevantes están dentro de las recomendaciones de reformas urgentes propuestas por el Comité Técnico para la Reforma del Sector Salud, equipo transversal de expertos que fue convocado por la Comisión de Salud del Senado. Esta decisión ordenó la devolución de los pagos en exceso y promovió un nuevo proceso de reajuste, bajo supervisión y verificación de la Superintendencia y con la exigencia de mayor transparencia por parte de las aseguradoras.
Por una parte, las ISAPREs aplicando la tabla de factores y por otra un creciente número de usuarios interponiendo recursos de protección ante las cortes de justicia. Primero prohibió a las ISAPREs crear nuevas tablas de factores en 2018, aunque al poco andar las permitió siempre y cuando incluyeran diferencias por sexo y edad menores a las vigentes aprobadas por la Superintendencia. Segundo, definió una Tabla Única de Factores (TUF) a la cual se tuvieron que ceñir todos los nuevos contratos de salud a partir de abril de 2020, la que eliminó las diferencias por sexo y redujo el número de tramos de edad.
El informe anual 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos actualizó las cifras para aportar a este debate y además ofreció una serie de recomendaciones al Estado para mejorar la situación actual. En esta edición, el reporte se concentró en las diferencias en el acceso a la salud pública que existen entre la Región Metropolitana y el resto del país. Si bien con el enfoque de los determinantes sociales elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha producido un avance al vincular condiciones económicas y políticas en los procesos de salud-enfermedad, este concepto deja de lado las dinámicas territoriales y las relaciones de poder que se conjugan en los espacios urbanos. Por otro lado, tampoco cuestiona el modelo de acumulación capitalista que es la base de las inequidades en salud en Latinoamérica. En ese sentido, es necesario considerar la dimensión territorial y profundizar en las desigualdades espaciales en salud desde el modelo de determinación social que propone la corriente de salud colectiva (Morales-Borrero et al., 2013).
Para responder esta pregunta revisamos la investigación internacional, la cual resumimos brevemente a continuación. Pero más allá de las implicancias económicas y sociales, también marca a fuego el estatus sanitario de la población implicada. Por lo tanto, las personas más pobres son las más enfermas, ya que la pobreza no tiene implicancias solo a nivel socioeconómico, sino también a nivel sanitario. Centros de atención, centros de salud psychological, residencias de ancianos, centros de rehabilitación, servicios médicos de urgencia). Para ser elegibles para la inclusión, los participantes debían ser mayores de edad y estar empleados en entornos de atención médica públicos o privados. “La población adulta en Chile presenta una alta prevalencia de caries y una cantidad de dientes no funcional, que se ha mantenido en el tiempo, donde el grupo menos educado presenta los peores niveles de salud bucal y las mujeres presentan la mayor cantidad de pérdida en piezas dentales”.