Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). A similares resultados llega el estudio de la OCDE y CEPAL (2016), el cual informa que en las últimas décadas, el país, además del ya mencionado crecimiento, ha mejorado el acceso de la población a servicios claves como tratamiento de aguas residuales y transporte público urbano, sin embargo, estas mejorías se vieron acompañadas de una persistente desigualdad del ingreso y daños medioambientales. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud.
Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Para comenzar, James Gomme, se refirió a la desigualdad como riesgo sistémico, ya que está debilitando y amenazando a las economías y a los ecosistemas sociales, y a la urgente necesidad de abordarla, para que los 9 billones de personas que se proyectan al 2050, puedan vivan bien, dentro de los límites planetarios y mencionó las principales tendencias que exacerban la desigualdad.
No hacerlo podría suponer un riesgo significativo de socavar el potencial de expresión libre y segura de los mismos grupos que la legislación pretende proteger. Las iniciativas legislativas en materia de violencia sexual y por motivos de género deben integrarse en los marcos y las políticas establecidos sobre la violencia de género. Esto garantiza la coherencia y la sinergia a la hora de abordar las diversas formas de violencia de género. Entre los principales desafíos, se encuentran la falta de consideración de este tipo de violencia como una violación de los derechos humanos por razón de género, la prevalencia del uso del sistema de justicia penal para abordarla (y su interpretación abusiva), la falta de equilibrio de los derechos, las barreras experimentadas por las víctimas en el sistema judicial y la impunidad. La legislación, en muchos casos, no sólo ha sido ineficaz a la hora de proteger la expresión de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que además las pone en peligro. El Informe también repasa la agenda de demandas de derechos económicos, sociales y culturales que estuvieron en la base del estallido.
De grandes aglomeraciones y abrazos, soportando el temor a la violencia, los perdigones y los gases lacrimógenos, pasamos a encerrarnos en nuestras casas todo lo que podemos, soportando el temor a un virus del que nadie sabe tanto todavía. Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, dice. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”. Actualmente, y tras 169 años desde la promulgación del artículo y la creación del Código Civil, son muchas las mujeres que siguen viviendo casos como el de Francisca y Sonia, hecho que se ha constatado en los testimonios recopilados por la campaña.
Los casos calificados de feminicidio han experimentado una baja temporal desde 2007 a 2012, y hasta 2014 no bajaron de 40 casos al año (PNUD, 2014), lo cual evidencia que las políticas de protección para quienes han sido víctimas de violencia no están teniendo el resultado esperado y resulta necesaria una reformulación de ellas. “Si no afrontan con audacia la necesidad de gravar más y mejor —como es su obligación en materia de derechos humanos—, los países de América Latina seguirán viéndose arrastrados por un malestar de desigualdad socioeconómica que favorecerá a una élite rica mientras perjudica a la sociedad en su conjunto”, ha afirmado Kate Donald. Países como México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes por COVID-19 en la región en proporción a su población. Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica de la región que ha resultado fatal durante la pandemia de COVID-19. Así lo afirman Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR) en un nuevo informe conjunto publicado hoy.
A pesar de estas diferencias, son muy informativos y nos permiten hacer comparaciones entre los distintos territorios del país y su evolución en el tiempo. Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son eleven, con una leve diferencia por género, eleven,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010).
Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. Desde el enfoque de derechos, se requiere de políticas reforzadas para poblaciones más vulnerables de manera que puedan acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo, como la niñez en situación migratoria, en situación de discapacidad, o pertenecientes a pueblos indígenas. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello.
Actualmente en Chile, el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre (OCDE, 2018). En respuesta a la creciente preocupación por el aumento de la violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV) y su impacto de largo alcance en los individuos y la sociedad, se están haciendo esfuerzos a nivel mundial, regional y nacional para establecer normas y políticas para abordar esta cuestión. Mientras tales esfuerzos son, en muchos casos, aun insuficientes, investigaciones recientes revelan importantes deficiencias en los sistemas jurídicos locales para ofrecer una protección adecuada a las mujeres y las personas LGBTQIA+. Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en general, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna. Se observa una brecha clara en este ámbito entre Chile y España, debido a la ausencia de una política clara en este punto en el caso chileno, frente a los resultados incipientes del caso español. Tal como señala la Recomendación sobre Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada por 193 países de la Unesco, los Estados deben generar medidas efectivas para la realización de estudios de impacto en derechos humanos en el desarrollo e implementación de este tipo de tecnologías.
Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. La disaster iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para Chile, los seis meses entre octubre de 2019 y abril de 2020 han sido extraños, por decir lo menos. Pasamos de un estallido social y una efervescencia por salir a la calle, conectarse, conversar y reencontrarnos (aparejado de una reacción estatal que produjo una gravísima crisis de derechos humanos) a enfrentar una pandemia que nos obligó a replegarnos y alejarnos físicamente.
El concepto de estructura social es un concepto complejo de larga tradición en la Sociología que, en términos simples, se ha utilizado para argumentar que las personas no son totalmente libres para actuar en la vida social, sino que su libertad está limitada en distinto grado, por condicionantes estructurales. La discriminación directa hace referencia al tratamiento jurídico diferenciado y perjudicial para una persona sobre la base de una categoría sospechosa la cual es invocada explícitamente como motivo de la distinción desigualdad de la población o exclusión. Se trata de una situación en la que, en función de los rasgos especialmente protegidos, una persona es o puede ser tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga. Por otro lado, se configura un supuesto de discriminación indirecta cuando un tratamiento diferenciado se basa en un motivo aparentemente “neutro”, pero cuya aplicación tiene un impacto perjudicial e injustificado sobre los miembros de un determinado grupo o colectivo protegido por una cláusula antidiscriminatoria.
La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global.
La desigualdad social es un problema en Chile, ya que según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 28.6% de las personas adultas en Chile carecen de educación primaria y secundaria y según la Encuesta Nacional de Hogares del INE, sólo el forty seven.3% de las personas mayores de 18 años tienen educación universitaria. Por lo tanto, existe una brecha entre quienes tienen un nivel educativo bajo y las personas que cuentan con educación media o universitaria. La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida private desigualdad de clase y profesional. La justicia social contribuye a reducir las desigualdades económicas y sociales; la pobreza, el desempleo y la discriminación.