El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el total del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en basic su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución.
Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. Con los datos regionales obtenidos, se realiza un análisis de convergencia para comparar si los territorios más pobres, crecen más rápido que los más ricos. De acuerdo con Barro y Sala-i-Martin (2009), una de las formas de encontrar la velocidad de convergencia Β, es trabajar con un conjunto de datos de territorios que converjan hacia un estado estacionario comparable, lo cual es posible encontrar en datos regionales.
A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global. La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible. Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, la desigualdad en la salud sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005).
Cuando la riqueza se concentra de manera extrema en pocas manos, la mayoría queda imposibilitada de acceder a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Al comparar a Chile con países latinoamericanos donde hay información disponible, el único que se nos acerca es Colombia cuya elite alcanzó a la chilena en 2010, apropiándose de cerca del 23% de los ingresos de su país.
Por ello, los derechos sociales, como integrantes de los derechos humanos, nacen conectados al Estado como una manera de plasmar las necesidades básicas y desigualdades que deberán ser corregidas para que cada uno pueda ejercer su libertad. La última columna, considera el aporte de la minería en lugar del sector secundario y excluye el PIB per cápita. Esta variable esta muy correlacionada con el PIB per cápita, ya que, en Chile la actividad minera es una parte primordial de la productividad del país. Este artículo busca responder cuáles son los determinantes de la desigualdad del ingreso, desde la perspectiva de sus regiones. Es en lo último donde radica la novedad del estudio, ya que contribuye al tema de la desigualdad, anteriormente estudiado en Chile, pero desde un punto de vista regional.
Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables. 15El Servicio Nacional de Aduanas informa que existen datos de exportaciones por regiones solo a partir del año 2002. 14Por ejemplo, en el año 2007 se crea el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, comisión convocada por la expresidenta Michelle Bachelet para el estudio de reformas a la Educación en Chile.
Para lograr el objetivo se trabaja con la base de datos construida en el trabajo anterior de Mieres (2019). La segunda sección muestra los principales factores mencionados en la literatura por su impacto en la desigualdad del ingreso. Los resultados del análisis empírico aplicado a las regiones de Chile están en la sección tres. El primer efecto consiste en que un incremento de los impuestos al ingreso puede inducir a las personas a trabajar menos, lo que sería económicamente ineficiente y además reduciría la recaudación. Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar whole la desigualdad mata oxfam que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, 100 mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes.
Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, si la acción del Estado a través de subsidios y transferencias ha dado resultados en el corto plazo, el desafío es dar algunos pasos más allá de dichas medidas para que los resultados sean sostenibles en el tiempo e intergeneracionales. Los gobiernos confunden la lucha contra la desigualdad con la eliminación de la extrema pobreza, si bien pueden parecer similares, no necesariamente disminuir la extrema pobreza traerá mayor igualdad. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas.
Por ello, reunir 50 años de datos y hacer estimaciones a partir de ellos es uno de los grandes aportes de esta investigación. Como ejemplo, el estudio resalta que en 2009, de acuerdo a las cifras tributarias, las 77 personas más ricas declararon un ingreso mensual de $100 millones, mientras que de acuerdo a la Casen de ese año los 77 más ricos registraron ingresos sólo por $10 millones. En palabras de los autores, la Casen puede decir con mucha precisión qué es lo que pasa en la mitad de la distribución de ingresos, pero dice poco sobre lo que ocurre entre los más ricos. Hemos visto que, en términos de recaudación de impuestos, el tamaño del Estado en Chile es pequeño y que los ingresos fiscales que recauda provienen mayoritariamente de impuestos al consumo. A lo anterior se suma que los impuestos al ingreso, además de tener una relevancia secundaria, abren espacios para elusión y evasión, haciendo que la progresividad nominal se vea seriamente mermada.[18] Además, los impuestos al patrimonio prácticamente no existen.
Finalmente, la variable oferta de educación superior ha resultado significativa y robusta como medida de capital humano calificado. Se puede inferir que el esfuerzo de las políticas de acceso a la educación superior, sobre todo aquellas implementadas en los últimos thirteen años, han sido importantes para combatir la desigualdad14. El modelo VI incorpora, al igual que el estudio de Solimano y Torche (2008), el ingreso autónomo del hogar. Se utilizan los quintiles del ingreso autónomo en lugar del Gini como controles de la desigualdad inicial y se mantiene el PIB per cápita.
Las desigualdades tienden a ser mayores en aquellas regiones con mayor concentración de población perteneciente a una etnia, respecto al total nacional. Lo anterior enfatiza la desventaja económica de la población indígena, además el resultado es robusto, ya que el coeficiente varia entre zero,001 y zero,002 en las distintas ecuaciones. De acuerdo con la CASEN, en 2015, el ingreso promedio de los hogares cuyo jefe de hogar pertenecía a alguna etnia fue un 43% más bajo que el de un hogar cuyo jefe de hogar se declara no indígena. Cada año existe una diferencia significativa entre la tasa de desempleo de la población indígena y no indígena, siendo en 2015 de un 8,3% para los primeros y un menor 7,4% para los segundos.
Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule. Mientras que bajan de posición relativa las regiones de Tarapacá (aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano), Atacama, O’Higgins y Valparaíso.