Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente. Las definiciones que manejamos acá son hasta ahora pre tax, de todas maneras; en un futuro cercano vamos a sacar publish tax. Ahora, en Chile, en los estudios que se han hecho antes, la diferencia entre la distinción pre y submit tax es poquita. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio. Es por eso que, en common, la visión compartida es que los impuestos al consumo son eficientes para efectos de recaudación, pero son regresivos.
Por lo tanto, es esencial considerar ambas dimensiones de la desigualdad, para entender a cabalidad cómo se compone y discernir qué elementos podrían estar profundizándola (Stiglitz & Doyle, 2015). Reducir la desigualdad de 0,49 a 0,forty three para Chile o de zero,50 a 0,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. En estos párrafos, se busca hacer una descomposición un poco más profunda de evidencia nacional sobre desigualdad para entregar perspectivas acerca de la concentración de ingresos, su dimensión territorial y su eventual rol en el conflicto social. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno. Estos límites se basan en estimaciones, ajustadas por tamaño de familia, de la media del ingreso acquainted para las áreas metropolitanas y no metropolitanas designadas.
En otro apartado, el informe constató que en la Región Metropolitana de Santiago ha habido una mejora durante quince años, pero las diferencias entre las comunas son persistentes y han aumentado. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo period no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998. Esta enmienda prohibió el financiamiento federal para las autoridades de vivienda (organismos públicos) que buscaban ampliar su volumen de viviendas públicas.
En este sentido, Iwuoha & Jude-Iwuoha (2020) argumentan que la actual situación mundial causada por el COVID-19 ha retrasado gran parte del trabajo que se había llevado a cabo respecto de la Agenda 2030, como también ha dejado en evidencia, nuevamente, las insuficiencias del modelo de desarrollo que se había alabado tanto en algún momento de la historia. En otras palabras, la actual pandemia demuestra la realidad y urgencia que requiere enfrentar las desigualdades socioeconómicas existentes, que sin duda se han acrecentado, siendo la población más pobre la más afectada y marginada (Leal et al., 2020 ). Por otra parte, y como también se mencionó al comienzo de este artículo, el Coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional a la hora de medir la desigualdad ( Medina, 2001 ; Goubin, 2018 ) y Chile no es la excepción.
El segundo ranking es el más actualizado que tiene la organización y está ordenado en base al valor más reciente que tiene cada país de coeficiente de Gini. Osvaldo Larrañaga señala que «en common, el Banco Mundial va publicando las últimas cifras disponibles (de este coeficiente), que no son las mismas para todos los países». En su respuesta, la organización nos referenció dos ranking del Banco Mundial que utilizan el coeficiente de Gini como método de medición, que es «una de las estadísticas de desigualdad más utilizadas», según aclaran.
En él los líderes mundiales expresaron “alarma y preocupación”, pero para la sociedad civil y activistas reunida en la COP26 Coalition no fue suficiente sino más bien vago y poco ambicioso. El primer documento presentado por la presidencia a cargo de Reino Unido, expresaba su preocupación por los daños ocasionados al planeta y hace un llamado a la reducción de gases contaminantes en un 45% para 2030 . La expectativa también apuntaba a que los países presionaran para que al menos la mitad del dinero se destine a proyectos de adaptación al cambio climático y no solo a la reducción de emisiones, como pasa actualmente con la mayoría del presupuesto.
Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los 11 indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.three. Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.4 desigualdad de social, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018).
Por ejemplo, -tomando en cuenta los cambios entre 1961 y India, el segundo país más poblado del mundo, habría sido un 30% más rico sin el cambio climático. En tanto, Noruega, que es un gran productor de fuel y petróleo, es un 34% más rico en relación a las alteraciones del clima. Lo expertos estimaron que la brecha en el ingreso per cápita entre los países más ricos y los más pobres es 25 puntos porcentuales más grande de lo que habría sido sin el cambio climático.
Durante las primeras décadas de la posguerra, por ejemplo, los ricos cumplieron con unas tasas impositivas superiores al 80%. Otro issue de este tipo que está profundizando las brechas se encuentra al analizar la procedencia de las grandes fortunas. Durante el siglo XIX, la parte alta de la sociedad (financieros, rentistas y propietarios de grandes explotaciones industriales) debía su riqueza fundamentalmente a la propiedad del capital. Aunque en el pasado la desigualdad alcanzó cifras superiores a las actuales, las brechas no se veían agravadas por este hecho inédito, y esa separación perfecta que existía entre capitalistas y trabajadores hoy se ha desdibujado.
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación complete desigualdad economica social del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso.
Estudios como los dirigidos por Lustig iluminan las inevitables controversias y, así, éstas podrían dejar de conducir a simples animosidades para dar paso a la creación de políticas mejores. De manera related, a los hombres y mujeres jóvenes que con dificultad llegaron a la universidad con la expectativa de lograr una remuneración relativamente alta, al graduarse no les agrada descubrir que, por ejemplo, los sueldos de periodistas y psicólogos aumentan de modo mucho más lento que los de técnicos en computación o de operarios de maquinaria. En efecto, esta frustración es algo subyacente (aunque no siempre de forma manifiesta) en muchas de las últimas protestas estudiantiles en América Latina y en otros lugares del mundo. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos.
“Este informe muestra que las violación de derechos sociales como el derecho a la salud no son por azar si no por decisiones de autoridades del Estado. No se debe meramente a un virus que afecta a la población a nivel mundial o a falta de recursos. Esa violación de derechos sociales se debe fundamentalmente a decisiones de políticas públicas que favorecen o no a ciertos sectores de la población. En el caso de Chile esas decisiones de políticas públicas nos han llevado a desigualdades estructurales, a tener un sistema de salud que se financia en gran medida con recursos de los hogares y en la existencia de un sistema fiscal regresivo.