Además, la temporalidad de las acciones públicas examinadas, al ser la mayoría de estas previas a la Agenda 2030, indica que aún queda trabajo por realizar para incorporar estos objetivos a las diversas partidas públicas del país. Es decir, que existiendo esta agenda como una guía para el desarrollo sostenible, los esfuerzos que vengan a continuación deberían responder a la lógica de estos objetivos y no al revés. Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance. En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo.
A raíz de lo anterior, concluyen que la desigualdad no es dañina para el crecimiento económico (contrario a lo que plantean Persson y Tabellini en 1994), sino que puede llevar a un incremento de este si el consumo público entra en la función de utilidad. Las medidas que cada país pueda adoptar para combatir la desigualdad dependerán de los efectos políticos que puedan soportar cuando el crecimiento económico va acompañado de una elevada desigualdad. La misma inversión que se hace en bonos y subsidios podría hacerse para inversión en productividad a través de la creación de pequeñas y medianas empresas, subsidios de contratación de mano de obra, inversión en educación, políticas para estimular la igualdad, and so forth. Medidas que dependiendo de la naturaleza de cada país puedan llevarse a cabo, pero con un denominador común, que sean medidas sustentables en el tiempo con resultados a mediano y largo plazo. En Latinoamérica las políticas públicas están asociadas a las políticas de protección social a través de la entrega de bonos y subsidios a las clases más bajas, lo que hace que se transformen en medidas cortoplacistas y no fomenten el empleo y el salir de la pobreza extrema. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder.
5Para más información sobre los factores causales de la desigualdad en Chile revisar López & Miller (2008); Castillo (2012); PNUD (2017). Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento. Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos.
Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule.
Los buenos indicadores a nivel de crecimiento económico de las últimas décadas en Chile, no han podido mitigar la persistente desigualdad del ingreso. Anteriormente, Soto y Torche (2004) concluyen lo mismo, demostrando que, entre 1975 y 2000, el PIB per cápita chileno creció un 5% al año, sin embargo, las regiones no se beneficiaron de igual forma. La pobreza cayó significativamente en todas ellas, pero la desigualdades sociales la desigualdad del ingreso se mantuvo constante. Por lo tanto, estudiar solo el comportamiento nacional no es un análisis completo, ya que oculta cambios significativos a nivel regional. Conocer la dinámica de desigualdad regional será un punto importante en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo diferenciadas, muy necesarias en un país con regiones tan heterogéneas como Chile.
Los datos educacionales comparativos por país se obtienen de Barro y Lee (2010) y PNUD (2015). Los datos regionales, como años de escolaridad promedio y analfabetismo, se obtienen a partir de la Encuesta CASEN. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un three,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a 0,6% en el año 2011, superando con creces la meta que era de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de 44,4 el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de one hundred sixty five países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo zero,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).
En otras palabras, aquellas formas de relacionarse dentro o entre comunidades que puedan generar disparidades, como discriminación, marginalización, ventajas o desventajas en una sociedad (Alfonso et al., 2015 ; PNUD, 2017). Estas desigualdades pueden, por ejemplo, limitar las oportunidades de acceso a trabajos o el acceso a diferentes beneficios de la comunidad, por lo que un individuo o país tendría que destinar una mayor cantidad de recursos a reducir estas disparidades, al contrario de otro en que este tipo de relaciones no se da (Paes de Barros et al., 2008). Esta implica el punto de partida sobre el cual las circunstancias particulares de una persona o población limitan de una u otra forma la libertad que poseen de elegir o de alcanzar ciertos objetivos ( Roemer, 1998 a; Kanbur & Wagstaff, 2014; Alfonso et al., 2015; Stiglitz & Doyle, 2015). Aquí, las coyunturas individuales definen, en parte, el alcance de lograr ciertos objetivos propuestos, como, por ejemplo, el género, contexto acquainted la desigualdad pdf, acceso a la salud, a la educación, entre otros. Es decir, que si existiera igualdad de oportunidades para todos los individuos o países, el resultado de sus metas dependería únicamente del esfuerzo ejercido para lograrlas ( Roemer, 1998 b; Kanbur & Wagstaff, 2014; Atkinson, 2015).
La incorporación de la dimensión sustentabilidady medio ambiente produjo que el IDERE disminuyera en todas las regiones (Tabla 7). La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global.
Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.
De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos. Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Transitar hacia una sociedad distinta es posible; es, a fin de cuentas, una decisión política. En easy, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so on.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos.
Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. Relacionado con el rol del Estado en disminuir la desigualdad, en Chile existe el mito de que hemos priorizado la billetera fiscal y la responsabilidad del gasto público por sobre la ayuda social y por sobre las necesidades de la gente. De hecho, en los últimos treinta años el gasto social en el país ha crecido de forma acelerada, con una tasa real de expansión anual promedio de un 8,3%, mientras que nuestro PIB ha crecido a la mitad de dicha velocidad (4,6% promedio).
El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016).