En esta línea, la legislación indígena ha apuntalado procesos conflictivos ya puestos en marcha por parte de sus actores, así como, en algunos casos, se ha constituido en el único recurso de protección de algunas comunidades frente a amenazas ambientales de amplio impacto para sus economías. Como veíamos anteriormente, las promesas de la Ley Indígena y el rol de la CONADI en la recuperación de territorios, derechos de agua, borde costero y subsuelo si bien no han tenido el efecto redistributivo esperado, han logrado revertir situaciones críticas al respecto. Un ejemplo de esto es el ya mencionado juicio favorable a las comunidades por los derechos de agua de la comunidad atacameña de Toconce en 2004,thirteen que permitió zanjar un problema de larga data en un contexto particularmente delicado en términos de disponibilidad del recurso hídrico. Otro ejemplo de esto fue la restitución parcial de derechos de agua a la comunidad indígena de Chiu Chiu, a través de la gestión de la CONADI, que tenía gravemente afectada la producción agrícola desde la promulgación del Código de Aguas, cuando fueron enajenados a través de un proceso irregular de inscripción de derechos. En estos casos, así como en otros igualmente conocidos, como el del pueblo de Quillagua, los conflictos socioambientales que se han desatado en sus territorios han activado importantes procesos de etnogénesis al incorporar la Ley Indígena al repertorio de acciones protectoras posibles en un contexto de vulnerabilidad. El propósito de este artículo consiste en analizar los mecanismos simbólicos de la desigualdad existencial que operan como obstáculo para la concreción de la inclusión educativa de los pueblos indígenas en Argentina.
Este nuevo escenario provocó un cambio en las aproximaciones de la sociedad mapuche hacia el Estado y la sociedad nacional. Si hasta antes del golpe militar primaron los intentos de integración, después de esa fecha, y como producto de una serie de medidas que señalamos en el primer apartado, el movimiento indígena se caracterizó por el rechazo a la asimilación, por la afirmación de las propias características indígenas y por la separación de la cultura mapuche de la chilena (Bengoa 1999). A diferencia de lo que había ocurrido en épocas pasadas, cuando los mapuches se habían plegado a otras luchas sociales, a partir de la década de 1980 el movimiento se caracterizó por la distancia con otros grupos, remarcando su diferencia étnica y levantando reivindicaciones autonómicas.
—El sentimiento es el mismo— explica esta tarde de jueves en los pasillos de la COP26— Es poco inclusiva, pues hay muchas dificultades de participar, un país que es carísimo y eso merma la participación. Y yo creo que igual hay un sentimiento generalizado de que de cuánto se avanza realmente en estos espacios yo creo que son necesarios. Yo soy una fiel creyente en el multilateralismo, es completamente necesario para abordar complejidades como esta, pero no avanza al ritmo que necesitamos que avance. Cuando se les preguntó a los organizadores de la COP26 porqué la prensa o los observadores no podían ingresar a ciertos plenarios y discusiones, la respuesta fue el aforo. Al mismo tiempo, en pasillos y accesos las filas eran interminables, las aglomeraciones caóticas y la preocupación por el aforo a las que apelaron las autoridades se esfumaba entre miles de personas con mascarillas esperando cada día.
Hay que señalar, sin embargo, que no todo fue avance a partir de esta incipiente política multicultural. Durante gran parte del período transicional, y al igual como ocurrió en el resto de la región, el Estado se mostró proclive a priorizar ciertos procesos de reconocimiento y ciertos derechos estratégicos, pero no entró en el debate sobre la redistribución, dejando pendientes cuestiones centrales relativas a la pobreza y la desigualdad económica. Así, por ejemplo, desde la conformación de la CONADI, el lento avance del proceso de restitución de tierras y aguas provocó distintas reacciones al inside del movimiento indígena, fortalecido tanto por el nuevo contexto político institucional como por la emergencia de un movimiento indígena de magnitud a nivel latinoamericano. En este marco, muchas comunidades indígenas, tanto constituidas legalmente a partir de la legislación indígena como otras que no lo estaban, comenzaron a presionar a los gobiernos a través de la ocupación de las tierras sobre las que tenían claridad de posesión y respecto a las cuales las vías institucionales mostraban escasos avances. En otros casos emprendieron acciones judiciales concretas por reparación y/o protección frente a actores privados o estatales presentes en sus territorios, a la vez que comenzaron a emerger o consolidarse organizaciones que demandaron el reconocimiento como pueblo y/o nación en el marco de la legislación vigente (Campos 2002; Mella 2001). Así, como podremos ver en los próximos apartados, desde ese momento ciertos grupos al interior desigualdad derechos humanos de los pueblos indígenas comienzan a utilizar los recursos del nuevo escenario postdictatorial para el logro de posiciones de mayor igualdad.
En el borde costero del sur de Chile, aún se reconocen y practican de manera fragmentada, formas tradicionales de apropiación, acceso y uso del espacio marino por parte de habitantes locales y pueblos originarios. Se trata de modos de habitar el mar que han permitido históricamente el equilibrio entre cultura e identidad territorial, desarrollo económico local y preservación de los ecosistemas de los cuales esta economía depende (Skewes, Alvarez & Navarro, 2012). A partir de la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, los procesos de industrialización y el establecimiento de una nueva racionalidad económica basada en la acumulación, posibilitaron un proceso gradual de desvinculación espiritual y material desigualdad economica en america latina por parte de las comunidades locales de estos territorios (Zambra et al, 2016).
Esto es clave para enfrentar una vez más, con renovados saberes, la desigualdad que nos habita y abrir paso a mejores formas de redistribución social y de reconocimiento público. Esta es una tarea colaborativa, de establecimiento de redes y de trabajo conjunto que hemos emprendido desde hace 5 años cuando se creó esta pink. Sin lugar a duda, en los últimos treinta años, todos los Gobiernos han sostenido que un eje de importancia sustantiva para el país, lo constituye su agenda social. Hoy tenemos una notable disminución de la pobreza y la indigencia, pero mantenemos un sistema de desigualdades que tiene un núcleo duro de persistencia.
En este trabajo sostenemos que la insuficiencia de estudios sobre igualdad en el contexto interamericano no sólo habla de una miopía que no permite ver que varios de los planteos de igualdad responden a una desigualdad como dominación o sometimiento, sino que también responde a una desigualdad que combina problemas de redistribución y reconocimiento como en el caso de los planteos de los pueblos originarios. Así, ser reconocido como un igual no sólo amplía nuestra mirada sobre los derechos, sino que devela la íntima relación entre derechos, democracia deliberativa e igualdad, entendidas todas como lucha por la paridad participativa de los grupos desaventajados en el sistema interamericano. Todo esto servirá para re-interpretar las argumentaciones de la Corte IDH en los casos relativamente recientes sobre pueblos originarios. Para finalizar, se analizan los recientes conflictos que tienen en su centro la propiedad y el uso de recursos naturales estratégicos de los territorios indígenas, enfatizando el caso del pueblo atacameño. A partir del análisis de estas distintas experiencias buscamos poner en relieve el rol de los sujetos indígenas, quienes a través de estas acciones han ido reescribiendo una historia plagada de deudas históricas, con el fin de establecer la importancia del papel futuro de los pueblos indígenas en el debate y la reconfiguración activa de las relaciones con la sociedad nacional con miras a la construcción de una sociedad más igualitaria.
Así, esta exigencia de igualdad se presenta como una exigencia de no-dominación o no-sometimiento e implica una mirada crítica sobre la igualdad interpretada como mera igualdad formal o jurídico-material. Esta mirada crítica, a su vez, invita a volver la mirada sobre los presupuestos de filosofía política sobre los que se basa cada una de las concepciones de igualdad. En el examen de igualdad de mera racionalidad se parte de la presunción de legitimidad/constitucionalidad de la clasificación realizada por el legislador. Esto significa que la carga de la argumentación la tiene quien realiza el reclamo igualitario y sólo se declarará la clasificación y sus efectos como arbitrarios si logra argumentar que no existe relación alguna entre medio y fin y que esa falta de relación justificatoria es evidente, manifiesta; de lo contrario, se confirma la presunción a favor de la legitimidad de la clasificación. Para examinar si el reclamo debe prosperar se requiere examinar cuáles razones hablan a favor o en contra del planteo igualitario. Justamente la evaluación de estas razones (o sinrazones) es el centro del examen de igualdad y el resultado dependerá de la fórmula y concepción de la igualdad que se aplique.
Quizá esto suena utópico, sin embargo, en aquellos lugares en donde el Estado y el sistema capitalista han resuelto no poner atención, o peor aún, ponerla únicamente para despojar y violentar, la alternativa natural ha sido resolver los problemas colectivos a partir de la autogestión y la organización comunitaria. Es en esas regiones y pueblos, con procesos sociales autogestivos potentes, en donde tenemos la oportunidad de aprender distintas maneras de relacionarnos con la naturaleza visualizándonos como parte de ella, mirar resistencias frente al sistema capitalista y conocer formas de desarrollo integral comunitario. Destaca a su vez, frente a todo lo reportado en el informe, “que se hace muy necesario visibilizar la crítica situación que vienen afrontando los pueblos indígenas en Chile en el Informe del Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas sobre el impacto del Covid-19 en los pueblos indígenas, a fin de que la Asamblea General de Naciones Unidas tome cuenta de ello en la Asamblea General de octubre de 2020”. Para Ancalao, este diagnóstico demuestra que Chile “no tiene una estrategia de desarrollo económico para los pueblos indígenas. El Estado no ha mejorado la capacidad productiva de las personas mapuches, y solo se concentra en los no indígenas o colonos”.
“Hoy hay particulares, que los trajo el gobierno a habitar nuestros territorios, porque el gobierno se encargó de usurpar nuestras tierras, y entregárselas a gente extranjera, por eso hoy tienen que encargarse de sacarlos de nuestro territorio y para que ello ocurra necesitamos una mesa tripartita”. “Todo pueblo invadido tiene derecho a defenderse, todo pueblo que ha buscado formas de diálogo tiene derecho a defenderse y si tenemos que tomar un arma para hacerlo, lo haremos”. El Presidente de la Comisión Especial de Pueblos Originarios, Gonzalo Arenas (UDI), dijo que es preocupante que cerca del 80% de los hechos de violencia ocurran en la comuna de Ercilla. “Llevamos años con ciclos de violencia en La Araucanía y si hay algo que hemos aprendido es que la violencia solo genera más violencia y que las respuestas que no sean a través del diálogo siempre van a generar aun mayor conflicto”.
El estallido social de 2019 mostró la existencia de una sociedad chilena fuertemente dividida por las desigualdades, tanto por las diferencias materiales, como aquellas referidas al universo cultural de las diferentes clases y actores sociales. Este libro ofrece una síntesis sobre la evolución histórica de Chile, desde su poblamiento por los pueblos originarios hasta el presente, con la desigualdad como eje articulador, intentando comprender sus orígenes, sus cambios y continuidades.Una de las pistas seguidas es el surgimiento de una sociedad de conquista, implantada por los españoles en el siglo XVI, acompañada de una mentalidad impregnada por el racismo. Esta situación se ha proyectado en el desigual acceso al control del poder político, dando lugar durante la mayor parte del tiempo a gobiernos estables, pero no democráticos.
Igualmente, la recolección de datos expuso que 163 mil 762 (33,9%) mujeres se auto reconocen como pertenecientes a algún pueblo indígena. Sin embargo, este estudio “desmitifica los prejuicios sociales y da cuenta de la responsabilidad política de Estado, que ha fabricado la pobreza y ha orquestado la segregación que tienen los pueblos indígenas hoy en día, porque lo que el estudio está diciendo es que la pobreza mapuche nace de las políticas del Estado”, asegura a El Mostrador. Para el presidente de la Fundación de Liderazgo y Desarrollo Indígena, Diego Ancalao, la responsabilidad de estos 10 puntos de diferencia que hay entre el promedio nacional y el de las comunidades indígenas, «es de los partidos políticos y parlamentarios que han gobernado Chile», quienes «les echan la culpa a los mapuches con justificaciones como que son borrachos o flojos, comentarios que rayan bastante en la discriminación”.