Esto es, ante todo, una afrenta a quienes padecen hambre, pero también representa un enorme costo ambiental en términos de energía, tierras y agua. El problema radica en el acceso y la disponibilidad que se ven cada vez más obstaculizados por numerosos desafíos, como la pandemia de COVID-19, los conflictos, el cambio climático, la desigualdad, la subida de precios y las tensiones internacionales. Personas de todo el mundo están sufriendo el efecto dominó de unos desafíos que no conocen fronteras.
La desigualdad es también socioespacial, ya que es en los barrios y sectores más vulnerables donde reside un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores informales y precarizados, hoy mayormente expuestos a despidos y a riesgos de contagio, al no poder plegarse a las medidas de confinamiento. Junto con lo anterior, en estas áreas residenciales es donde se concentran viviendas con baja calidad constructiva e inadecuada eficiencia térmica, factores que podrían determinar los grados de vulnerabilidad de las personas ante la exposición a enfermedades respiratorias. De esta forma, el centro de investigación tiene un rol activo en procesos de empoderamiento de agricultoras, tanto en la generación y transferencia de recursos asociados al conocimiento, como en la habilitación de espacios de participación en condiciones de horizontalidad, posibilitando la puesta en práctica de capacidades de agencia y liderazgo. En este sentido, la relevancia de los centros de investigación regionales no solo está dada por indicadores de producción científica, sino también por el carácter de la vinculación con los territorios y, la capacidad de impactar problemáticas sociales estructurantes tal como la brecha de género en los sistemas agroalimentarios.
Algunas mujeres de la ciudad de México expresaron que cuando su ingreso se los permitía compraban frutas de temporada, porque son baratas; sin embargo, la mayoría expresó que dan prioridad a sus hijos para que las consuman. De este modo, las mujeres -como jefas de familia- con frecuencia sólo pueden consumir los mismos alimentos que son económicos, lo que resulta en una dieta limitada y monótona. Esta dieta monótona se compone por tortilla, sopa de pasta, arroz, pan, frijol y huevo; los cuales en México son los alimentos de menor precio (22). La situación de inseguridad alimentaria en las áreas rurales se agudiza al tener en cuenta que la crisis del COVID-19 tiene su cuota de refuerzo de las brechas. De acuerdo a FAO (2020), en áreas rurales la pandemia puede estar sumando alrededor de 10 millones de personas, de las cuales 6 millones son mujeres, que no poseen los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Es oportuno señalar que en los hogares conducidos por mujeres la inseguridad alimentaria viene a sumarse a otro cúmulo de inequidades como las dobles y triples jornadas laborales, disparidad en el acceso a la tierra y empleo, entre otras.
El Director Nacional de la Junaeb, Jaime Tohá, afirmó que el sobrepeso en estratos sociales bajos, tiene como principales factores la falta de acceso a infraestructura y a información sobre una buena alimentación. Esto tiene que ver, primero, con el acceso que tiene la población a distintos tipos de alimentos y a infraestructuras para llevar a cabo diferentes actividades físicas y, por su puesto, también tiene que ver la información con la que se cuenta para tomar mejores decisiones respecto de la alimentación”. Alimentarnos es important para poder vivir y es, a su vez, un acto complejo que involucra la forma en que producimos nuestros alimentos, la forma en que los alimentos se transportan, cómo y dónde estos alimentos se comercializan y luego cómo las personas los consumimos. La globalización y los actuales modelos de producción y comercialización han impactado directamente la forma en que nos alimentamos, afectando la salud de las personas y las economías de los territorios. Al ser consultado sobre la actuación del gobierno, Navarro se abstiene de emitir juicios directos debido a su rol como funcionario de un organismo multinacional.
Eso explica la doctora Mirta Crovetto, investigadora y decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. Como se mencionó antes, en Chile la inseguridad alimentaria se comenzó a medir desde 2017 a través de la encuesta Casen. Ese año los datos arrojaron que 13,1% de la población sufría de este fenómeno en el nivel moderado-severo, mientras que en 2020 esa cifra aumentó, llegando a 19,8%. Otra estadística a considerar es que un 31,3% de los habitantes de la Región de La Araucanía y un 24,4% de Los Lagos se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Según datos de la Casen 2020, este grupo sufre una mayor inseguridad alimentaria moderada-severa que la población no indígena (26% versus el 19,1%).
Este libro expone una conversación entre un grupo de investigadoras e investigadores en torno a la infraestructura alimentaria urbana. Utilizar el concepto de “infraestructura” para hablar de las redes de distribución y comercialización de alimentos —como hace este libro— puede no ser obvio para el lector. Por ello el hito de este libro consiste en la aplicación de una mirada infraestructural a las redes urbanas de supermercados, ferias libres, ollas comunes y recintos en los que se entregan ayudas gubernamentales. Implica, fundamentalmente, preguntarnos por el rol que juega la distribución y comercialización de alimentos en la estructura urbana.
Ahora bien, la lactancia materna requiere de una madre que no curse con desnutrición, que además durante el embarazo consuma suplementos de hierro y ácido fólico para evitar anemia en el binomio, así como defectos a nivel del tubo neural del recién nacido. En México, la anemia es reportada en 27,8% de mujeres embarazadas entre los 13 y 46 años, predominando el tipo de microcítica-hipocrómica, que está relacionada con una carencia de hierro. Este cuadro se agrava por la participación de la mujer en actividades laborales, produciendo demanda de mayor energía que, de no ser satisfecha, puede también originar deficiencias nutricionales y deterioro de la salud [15].
Esto significa que, más que el dinero, lo que importa es facilitar un acceso colectivo a espacios donde producir alimentación saludable de manera native, como sucede con las huertas urbanas o la agricultura familiar —agrega por su parte Noelia Carrasco. Efectivamente, si bien “hambre” e “inseguridad alimentaria” aplican en un mismo contexto, según FAO, la primera debe ser entendida como la sensación física de incomodidad o dolor, y la segunda responde al evento en que las personas no dispongan de acceso a suficientes alimentos —inocuos y nutritivos— para satisfacer necesidades y llevar una vida sana. Las normas constitucionales deben responder a las necesidades de los sujetos a los cuales se dirigen. En el caso de Chile, dada la grave situación de malnutrición desigualdad de ingresos ejemplos que afecta a sus habitantes, resulta imperativo contar con normas constitucionales que establezcan la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas como un asunto prioritario y una política de Estado. Esto significa que, si bien ya mucho antes de la pandemia de COVID-19 el mundo no estaba en camino de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 “Hambre Cero” de la agenda 2030, la pandemia ha complicado considerablemente alcanzar dicho objetivo. Los datos de ese informe indican que el mundo no está avanzando ni hacia la meta 2.1 de los ODS, de garantizar el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para todas las personas durante todo el año, ni hacia la meta 2.2, de erradicar todas las formas de malnutrición.
Cientos de actos y actividades de divulgación reúnen a gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil (OSC), medios de comunicación, el público e incluso a los jóvenes. Promueven la sensibilización y la acción en todo el mundo para aquellos que padecen hambre y sobre la necesidad de garantizar una alimentación saludable para todos, no dejando a nadie atrás. La seguridad alimentaria no se logra con paliar el hambre de vastos sectores de la población. Tampoco basta con incrementar la disponibilidad de alimentos modificados genéticamente con consecuencias para el estado frágil de salud, con daños que ya de por sí son alarmantes (cáncer, diabetes, obesidad).
También se explicaría por la dinámica social en nutrición caracterizada por un alto consumo de alimentos ricos en grasas de origen animal, hidratos de carbono procesados, harinas refinadas y azúcares simples. Es decir, es más barato y económico consumir una sopa procesada Maruchan que procesar un kilo de frijol. Frente a este panorama es importante destacar que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas tienen el derecho fundamental a no padecer hambre y el derecho a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, que les permita llevar una vida digna. Este reconocimiento debería realizarse a la luz de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Además, podrían considerarse algunas buenas prácticas del derecho comparado, en especial del derecho constitucional latinoamericano.
Por el contrario, en el caso de los niños de prekinder, kinder y primero básico, aumentó en un 1,3 por ciento. Por eso tuvimos acceso a una rápida reasignación de ofertas que se exportaban a Rusia que estaban más afectadas por la guerra y se asignaron a otros mercados”, explicó el economista. La propuesta que hace el estudio es “avanzar significativamente en generar espacios de articulación interinstitucional, lo que significa articular mejor al sector público, pero también articularse mejor con los privados, con las universidades, y pensar más integradamente problemas que hoy se discuten de manera muy acotada”, explicó la expositora.
En el nivel estructural, México, bajo la implantación de políticas neoliberales con la inserción dependiente al mercado mundial de alimentos, ha desmantelado por completo la producción del campo por falta de subsidios. De esta forma, alimentos base de la dieta tradicional como frijol, maíz, leche, leguminosas y cárnicos, ahora tienen un mayor precio que los alimentos procesados. Dicha situación llevó a las familias de bajos ingresos a consumir pastas y otros productos más baratos, pero con altos niveles de carbohidratos y azúcares [23]. La inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas se ven agravadas por niveles de desigualdad altos y persistentes en cuanto a ingresos, activos productivos y servicios básicos (por ejemplo, salud y educación), así como en cuanto al acceso a la información y la tecnología (por ejemplo, la brecha digital) y, en un sentido más common, a la riqueza.
Con ello repone nuevas células, repara estructuras celulares, mantiene actividades vitales (transporte celular, respiración, contracción muscular, entre otras), y realiza la traducción celular específica para cada sistema funcional del organismo [3]. En promedio, por cada 1% de crecimiento económico, la pobreza disminuye en 1,25% en América Latina (Perry et al. 2006). Según el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 34,4% de los adultos es obeso. Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el segundo país más afectado. Porque hoy conocimos los resultados del “Mapa Nutricional” elaborado por Junaeb y entre los menores hay datos muy preocupantes. El documento aborda cómo la pandemia dejó secuelas significativas en la agricultura acquainted desigualdad de ingresos ejemplos de Alta Verapaz y Sacatepéquez, con daños…