No obstante, aun considerándose ambas dimensiones, como se expuso en la sección anterior y, como se puede observar en el Anexo 1, los contenidos de estas siguen estando enfocadas mayormente en la dimensión ex-ante. Respecto de las 27 acciones públicas analizadas, se encontraron 18 que hacían referencia, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a las variaciones en el contexto social. Por el contrario, solo se encontraron cinco de estas acciones que hicieran referencia a las diferencias en las perspectivas relacionales, cuatro que aluden a las heterogeneidades personales y dos que apuntan a la diversidad ambiental. Sin realizar un juicio de valor respecto de estos resultados, lo que requeriría un estudio profundo de las causas de las desigualdades en Chile, se puede observar una tendencia hacia un solo factor causante de las disparidades económicas, es decir, a las variaciones en el contexto social en que se encuentran las personas que residen en el país.
Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Enfatizan en que los sectores más dinámicos y productivos de la economía, que se concentran en pocas empresas y generan una baja proporción del empleo, coexisten con sectores más atrasados tecnológicamente, con menos acceso a capital, mayor endeudamiento y menor productividad, donde se encuentra la mayoría de las empresas y que son responsables de más del 80% del empleo privado. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel actual, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona.
María Luisa Méndez, académica de la Universidad Católica e investigadora principal de Centro de estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), señala que el trabajo de PNUD muestra las bases históricas de la desigualdad. Un fenómeno que parte en las haciendas, se dio en el desarrollo de la minería y posteriormente se profundiza con la instalación del modelo neoliberal. «Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». El autor se refirió a los seis nudos de reproducción de la desigualdad que se identifican en el libro y que son los que debieran atacarse para revertir la brecha socioeconómica. Entre ellos mencionó que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos; que el Estado está insuficientemente involucrado en tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos; y que nuestro sistema educativo altamente segmentado no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades. En esta columna discutimos los resultados de un estudio que muestra que percibir desigualdad económica en la vida cotidiana a través del contacto con personas de diferentes estratos sociales puede contribuir a cuestionar la percepción de que la inequidad existente es justa.
Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente. La desigualdad es un tema que aflora en cada uno de los informes económicos que la OCDE realiza para Chile. En 2015, el país ocupa el puesto número dos en desigualdad entre los miembros de la OCDE (medida a través del índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias), después de México.
En el año 2015, Chile adoptó la Agenda 2030, la cual busca guiar a los países en la implementación del desarrollo sostenible. Dentro de esta agenda, se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre “Reducir la desigualdad en y entre los países”, el cual contempla diez metas. Así, para este artículo, se analizaron las acciones públicas, presentadas por el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de determinar si la estrategia chilena, llevada a cabo entre el 2015 y 2018, considera un concepto multidimensional de las disparidades económicas o no. Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud.
Los hogares tienden a declarar menos ingresos de lo que realmente reciben, sobre todo, los procedentes de las rentas del capital. El segundo argumento que expone Atkinson (2015) tiene que ver con la igualdad de oportunidades competitiva. Aquí, se garantiza que todos podrán acceder, por ejemplo, a un trabajo o al sistema de educación, entre otros. Sin embargo, existe una amplia gama desigual de recompensas, las cuales son construidas socialmente (Hopkins & Kornienko, 2010). Por ejemplo, dos individuos que pudieron acceder a la misma educación profesional, en igualdad de condiciones ex-ante, obtienen luego el mismo puesto de trabajo, pero en diferentes empresas. Estas compañías ofrecen diferentes salarios, por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, generando desigualdad de resultados para dos personas que tenían en principio igualdad de oportunidades.
Los problemas de salud pública del país son reflejo de las desigualdades sociales y económicas de Chile. Aún con varios subsidios del gobierno, todavía hay personas que no tienen acceso a los servicios básicos de salud, una forma de injusticia que debe ser atendida. Se privatizó la educación y se estableció la subvención, lo mismo pasó con la salud, y lo más dramático fue lo que ocurrió con el sistema de seguridad social.
Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE. Además enfatizó que Chile sería parte de este conjunto de países que ayudan a que la economía mundial sea más fuerte, limpia y justa (informa oecd.org, el día eleven de Enero de 2010, a través del titular “Chile, primer país sudamericano miembro de la OCDE”). Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los eleven indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.three. Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.3, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018).
Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores. Y aunque las diferencias en la vida social sean evidentes, y pese a las sociedades tengan medios legitimados de distribución de los recursos, dice Méndez, se entiende que hayan asimetrías. En informe de PNUD, establece Dante Contreras, Director COES y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, detallaba además la falta de dignidad social y maltrato, como parte de la desigualdad. «Otro elemento que es bien relevante y que nosotros en COES también hemos recogido en las encuestas, es que la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública, que también tiene que ver en cómo nos organizamos como sociedad». Un llamado que vuelve a cobrar vida con la entrega de los resultados preliminares de esta inédita investigación elaborada por expertos del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número 11 del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público. Además, si bien Chile ha demostrado un carácter propositivo en materias migratorias, por ejemplo, a través del Instructivo Presidencial “Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria” (Gobierno de Chile, 2015), en este mismo se recalca la necesidad de una política pública y cuáles factores debiese considerar. Así, por la falta de un documento disponible que establezca una política pública en materia migratoria internacional ( De las Heras, 2016 ), y considerando que los documentos propuestos en el informe son de carácter privado, no es posible evaluarlos y, por lo tanto, no serán incluidos en esta investigación.