Su finalidad fue brindar asesoría para implementar lo resuelto, resguardando el equilibrio financiero de la industria y la continuidad de coberturas del sistema. El hito más reciente corresponde a los fallos de la Corte Suprema de noviembre y diciembre de 2022, que validan el uso de la tabla de factores al momento de celebrar contratos de salud, pero que solo permiten la utilización de la TUF. Estas sentencias no estuvieron exentas de cuestionamientos, pues la Corte determinó que su aplicación era de carácter general,2 afectando a todos los afiliados, incluso aquellos con contratos previos a abril de 2010 –estos últimos no habían sido afectados por las regulaciones de la Superintendencia ya que sus instrucciones no tienen efecto retroactivo–. Además, señala que cualquier ajuste no debe incrementar los costos de los contratos y que, en casos donde el precio ultimate sea menor, se debe reembolsar cualquier monto cobrado en exceso desde abril de 2020. Esta restitución, sumado al carácter basic de la sentencia, tiene al sistema de ISAPREs en vilo. A mediados de 2022, la tercera sala de la Corte Suprema dejó sin efecto el aumento porcentual de los precios bases informados por las ISAPREs en marzo de 2022, aun cuando la ley que habilitaba el alza había sido publicada el año anterior.
El informe sostiene que la inequidad en las regiones es uno de los principales problemas en el pleno ejercicio del derecho a la salud en Chile. A esto se suman los problemas de cobertura específicos para diferentes grupos de población dentro de cada región, por ejemplo, pueblos originarios, personas con menos recursos económicos o migrantes. La discusión sobre el derecho a la salud ha continuado formando parte del debate público, sobre todo cuando se abordan las deficiencias del sistema público de atención. El informe anual 2016 del Instituto Nacional de Derechos Humanos actualizó las cifras para aportar a este debate y además ofreció una serie de recomendaciones al Estado para mejorar la situación actual. En esta edición, el reporte se concentró en las diferencias en el acceso a la salud pública que existen entre la Región Metropolitana y el resto del país. La posible insolvencia de algunas de estas instituciones produciría cambios abruptos en el sistema que no solo afectarán a sus usuarios actuales, sino que tendrían repercusiones en la totalidad del sistema de salud.
Se podría esperar, entonces que la Covid-19 genere acciones transformadoras de las ciudades y de la forma en que pensamos en ellas. Creo que en Chile, y en specific en Santiago, se visibilizó con mucha fuerza la segregación socio-territorial. Producto de una política vinculada al precio del suelo y de una política de vivienda social que lamentablemente expulsa desigualdad economica globalizacion de manera sistemática a las personas de menores recursos a la periferia. Así como en viviendas pequeñas, frías y húmedas en invierno, donde frecuentemente habitan muchas personas. En el caso de Chile, el análisis territorial fue a través de sus comunas, pues representan las unidades administrativas para las cuales existen datos de mortalidad y natalidad, entre otros.
Mediante esfuerzos de colaboración, podemos esforzarnos por crear una sociedad más equitativa en la que el bienestar psychological sea accesible para todos. El acceso a la salud es una de las problemáticas más preocupantes en el ámbito de la desigualdad social urbana, acentuándose en los últimos años como uno de los factores determinantes en la explicación de las variaciones de la morbilidad y percepción de salud en la población. En este espectro, los habitantes de Padre Hurtado por su emplazamiento periférico en relación con el centro urbano, la desmejorada proporción de la oferta en salud, y la transición demográfica en la zona, han visto dificultado su acceso a este tipo de equipamiento.
Así es como en poblaciones de las comunas del Gran Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, entre otras, se instala la olla común, que en algún momento fue una respuesta frente a un problema de salud pública como la desnutrición infantil, y que hoy resurgen como experiencias de autogobernanza native frente al hambre. En este sentido, la respuesta organizativa a nivel territorial ha sido fundamental en responder a las necesidades alimentarias y paliar las desigualdades socioeconómicas (imagen 2). Las mujeres enfrentan obstáculos como la falta de cobertura en áreas rurales, la carga de responsabilidades de cuidado no remuneradas y las brechas salariales que pueden dificultar el acceso a servicios médicos de calidad.
El código destaca que, en nuestra región, la pobreza, la falta de vivienda y las dificultades en el acceso a la salud son barreras adicionales para una implementación exitosa. En el otro extremo del espectro, la región de Aysén muestra los tiempos de espera más favorables, con una mediana de 205 días y solo el 1,2% de su población en espera de cirugía. La región de Ñuble, con una mediana de espera de 206 días y el 2,18% de su población en espera, también se encuentra entre las regiones con mejor desempeño en este ámbito. En la década de 1990, dado que la Constitución no incluye el derecho a la protección de la salud entre los garantizados por el recurso de protección (artículo 20 de la Constitución), se observó una escasa judicialización de los contratos de salud entre particulares y las ISAPREs. Se interpretó que el núcleo esencial de este derecho no era exigible, ni podía ser reclamado o protegido a través de dicho recurso. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lo tercero, para destacar son las conductas preventivas con preguntas relacionadas al PAP o mamografías en mujeres y en hombres si se hacían exámenes de próstata o chequeos generales. «Las conductas preventivas están más asociadas al sector público que al privado. Creemos que esto está asociado a las campañas del sector público, ya sea GES u otras y el efecto de la atención primaria» dijo Herrera. En cánceres específicos las desigualdades se disparan y algunos que son muy prevalentes en La Araucanía, como el gástrico o vesicular alcanzan el 40 o 50% de mortalidad en los grupos socioeconómicos más bajos que en los más altos.
Estos tienen que ver con tener una rutina que organiza el día, con desarrollar una actividad que puede ser satisfactoria, con el estatus, la identidad y las relaciones sociales estables y solidarias con los compañeros del trabajo. Todas estas cuestiones se van rompiendo cuando se precariza el empleo, cuando hay desempleo o cuando se tienen empleos temporales que no permiten establecer estos vínculos estables, significativos y solidarios con otros. Por otro lado, he investigado al empleo casual, el cual ocurre fuera del marco regulatorio, es decir, donde no existe una regulación que lo precarice o no. En Latinoamérica lo que existe es mucho trabajo casual, incluso diría que en algunos países es más prevalente que el empleo formal. Docente y colaborador en investigación en el campo de la Psicología Forense y Neuropsicología en diversas Universidades nacionales y extranjeras.
Dado que las prestaciones No-GES no están garantizadas, a continuación se muestra el desglose de casos totales en lista de espera para intervenciones quirúrgicas y tiempos de espera, para cada región el año 2023. Adicionalmente se muestra el porcentaje de población de la región que se encuentra en esta situación. El análisis de las Figuras N°s eight, 9 y 10 muestra la evolución en la cantidad de pacientes en espera y el tiempo promedio de espera según el tipo de servicio requerido, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2023, para el mes de junio de cada año. Para ello, en mayo de 2023, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto –conocido como Ley Corta– para implementar los fallos de la Corte Suprema relacionados con la tabla de factores. Ante las dudas que surgieron respecto de la efectividad de la propuesta del ejecutivo, la Comisión de Salud del Senado mandató la creación de un Comisión Técnica Asesora de carácter experta y transversal.
En explicit, muchos de estos estudios apuntan a una diferencia de género, señalando que es más possible que las mujeres presenten este tipo de síntomas. Una de las causas es que la pandemia ha tenido un impacto mayor en sectores económicos donde el empleo femenino es más prevalente, como los sectores de hospitalidad y retail. Esto llevó a mayores tasas de desempleo, caída de ingresos, y salida del mercado laboral para las mujeres, en relación a los hombres. Otra causa importante se relaciona con un aumento en el tiempo dedicado a tareas domésticas y de cuidado, asociadas a las cuarentenas y al cierre de escuelas, que recayeron en mayor medida en las mujeres. La desigualdad de ingresos se refiere a una población, donde algunos individuos o grupos tienen ingresos significativamente más altos que otros.
De manera similar, la Corte Suprema ha visto un incremento en los ingresos desde 2015, impulsado principalmente por un aumento en el número de apelaciones presentadas contra sentencias de protección, sobre todo aquellas contra las ISAPREs. Ante esta situación, la Superintendencia interpretó que las ISAPREs no podrían modificar el precio de los planes vigentes por cambio en la edad. Sin embargo, esto no impedía que se usaran las tablas de factores al momento de suscribir el contrato de salud, debiendo mantenerse dicho factor desigualdad e igualdad a lo largo de la vida. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores. La apnea del sueño, caracterizada principalmente por roncopatía, cese o disminución de la amplitud respiratoria, y somnolencia diurna, aumenta el riesgo de tener diversas enfermedades cardiovasculares como hipertensión, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas coronarias y arritmias.
En este sentido, las leyes y las regulaciones del trabajo están puestas justamente para equilibrar esa desigualdad de poder que existe entre las partes y que se acentúa en la precariedad del empleo. Post Título Terapia Familiar Sistémica del ICHTF, Diplomada en Psicología Jurídica y Forense, Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la UDP, Magister en Psicología Clínica Trauma y Psicoanálisis Relacional, UAH/ILAS. Coordinación técnica del equipo de intervención directa en abuso sexual de CAVAS Área Reparación Infanto Juvenil de la Policía de Investigaciones de Chile.