Es decir, el lenguaje contribuye a la eliminación de estereotipos y sesgos que limitan tanto a mujeres como a hombres, y con ello, la construcción de una sociedad más igualitaria. Además de los tipos de violencia más conocidos, en los últimos años ha cobrado bastante fuerza la violencia en línea o digital contra las mujeres. Esto se refiere a cualquier acto de violencia contra una mujer cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, entre otras).
El brote de coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel mundial; desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social. Una categorización complementaria es ofrecida por Rae, quien utiliza cinco factores para distinguir significados de la igualdad. El primer issue es el (los) «sujeto(s) de igualdad»15, el cual permite distinguir entre igualdad particular person y grupal. Esta última a su vez puede dividirse en igualdad intragrupal (dentro del mismo grupo) e igualdad inter-grupal (entre grupos distintos).
Asegurar que las mujeres tengan acceso a participar en todas las instancias, incluyendo las de poder, debe responder a un esfuerzo sostenido por cambiar los estereotipos ocupacionales por género. En cuanto a las unidades productivas, este aspecto debe también reflejarse en la promoción de la participación equitativa de hombres y mujeres. El enfoque de género en el diseño de las políticas públicas
El enfoque de género, además, es una herramienta que permite comprender las demandas diferenciadas de hombres y mujeres con el propósito de dar respuestas más equitativas a sus necesidades. En esta declaración de principios, no se señala patentemente que se espera un aporte de las mujeres en las decisiones económicas y políticas del país, como sí ocurre explícitamente en el caso español. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, sin embargo, no suficiente. En el libro de March (2013) se cita a Sunkel & Paz (1986), quienes definen desarrollo como un proceso de cambio social, cuyo objetivo es igualar las oportunidades sociales, económicas y políticas, refiriéndose a un nivel nacional y a las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar. Todaro y Smith (2012) por su lado, adopta la definición desarrollada por Amartya Sen15, donde se relacionan el proceso de desarrollo con la calidad de vida y con la capacidad de las personas de elevar su estatus, adicionando los conceptos de autoestima y libertad. En este último sentido, el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) en 2016, hace referencia a las libertades humanas como “la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana -no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta- ahora y en el futuro” (pp. 30).
Esta noción de la igualdad constitucional requiere la promoción activa de la igualdad de oportunidades –y eventualmente de la igualad de facto– de ciertos grupos desaventajados89. En términos formales, esta igualdad se sustenta en cláusulas constitucionales que utilizan ciertas expresiones o palabras tales como «igualdad substantiva», «igualdad de oportunidades», «promoción de la igualdad», «igualdad de facto», o similares. En tercer lugar, surge el problema de identificar qué grupos (y consecuentemente, qué características personales), debieran gozar de una protección constitucional especial. Si bien esta discusión excede el marco de este trabajo, cabe mencionar aquí que no todos los grupos tienen demandas o «títulos» igualmente sólidos. Algunos factores a considerar son la penetración e intensidad de la discriminación; el daño sufrido por el grupo; la persistencia de la discriminación en el tiempo; la fluidez o rigidez de la pertenencia al grupo, la utilidad social general, entre otros83. A nivel comparado, nos parece que los ejemplos más comunes son las mujeres, ciertas razas o etnias, y los discapacitados.
La estructura social es un sistema de posiciones jerarquizado, no sólo en función de la división de clases que opera en la esfera productiva, sino que en función de los ejes que dividen a la población económica, política y culturalmente, y que lo hacen en términos de dominación y desigualdad relativa entre los grupos. Se entiende por Teoría de Género al campo de conocimiento compuesto por aportes teóricos de diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, que se han extendido a diversas áreas del conocimiento, cuyo objeto de estudio es el género. El desarrollo teórico estuvo inicialmente centrado en los estudios de las mujeres y posteriormente se amplió a un concepto de género más amplio, no binario que considera la diversidad sexual y que es el adoptado por este Protocolo.
En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un three,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural period analfabeta y un 3,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un 4,9% de los hombres. Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un three,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres. Mientras en regiones como Tarapacá y Magallanes, el analfabetismo no alcanzó al 1% de la población, en Los Ríos, La Araucanía y el Maule, superó el 4%, develando una tarea pendiente en estas regiones, principalmente con su población rural.
En este caso, además de la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar, se pretende anticipar cuestiones como la desnutrición y enfermedades en la primera infancia. Además de dudas sobre el consentimiento informado y el acceso del Estado a informaciones sensibles sobre poblaciones vulnerables, quedan sin respuesta algunas preguntas sobre qué otros usos u previsiones se pueden extraer de esos datos y cuáles los límites para su tratamiento por parte de Microsoft y los gobiernos involucrados en el programa. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos a la vigilancia estatal y privada ejemplifican de manera clara no solamente el hecho de que las tecnologías no son neutras, sino que impactan de forma diferenciada a distintos grupos humanos, de acuerdo a su género, al color desigualdad ambiental de su piel y a su clase social.
Para terminar la Sección four, se revisará la dinámica de distintas variables del área de la salud en Chile y sus regiones. La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados, de acuerdo con Wagstaff (2002) la pobreza provoca una salud deficiente por distintas carencias a las que se ven enfrentadas las personas más pobres y, a su vez, existe pérdida de ingresos cuando se cuenta con mala salud. Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel real, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona.
Tanto sus cuentas de redes sociales como el sitio web de NiMásNiMenos incluyen diversos cursos de e-learning con información relevante para la ciudadanía en esta materia y pretende también ser una guía para que las empresas puedan en el mediano plazo evaluar su propia brecha salarial. Además, según el estudio, el saldo también se vio afectado en mayor medida para las mujeres que para los hombres producto de los retiros de fondos. Al comparar los saldos acumulados entre julio de 2020 y julio de 2021, se observa una disminución en términos reales de 21,1% para el caso de los hombres y 24,7% para las mujeres, lo que evidencia que la medida de retirar los fondos de pensiones impactó más en las afiliadas que en los afiliados. En junio de 2022, las proporciones de cotizantes respecto del total de afiliados al seguro de cesantía por sexo fueron 42,1% en mujeres y forty eight,8% en hombres, siendo un 1,3% mayor respecto de junio 2021 en el caso de mujeres y manteniéndose sin variación en el caso de hombres. Se observa que existen diferentes ideas sobre si es justo que las personas que han cotizado más reciban también una pensión más alta y a la inversa, una pensión más baja quienes han cotizado menos.
En realidad, el mérito es una noción altamente contextualizada, i.e., su definición depende en gran medida de las circunstancias donde es invocado, particularmente la naturaleza de la posición o el bien deseado97. Y para mayor dificultad, se ha destacado que la meritocracia puede no ser especialmente igualitaria o redistributiva99. Más aún, no todos los talentos son apreciados como tales, sino que cada sociedad valora solo una cantidad limitada de ellos. En consecuencia, considerar la igualdad de oportunidades exclusivamente como meritocracia sería una doctrina fuertemente conservadora del statu quo, capaz de reforzar los patrones de desigualdad existentes en una sociedad100.
El sentido que se da en este Protocolo apunta, de manera general y de acuerdo a los contextos en que se utiliza una u otra expresión, al proceso a través del cual se ocasiona a una persona víctima un nuevo sufrimiento por parte de las instituciones encargadas de prestar atención a las víctimas, y que repercute en definitiva en el acceso a la justicia. También, a la falta de celeridad de los procedimientos, la estigmatización y cuestionamiento de la información otorgada por la víctima, falta de privacidad al momento de efectuar la denuncia, como así también en cualquier otra gestión que conduzca a evitar la denuncia o a abandonar la ya efectuada. Para la doctrina y jurisprudencia, el derecho a la tutela judicial tiene como contenidos mínimos el derecho de acceso a la justicia o jurisdicción; derecho a que el tribunal desigualdad de recursos y medios economicos resuelva sus pretensiones conforme a derecho; derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. El concepto de Estado Social Democrático es un concepto político, histórico y jurídico, que estructura el actuar de los poderes públicos, asumiendo una posición activa y prestacional, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades de ciudadanos y ciudadanas con independencia de su posición económica o social. La discriminación directa hace referencia al tratamiento jurídico diferenciado y perjudicial para una persona sobre la base de una categoría sospechosa la cual es invocada explícitamente como motivo de la distinción o exclusión. Se trata de una situación en la que, en función de los rasgos especialmente protegidos, una persona es o puede ser tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga.