Nuestra sociedad ha cambiado y hoy los chilenos y chilenas pueden más y aspiran a mucho más. Pero también tenemos muchos lastres heredados que nos impiden muchas veces avanzar más rápido y también nuevos desafíos que enfrentar. Estamos abocados a encontrar los medios que nos permitan superar los obstáculos y a crear las condiciones que nos permitan ponernos a la altura de las nuevas oportunidades y retos. Y hemos puesto a Chile en movimiento, y todos y todas estamos comprometidos a llevarlo a buen puerto.
Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica. [17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros). [6] Esto no significa que el gobierno no pueda intervenir la distribución de ingresos de mercado.
Chile tiene uno de los niveles de desigualdad de ingreso más altos del mundo, sin importar la forma en que se mida o la información que se utilice. La conclusión es menos clara si lo que nos interesa es la evolución en el tiempo, ya que mientras la desigualdad medida con encuestas ha disminuido (el Gini ha bajado de 0,fifty two a zero,forty seven entre 1990 y 2015), no ha sido el caso si nos enfocamos en los datos del sistema impositivo. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras. Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Tanto de la gestión como del apoyo pedagógico y del desarrollo de las escuelas públicas locales.
Así, un valor igual a 0 indica que las percepciones positivas están igualmente distribuidas entre todos los ciudadanos, mientras que un valor igual a 1 indica que las valoraciones positivas están concentradas en una sola persona. Por lo tanto, un valor más alto es un indicador de mayor desigualdad en el acceso percibido a los derechos ciudadanos. Lo que se observa es que la desigualdad territorial en el acceso a la ciudadanía civil y política ha venido creciendo en Chile, mientras que la desigualdad en el acceso a ciudadanía social se ha mantenido más estable, reduciéndose marginalmente en el período. En un estudio clásico sobre la evolución de los derechos de ciudadanía en Inglaterra, T.H. Marshall (1950) propuso que la democracia liberal contemporánea se monta sobre una secuencia histórica de cesión de derechos de ciudadanía. En primer término, los Estados concedieron derechos civiles básicos (como el derecho a la libre circulación, derechos de reunión y de prensa, a la seguridad, al acceso a la justicia y el estado de derecho). Así como economistas políticos y columnistas de opinión no se abstienen de realizar juicios éticos y prescripciones políticas, los expertos en ética del desarrollo deben basarse en el trabajo y las controversias más creíbles en economía política.
Para ordenar de manera tentativa los puntajes incluimos un cuarto indicador que refiere al promedio de los tres indicadores por país. Lejos de liderar el rating (cómo suele ocurrir cuando los países de la región se ordenan en función de indicadores de bienestar objetivo para el mismo período), Chile se encuentra entre los puntajes más bajos de la región. Economista de la Universidad de Chile y doctor en economía de la Universidad de Pennsylvania, Larrañaga se ha especializado en política social, desigualdad, pobreza y mercado del trabajo. El libro, que se centra en la desigualdad socioeconómica, quería aportar para pasar de una “discusión a nivel de slogan” a una de contenido analítico y basada en la evidencia empírica. Los cuatro temas interrelacionados que aquí he discutido, solo destacan los problemas que han estado implícitos, secundarios o emergentes, tanto en el enfoque de las capacidades como en la ética del desarrollo. Dado ciertos eventos recientes –desde Siria e Irak hasta Ferguson, Missouri– queda aún más claro que un buen desarrollo desde lo native a lo global es complejo y urgente.
Una de las formas de evitar que se repliquen los grupos de poder o reaparezcan con la apariencia de ser distintos, es que el proceso constituyente se haga por cabildos y estos elijan a sus representantes, como ya se hizo en un proceso del 1829. El poder, según Max Weber, es la autoridad que se apoya en las leyes y se ejerce a través de una estructura administrativa (Estado) que se sostiene en “la fe en la validez de las reglas aplicables a todos por igual”. En definitiva, el poder ejercido desde la autoridad, depende del grado de confianza (o desconfianza) que genera. Al perder el ciudadano la fe pública y al verificar que no se aplican leyes a todos por igual o que hay leyes destinadas a que una minoría mantenga sus privilegios, lo que produce es ingobernabilidad. Como consecuencia de ese estado de vacío de poder, se produce la desobediencia civil como un efecto lógico de la desafección, ante una autoridad que pierde legitimidad.
En otros términos, no se trata simplemente de navegar la ola de la opinión pública, sino que se debe contribuir a generar opinión pública para que se vuelva a poner el foco en las cosas que consideramos importantes. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. En esta línea, la máxima autoridad del país afirmó que “Los chilenos y chilenas hemos entendido que enfrentar estos desafíos tiene sus complejidades, pero por otro lado, es nuestra oportunidad y responsabilidad histórica. Que ahora es el momento, y que postergar la acción es la antesala de una frustración. Por eso, como Gobierno que representa a las mayorías, nos hemos puesto colectivamente en marcha.
Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica. La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. la desigualdad creciente El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. En Walmapu operan mafias que se dedican al lucrativo negocio del robo de madera. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales.
Nuestro argumento es que dicho resultado se explica por una configuración social con alta segregación socioeconómica y en que el Estado y sus instituciones se despliegan de modo desparejo en localidades de distinto tipo (más o menos rurales, de alto o bajo nivel socioeconómico). Estos hallazgos son un adelanto de un artículo de investigación actualmente en prensa, en que analizamos las percepciones de la ciudadanía chilena respecto a su acceso (segmentado y frágil) al paquete completo de derechos. Tratamos de explicar las razones de esta variación, centrándose en particular en el papel de las políticas sociales y las condiciones políticas que dan forma a estas políticas. Investigaremos la estructura de regímenes eficaces de política social, es decir, los regímenes de política social que reducen la pobreza y la desigualdad y mejoran la base de capital humano de sus sociedades. A continuación dilucidaremos el papel que la democracia y los partidos políticos desempeñan en la conformación de estos regímenes de política social. La conferencia se basa en una combinación de análisis comparativos publicados cuantitativos y cualitativos.
La razón es que los distintos componentes del ingreso tienen particularidades que, para ser eficientes y respetar principios normativos, requieren atención en cada uno de sus detalles. Recomendamos al lector las siguientes columnas que explican con mayor detalle algunos elementos del impuesto al ingreso del sistema chileno, en explicit, cómo funciona la integración, y cómo funciona la base tributaria y cuáles son los detalles del diseño que facilitan la evasión y elusión a través de los ingresos empresariales (ver aquí y aquí). Por ejemplo, en China e India, las encuestas muestran una concentración de ingresos del 1% más rico cercana a la mitad de la concentración actual. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza complete (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva.
En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución. Estos datos también son útiles para estudiar cómo la desigualdad ha evolucionado en el tiempo. Esto es importante para nuestro país, porque muchos analistas han argumentado, equivocadamente, que la desigualdad ha disminuido significativamente en los últimos 30 años. Para Chile, existen diferentes estimaciones de la porción de los ingresos que se lleva el 1% más rico, que varían dependiendo de los datos disponibles, supuestos metodológicos, y correcciones hechas por evasión y elusión.
En Chile, estos mismos impuestos representaron el 54,6%, por lejos la proporción mayor entre los más de 30 países que componen el grupo (en segundo lugar aparece Turquía con 43,6%). No sorprende, entonces, que el sistema en tributario en su conjunto sea regresivo. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos. La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015.
A lo anterior se suma que los impuestos al ingreso, además de tener una relevancia secundaria, abren espacios para elusión y evasión, haciendo que la progresividad nominal se vea seriamente mermada.[18] Además, los impuestos al patrimonio prácticamente no existen. Un sistema tributario que se toma en serio la desigualdad y la protección de la democracia debe considerar el mérito de los impuestos al patrimonio, en specific a la herencia y a la riqueza. La revitalización de la discusión académica al respecto sugiere que la idea la desigualdad entre paises merece ser, al menos, discutida seriamente. En simple, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a inventory (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza.