Por un lado hay que celebrar elecciones compatibilizando el derecho a la salud con el pleno ejercicio de los derechos políticos y la integridad electoral. Otra tendencia negativa ha sido el uso creciente e indebido de las fuerzas armadas para tareas de orden público. Uruguay es, por ahora, el caso más exitoso gracias a «una combinación de instituciones sólidas, una estrategia de gobierno versatile y una consistente cultura cívica», según el politólogo uruguayo Daniel Chasquetti. El proyecto se implementará de manera gradual, para alcanzar hacia finales de 2027 a 187 de las 346 comunas del país. Chile recibió el primer préstamo del BM a nivel international para promover el hidrógeno verde y apoyar los esfuerzos de mitigación del cambio climático.
Si bien la parentalidad se ve muy afectada por la pobreza, también es uno de los factores protectores más potentes de los efectos negativos de la misma sobre el desarrollo de los niños y niñas. Además, se encontró que en el período de cuarentena
Así como se ha movido la cantidad de gente bajo la línea de pobreza, también se registraron cambios en los escalones que están sobre ella. El grupo de personas vulnerables según las mediciones internacionales (con ingresos per cápita diarios entre US$ 5 y US$ 13) que, según la Casen 2017 alcanzaba el 29,5% de la población, habría subido 10 puntos, pese a las medidas de mitigación, hasta un 39,2% de las personas. La autoridad cube la pobreza en la república dominicana que los apoyos “han jugado un rol muy importante en aminorar los efectos de la crisis en los hogares, protegiendo sus ingresos y sus fuentes de empleo”, y agrega que la magnitud actual de los efectos de la disaster se podrá conocer con la Casen en los próximos días.
Aún, cuando sean mínimas, las personas tienen capacidad de programar sus gastos en áreas básicas. En related sentido, de acuerdo con Salas y Vigorito (2021) más allá de lo exiguo del monto de las transferencias, son ingresos estables, siendo este especialmente relevante en contextos de crisis. Pese a esto, y dada la pandemia, las prestaciones monetarias, fueron el principal instrumento dirigido a los sectores vulnerados económica y socialmente. La definición de estas medidas y la reiteración de estas, tuvieron siempre una gran difusión mediática. En la misma línea que lo planteado por Uribe (2018) y Quiroga y Juncos (2020), en relación con la derecha gobernante en otros países de América Latina, las transferencias no han sido una política que el gobierno se plantee explícitamente eliminar, pero tampoco fortalecer. En relación con la incidencia de la pobreza, las mismas autoras observan que, en 2017, era del 7,9% de los hogares y ascendía al 12,4% en hogares con menores de 18.
La experiencia nos ha enseñado que contar con salarios bajos y flexibles no es una condición suficiente para incrementar el empleo. Tampoco se puede apostar por flexibilizar aún más el mercado laboral y profundizar la institucionalización de la precariedad laboral, en ese caso serían las trabajadoras más vulnerables del país la pobreza en estados unidos las más afectadas. Por su parte, El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, enfatizó que “quienes son más vulnerables, lamentablemente, perdieron sus empleos y sus fuentes de ingreso. Y por eso, a quienes crean empleos les decimos que hay muchos subsidios del Estado disponibles para que vuelvan a contratar a esas personas”.
La caída de los ingresos del trabajo provocó una contracción en el consumo total de la economía. En conclusión, “el covid-19 y sus repercusiones socioeconómicas presentan una oportunidad para reconstruir mejor hacia el desarrollo sustentable e inclusivo”, enfatiza Bronfman. Es por esto que se debe pensar en el fortalecimiento del sistema de protección social que acompañe a las personas a lo largo del ciclo de vida con programas que ayuden a mitigar los riesgos que se enfrentan cada etapa. Así también, finaliza con que la recuperación económica no puede poner en jaque lo logros alcanzados por Chile en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030.
Asimismo, mediante la TUS se otorga un complemento para embarazadas e hijos menores de four años de $ 323 (Poder Ejecutivo, 2020, p. 38). El mismo documento, a modo de ejemplo, señala que una familia con tres menores en primaria y dos en secundaria, recibe $U 6299 mensuales. Para primer beneficiario (embarazadas, niño y niñas menores de 5 años y escolares), el monto es de $ 1757 y un complemento de $ 753 para el primer beneficiario en secundaria. El Partido Nacional (2019) tiene una mirada muy crítica sobre la gestión del MIDES en los gobiernos del Frente Amplio.
Cabe destacar que el monto recibido era reducido a la mitad si es que el hogar contaba con ingresos formales. En los casos donde el hogar recibiese ingresos formales, este debía encontrarse dentro del 40% más vulnerable del ISE, y la suma de los ingresos formales debía ser menor al aporte que le correspondiese a un hogar sin ingresos formales de similares características. A la luz de todo lo anterior, Bárcena sostiene que “la ‘recuperación’ económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”. De los datos recogidos se desprende que, en Chile, en un período de treinta años, la tasa de pobreza ha disminuido del 40% al 7%. Sin embargo -señala Juan Pablo Faúndez Allier, director del proyecto y presidente de la cátedra de Ciencias de la Familia- muchos sectores de la población «siguen privados de los beneficios del crecimiento económico que se ha producido en las últimas tres décadas».
Uno de los principales problemas de Chile al momento de identificar a los grupos más vulnerables fue la alta tasa de informalidad existente en el país. De hecho, según la ENE del trimestre octubre-diciembre del año 2021, los ocupados informales son alrededor de dos millones de trabajadores, lo que representa alrededor del 28,3% de los ocupados a nivel nacional. De esta manera, los países desarrollados con menores tasas de informalidad resultan ser menos intensivos en sus paquetes fiscales, ya que sus sistemas de seguridad social logran absorber de mejor manera los aumentos en las tasas de desempleo. El Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional busca llevar registro de los esfuerzos fiscales realizados por los países, comparando entre ellos los aportes en ayudas directas por sobre la línea del PIB.
A más de un año de pandemia cada vez es más claro que Covid-19 agrava las inequidades en salud, explica una de las autoras, Alejandra Vives, investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus). En el trabajo, los investigadores asociaron años de escolaridad y hacinamiento con la mortalidad en el periodo prepandémico y pandémico, comprobando, cube Vives, que “existen más muertes de Covid-19 en 2020 vinculadas a esos aspectos que son determinantes para la pobreza”. Ahora un nuevo estudio destaca cómo la desigualdad ha aumentado la mortalidad de forma desproporcionada en las comunas más pobres de la Región Metropolitana. La rotación y la precariedad laboral, la volatilidad de los ingresos y el endeudamiento, añade Ruiz Encina, son características sobresalientes de estos sectores.
El hallazgo de que las personas con NALE no perciban mayor necesidad de apoyo podría reflejar, en cierta medida, este hábito a la condición de pobreza. De esta manera y, considerando los resultados del presente estudio, la falta de integración social podría englobar no sólo disminuidos grados de participación en las redes sociales formales e informales y escaso apoyo social, sino también una cierta desconfianza en el sistema de apoyo. En consecuencia, esta desconfianza podría representar el issue latente que daría explicación a que los individuos con NALE no perciban una aumentada necesidad de apoyo. Con el objetivo de realizar un estudio de diferencias de grupos entre una muestra de personas con bajos y otra con elevados niveles de limitaciones económicas, se utilizó la Escala de percepción de exclusión social (Téllez Rojas & Rivera Fong, 2019) para poder determinar ambos grupos. Para ello, se calculó el percentil 80 de la dimensión limitaciones económicas y, posteriormente, se analizaron las diferencias con relación a las variables demográficas, el apoyo social, determinados síntomas psicológicos y varios componentes relacionados al contagio con el COVID-19 y la pertenencia al grupo de riesgo. De acuerdo con el segundo objetivo de estudio, se calcularon para ambos grupos las correlaciones parciales de Spearman entre todas las variables mencionadas y se contrastaron sus resultados.
Lo anterior, produce que inevitablemente exista un componente que produce una sobrestimación de los índices de pobreza, ya que es posible que hogares que no contasen con fuentes de ingresos autónomos en los meses previos a la encuesta, sí los tuviesen durante el transcurso del año 2021. La gran mayoría de los requisitos del Ingreso Familiar de Emergencia fueron retirados a medida que avanzaba la pandemia, partiendo el año 2021 con criterios que focalizaban los recursos en aquellas comunas con más restricciones para generar ingresos, y transitando hacia una política que beneficiaba al 90% de la población. Dichas modificaciones traen dificultades al momento de imputar los beneficios entregados durante al año 2021 a los hogares encuestados en la Encuesta CASEN 2020, las cuales pueden llevar a sub o sobre estimaciones, dependiendo de los requisitos que se estén simulando.
En setiembre de 2021, el aumento es del 70% y de 50% el mes siguiente (Presidencia de la República, 2020; 2021). En lo que tiene que ver con asignaciones familiares Plan de Equidad, entendemos que hay margen de mejora, pero no estamos hablando necesariamente de incrementos. Estamos evaluando el sistema para darles más herramientas a las personas para que puedan enfrentar las circunstancias de vulnerabilidad socioeconómica que se vienen arrastrando desde hace tiempo y, evidentemente, a raíz de la pandemia pueden llegar a profundizarse desde el punto de vista social (Lema, 2021 a, p. 2). También se estructura en diversos componentes, siendo las transferencias monetarias el más relevante. Para esto, se modifican las Asignaciones Familiares, instrumento existente en el país desde 1943.