Coordinadora de prácticas y trabajo ultimate de máster e investigadora del Máster en Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal (PACC-UB). Miembro del grupo PACC de investigación legal en la especialidad de las agresiones sexuales de múltiples perpetradores. Coordinadora, docente e investigadora del Máster en Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal (PACC-UB). Miembro del grupo PACC de investigación felony en la especialidad de hurto en la ciudad de Barcelona. El informe recomienda a los gobiernos 40 medidas, que van desde la creación de infraestructuras físicas hasta la formación del private sanitario.
Sin embargo, como se ha reconocido, esta es una medida que solo atenúa muy parcialmente los efectos del fallo GES mientras se espera la aprobación definitiva de la Ley Corta. Pero por sobre todo preocupa que esta pueda cumplir con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema y la continuidad en las coberturas de salud. Esta decisión ordenó la devolución de los pagos en exceso y promovió un nuevo proceso de reajuste, bajo supervisión y verificación de la Superintendencia y con la exigencia de mayor transparencia por parte de las aseguradoras. Este mecanismo permitió a las ISAPREs reajustar sus precios base en un promedio efectivo del 2,6%, por debajo del tope calculado previamente por la Superintendencia, que consideraba la variación de costos en el sistema en los tres años anteriores (se debe recordar que no se habían aplicado alzas a los precios en los dos años anteriores durante la pandemia). Por su parte, el Poder Judicial ha desestimado nuevos recursos de protección en este ámbito desincentivando la judicialización en este componente. Hace un par de años Chile fue aceptado en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Una tercera y muy importante fuente de financiamiento que menciona el informe es el gasto de bolsillo “que incluye compra de remedios, pago de exámenes no cubiertos por los seguros de salud y copago a las prestaciones en salud como hospitalizaciones y consultas médicas”. Nos alejamos de los paradigmas lineales y reduccionistas y nos abrimos a enfoques sistémicos, organizacionales, tectológicos, determinantes sociales tienen injerencia en la salud y se deben corregir. La Organización Mundial de la Salud ya colocó la mejora de esta brecha como objetivo (número dos) en la estrategia de «Salud para el siglo XXI». Con voluntad política, con conocimiento, con arduo trabajo y con solidaridad hacia el otro como declara el Papa Francisco al referirse sobre el deber de la solidaridad que «nos obliga a buscar modos justos de compartir, para que no exista esa dramática desigualdad entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada, entre el que descarta y el descartado».
Esto a través de la destinación de mayores recursos e inversiones, la construcción de nueva infraestructura, la formación de nuevos especialistas, el mejoramiento de la atención primaria y la creación de fondos especiales para el financiamiento de medicamentos. La actual pandemia por Covid-19 ha traído al debate la estrecha relación entre las desigualdades sanitarias y la configuración del espacio urbano neoliberal. Si bien la importancia del pensamiento salubrista en el desarrollo de las ciudades es de larga data, se sostiene que la coyuntura actual ha vuelto a posicionar a la salud pública como un factor trascendental al momento de planificar las ciudades, a fin de propiciar una distribución más equitativa de las condiciones sanitarias y ambientales. Esta columna busca visibilizar la perspectiva de la salud colectiva en su doble propósito de comprender los procesos de salud-enfermedad como fenómenos socioespacialmente construidos, así como también vincular a diversos actores locales en la gobernanza de la salud. Las condiciones adversas de vida, relacionadas con la desigualdad, moldean la estructura cerebral. Investigaciones recientes destacan cómo la desigualdad de género influye en la estructura cerebral a nivel global.
Los autores plantean que la esperanza de vida coincide con un patrón geográfico claro al interior de la ciudad, evidenciando la segregación socioeconómica y de nivel de salud en Chile. Se observó que la mayor esperanza de vida se concentra desde el centro y hacia el oriente de Santiago, con una expectativa de hasta 17,7 años más en estas zonas favorecidas. Para la académica estas dos son las principales causas de desigualdad en salud que afectan a la mujer, junto al tiempo que toma el cuidado del hogar. “La sociedad asume que el cuidado del hogar lo debe hacer la mujer, aunque además trabaje fuera de casa, debe hacer las dos tareas lo que ocupa mucho tiempo, por lo tanto tiene menos espacio para el autocuidado, la prevención de enfermedades, and so on.”. En cuanto a la salud, la académica del Departamento de Salud Pública, Marcela Marín, señaló que las desigualdades en esta área que afectan a las mujeres y las dejan en desventaja frente a los hombres, se relacionan -por ejemplo- con recibir menos beneficios que los hombres inscritos en las Isapres, “ya que este tipo de seguro cataloga a las personas por riesgo.
En Chile, Salud Un Derecho hizo un respetable esfuerzo de sistematización de cifras que están disponibles públicamente por parte de entidades como la OCDE. Lo que nos muestran estas cifras es que países como el nuestro tienen un gran desafío por delante en materia de reformas estructurales en salud para que las políticas que se apliquen no vayan en la dirección de soluciones privatizadoras, sino en la dirección de resguardar los derechos fundamentales de las personas. Al menos ése es el camino que señalan los países que tienen mejores indicadores de salud, de igualdad y de aseguramiento del derecho a la salud. Se señala que éste es un factor desigualdad alimentaria de desigualdad, lo que queda demostrado por el negativo coeficiente Gini que caracteriza a Chile en comparación con muchos otros países del mundo, según cifras que reporta el Informe de Desarrollo Humano que emite el PNUD (2010) y publicadas por Salud Un Derecho.
La desigualdad de ingresos es un problema social acuciante que tiene repercusiones de gran alcance en diversos aspectos de la vida de las personas. Entre estos impactos, un área de creciente preocupación es la relación entre la desigualdad de ingresos y la salud psychological. «Los muchos problemas sanitarios y sociales que se relacionan con la desigualdad de ingresos y las tendencias globales actuales respecto a la creciente desigualdad de ingresos llevan a una triste predicción sobre la salud poblacional del futuro. Se deben tomar medidas urgentes para abordar las desigualdades sanitarias en la adolescencia», concluyó Elgar. En conclusión, nuestro estudio muestra un panorama general de las diferencias de género en el impacto psicológico de la pandemia en Chile. En este contexto, la pandemia intensificó brechas de género ya presentes en la salud mental y en el mercado laboral. Esta disparidad está fuertemente asociada a la mayor fragilidad económica de las mujeres, y al aumento en las tareas en el hogar y cuidado de niños.
En este artículo se propone analizar en detalle cómo ha evolucionado la situación de las aseguradoras privadas, explorando sus causas y las consecuencias que ha acarreado. Como punto de partida para comprender de manera integral esta problemática, resulta importante realizar primero un diagnóstico de nuestra posición actual en el ámbito de la salud. Para Deaton, Premio Nobel de Economís 2015, la estimulante historia del progreso material es también el relato de cómo se ha extendido la desigualdad entre los países y dentro de los países. Los avances de la medicina han significado para gran parte de la humanidad el Gran Escape respecto de todo tipo de privaciones y de muchas enfermedades mortales. Pero aunque es cierto que cada vez hay más gente saludable y con acceso a bienes y servicios básicos de calidad, hoy en día el mundo es crecientemente inequitativo. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas.
Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”. Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión requiere, en primer lugar, entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Finalmente, aunque no hay acuerdo respecto de cuál debería ser el modelo institucional de nuestro sistema de salud en el largo plazo –basta ver las propuestas en esta materia de los dos últimos proyectos de nueva Constitución–, hay varias reformas que podrían ver la luz en el Congreso. Entre ellas, se destaca la urgente necesidad de reformar FONASA, un proceso respaldado por un diagnóstico compartido y propuestas concretas de parte de una comisión transversal (CEP 2020). Es innegable que su estructura actual se ve afectada por los ciclos políticos y desafíos de gestión, careciendo de las atribuciones necesarias para operar como una auténtica aseguradora.
Las sociedades con mayor inequidad generan más ansiedad, vergüenza, depresión y otras emociones negativas. Además, en las sociedades con más inequidad hay menos movilidad social (donde los privilegios económicos son pasados de generación en generación), generando un círculo vicioso entre ambos. El intentar surgir, sin tener las posibilidades reales de hacerlo, resulta en frustración, genera violencia, lleva a delinquir para obtener lo que se desea, o al abuso de sustancias como forma de escapar de las emociones negativas. La erosión del capital social y debilitamiento de los lazos sociales, la cual es más frecuente cuando hay mayor desigualdad, genera desconfianza, falta de voluntad para ayudar a otros, baja participación electoral, tasas más altas de crímenes violentos y encarcelamiento.
Los medios de comunicación, especialmente el acceso a internet, permite a aquellos de bajos ingresos ver cómo viven aquellos con mayores ingresos. Los medios además favorecen y fomentan la ilusión de que el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios traerá consigo éxito, belleza y mayor bienestar. Las investigaciones muestran que el impacto de esto en la salud física y mental es inmensamente negativo. Incluso se ha demostrado que más de la mitad de las personas prefieren tener menor poder adquisitivo, pero una mayor posición social. Lejos de ser un evento natural, uno de los motores de este proceso fue la movilización y participación de los trabajadores y del pueblo organizado. Con la creación de sociedades de socorro mutuo, a partir de la mitad del siglo XIX, los artesanos se ayudaban recíprocamente para protegerse frente a la inacción estatal, a las muertes y a las enfermedades originadas a raíz de las duras condiciones de vida y trabajo impuestas por la modernización capitalista.
No obstante, estas modificaciones no abordaron un componente esencial conocido como mutualización, que reducía los pagos retroactivos de las ISAPREs en forma importante, de cerca de US$ 1.450 millones a US$ 451 millones (cifra que, aunque menor, corresponde al total de utilidades acumuladas entre 2012 y 2020 de estas instituciones). En términos simples, la mutualización considera el seguro de salud como un mecanismo solidario en el que el riesgo se comparte entre los beneficiarios, recalculando la deuda sobre el total del sistema en lugar de los efectos individuales. Según la ley N° 20.015, la tabla de factores permite ajustar el precio base del plan de acuerdo con la edad, sexo y la condición de cotizante o carga de una persona. En un comienzo, y en conformidad a las reglas establecidas, esta era elaborada por la ISAPRE siguiendo una estructura definida por la Superintendencia. En 2010, si bien el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional la existencia de estas tablas, determinó que su estructura era contraria a la Constitución porque no le establecía límites proporcionados y razonables a la Superintendencia para determinar los tramos de edad, de manera que fuesen compatibles con la igualdad ante la ley y el derecho a la salud.
Es decir, otra de las injusticias para quienes viven en la periferia urbana es tener que transportarse a través de mayores distancias para acceder no sólo al empleo, sino que a muchos servicios básicos. La más directa es a través de los ingresos, es decir, de la cuantía y estabilidad de ingresos que el empleo genera. Si los ingresos son insuficientes, los patrones de consumo probablemente no contribuirán tanto a la construcción de salud y expondrán a las personas desigualdad de género en américa latina pdf a más riesgos. Psicóloga Clínica UC; Magíster en Psicología Clínica mención Psicología Analítica, Universidad Adolfo Ibáñez; Analista Junguiana, socia fundadora de la Sociedad chilena de psicología analítica (SCPA- IAAP); Directora, docente y supervisora clínica del Magíster en Psicología Clínica Junguiana, Universidad Mayor. Socia fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica Junguiana SCPA y Directora de formación de analistas de la SCPA.