El banco de datos se forma a través de 44 preguntas sobre las leyes, trabajo que es apoyado por más de 3.000 abogados de a hundred ninety países. Datos que ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles para analizar el avance a nivel mundial hacia la igualdad de género. Chile, Colombia, México y Perú han logrado importantes adelantos en la participación de la mujer en la toma de decisiones, los años de escolaridad de las niñas, el ingreso de la mujer al mercado laboral y la protección social para las familias. Sin embargo, la desigualdad económica se mantiene alta en toda la región, y esta desigualdad tiene un efecto especialmente duro en las mujeres, sobre todo, en las pertenecientes al ámbito rural, con bajos ingresos y menor nivel educativo. Sin duda los factores son múltiples, pero la desigual distribución de las tareas familiares juega un rol basic.
Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. ‘Nosotras sostenemos que mejorar la situación de las mujeres en cuanto al acceso a energía de calidad, incide directa e indirectamente en otros segmentos de la población (por ejemplo, en sus dependientes)’, agregó.
Sin embargo, aún hay grandes diferencias en la participación de ambos sexos en la fuerza laboral asalariada. La brecha de género en la participación en la fuerza laboral en Chile es de cerca de 22 puntos porcentuales, que aunque está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (25), se sitúa por encima del promedio de la OCDE (17). Estas brechas de género tienden a ser menores en las zonas urbanas que en las rurales en toda América Latina. Difícilmente podremos avanzar en cerrar las brechas económicas si no ocurre un cambio en la forma en que valoramos y distribuimos las tareas al interior de la familia. La encuesta CEP 2022 muestra que todavía sobre el 50% considera que un niño en edad preescolar sufre si su madre trabaja y que la vida familiar se resiente cuando la mujer trabaja tiempo completo, opinión compartida tanto por hombres como por mujeres.
En el caso de cuidado a menores entre 0 y 2 años, podrá hacerlo quien tenga la patria potestad (y los gastos de sala cuna no estén cubiertos por el empleador). Mientras que, en el caso del cuidado a personas con discapacidad severa o profunda, la persona que tenga esa responsabilidad. Según el texto de la reforma tributaria, serán deducibles los gastos por cuidados a personas con dependencia (discapacidad severa o profunda) y a niños y niñas entre 0 y 2 años.
Ambas expertas coinciden en que la disaster de los cuidados debe ser uno de los aspectos centrales a ser abordado en el proceso constituyente. Pero antes de eso y en basic, el Estado debe cumplir con los compromisos que ya ha adquirido en materia de género y es a eso a lo que apuntan las directrices de ONU. Para la investigadora de Fundación SOL el tema de los cuidados debe tener una respuesta integral de parte del Estado, ya que es necesario que la sociedad completa comprenda que ninguna actividad económica es posible sin que existan quienes se dediquen a hacerse cargo de los más jóvenes y los más ancianos integrantes de nuestra comunidad. Esta realidad que no se refleja en las estadísticas de desempleo porque los criterios que se utilizan excluyen de forma exagerada a las mujeres.
«Urge más que nunca acelerar los esfuerzos para reformar las leyes y promulgar políticas públicas que empoderen a las mujeres para que puedan trabajar, crear empresas y hacerlas crecer”, planteó la autora principal del informe, Tea Trumbic. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas.
Consiste en una medida indirecta de percepción de desigualdad basada en respuestas sobre los salarios que se cree que obtienen ciertas ocupaciones. En concreto, se pregunta respecto del salario que el encuestado cree que obtiene alguien en una ocupación de alto estatus y alguien en una ocupación de bajo estatus. En base a estas dos magnitudes se calcula una proporción denominada brecha salarial percibida, dando como resultado una variable que puede ser considerada continua.
La brecha de género no es un problema exclusivo de las mujeres, sino que afecta a toda la sociedad y su solución es tareas de todos. Por su parte, la especialista en salarios y tiempo de trabajo OIT, Sonia Gontero, recordó otra medida que ayudaría a equilibrar la disparidad de sueldo entre hombres y mujeres, y que apunta a transparentar la remuneración en las ofertas de trabajo, proyecto de ley que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados desde 2022. “Ayuda tanto a hombres como a mujeres a negociar sus salarios y a enfrentarse a entrevistas de trabajo sabiendo exactamente cuál es el salario que se paga por dicho puesto. Aquí creo que es muy importante que haya mujeres involucradas en los liderazgos, y en el proceso de toma de decisión de estas políticas, para incorporar la perspectiva de género en el diseño de políticas, es importante la voz de las mujeres”, explicó Gontero. Explicó que la mitad de las mujeres participan en la fuerza laboral mundial y, en el caso de los hombres, es de tres cuartos. Aumentar la participación económica de las mujeres es clave para amplificar sus voces y configurar las decisiones que las afectan de manera directa.
Desde la academia, uno de los factores que contribuye a esta desigualdad es el impacto negativo ocasionado por la maternidad, fenómeno conocido como “multa por hijo o hija”, que fue el objeto del más reciente estudio del subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Dante Contreras junto a los investigadores, Pablo Muñoz y Cristóbal Otero. Si bien el principal issue de desigualdad de género es la brecha salarial, existen otras aristas en las que las mujeres se ven perjudicadas respecto a los hombres. Particularmente en Chile, desigualdad de hecho el acceso a la energía es mucho más limitado para el género femenino que para el masculino, y la investigación ¿La pobreza energética tiene cara de mujer en Chile? La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo.
El Programa para una Cobertura de Salud Primaria Universal y Resiliente mejorará el acceso de la población a servicios sanitarios de calidad, a través de innovadoras medidas orientadas a incrementar la accesibilidad, resiliencia y eficiencia de la atención primaria, que contribuyan a consolidarla como base del sistema de prestación de servicios de salud. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro.
En Chile, para combatir la violencia económica, el gobierno implementó el año pasado el Registro Nacional de Deudores, un mecanismo para el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, que ha permitido el pago de 162 mil millones en deudas por fondos de AFP, beneficiando a más de 50 mil familias. Así, la igualdad de género forma parte también de la “Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo” de 2019, adoptada por representantes de gobiernos y de organizaciones de empleadores y de trabajadores. Allí se exhorta a los 187 Estados Miembros de la OIT al “logro efectivo de la igualdad de género en materia de oportunidades y de trato”. Además, junto al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en 2022 presentamos al Congreso el proyecto de ley “Más Mujeres en Directorios”, que busca aumentar gradualmente su participación en las mesas directivas de empresas abiertas y especiales. Esta iniciativa, además, pretende asegurar la representación de sus voces y experiencias en la toma de decisiones, que no son sólo necesarias sino también beneficiosas para las firmas y las personas que trabajan en ellas.
No se trata de que se hayan dado vuelta las estadísticas y que antes las mujeres hayan gozado de una mejor situación sino que la disaster actual ha agudizado lo que ya period un gran problema. En febrero, el Centro de Estudios de PRODEMU aplicó a 1.366 mujeres la encuesta nacional “Mujer y vida diaria 2020”, la que demostró que el aspecto económico es un elemento muy deficitario para ellas y su entorno acquainted, siendo la razón principal por la cual las mujeres entre 31 y 60 años necesitan apoyo externo. «Las inequidades de género no atañen solo a las mujeres y debemos abordarlas como sociedad, resguardando en lo posible los principios de la meritocracia. Las políticas desigualdad de economica públicas deben estar orientadas a eliminar las barreras que impiden el desarrollo de las mujeres en los distintos ámbito». Por otra parte, se observan brechas en el ingreso mensual de la ocupación principal en las distintas ramas de la actividad económica. De esta forma, prevalece un diferencial en el ingreso laboral en el Comercio (-35,1%), Industria Manufacturera (-32,1%), Enseñanza (-29,3%) y Salud (-36,5%). En el caso de la Construcción, se observa una brecha a favor de las mujeres de un 24,5%, lo que se explica por la composición del empleo en dicha rama, debido a que las pocas mujeres que se insertan en el sector lo tienden a hacer en empleos de alta calificación y mejor remunerados.
Por otra parte, el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución que compromete a los 193 miembros de esta organización a trabajar en un programa de 17 objetivos, llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos se encuentra el número 10, sobre “Reducir las desigualdades en los países y entre ellos” (Naciones Unidas, 2018). Chile adoptó esta agenda y, actualmente, se encuentra implementando sus 17 objetivos en sus diferentes partidas públicas, con el fin de alcanzar las metas que ahí se establecen (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2017a). Según la jefa del Departamento de Equidad de Género y Diversidad del IPVG, Camila Inostroza, “los cambios que está experimentado Chile son positivos, en términos de brecha de género, pero es importante comprenderlos en su contexto.