En principio hay que aclarar que la desigualdad es distinta a la pobreza, es la comparación entre la pobreza y la riqueza. Latinoamérica como región, con excepciones de algunos países, desde el 2000 estuvo reduciendo la desigualdad durante un largo período de tiempo, con gobiernos que aplicaron medidas de redistribución de riqueza. El filósofo Jean Jacques Rousseau se interesó por el tema y en respuesta escribió su obra Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.
El G7 en su última reunión publicó la thought de un impuesto del 15% a las trasnacionales, porque incluso para el capitalismo es malo que un sector canalice tanta riqueza, porque el dinero no circula. Los caminos de Juan Diego lo llevaron hasta Andalucía, la segunda zona más pobre de España (después de Extremadura), y a trabajar en el Laboratorio de Psicología Social de la Desigualdad de la Universidad de Granada. En ese grupo, se involucró en una línea de investigación que buscaba indagar por qué las personas más afectadas por la desigualdad justifican el sistema, y trabajó con personas que viven en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. También hubo un reconocimiento social al private de salud en la población general, aun cuando después no se viera reflejado en aumentos salariales por parte de los gobiernos. A pesar de que las burbujas sanitarias y el distanciamiento social dificultan los lazos sociales, sigue habiendo manifestaciones de solidaridad en medio de la crudeza. Dichas grandes empresas y poderes financieros son lobbies muy poderosos que influyen en las decisiones que toman los gobiernos centrales y condicionan políticas mundiales llevadas a cabo por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional.
Para entender la evolución de la desigualdad a largo plazo, se expondrán también los resultados del índice de Gini bajo la metodología tradicional. A pesar de la convergencia, la desigualdad de la renta es alta y persistente en el tiempo. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo.
Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. Respecto de los saldos acumulados, a junio de 2020 las mujeres registran un saldo promedio de 663 UF, en tanto que el de los hombres es de 1.842 UF, lo que indica una brecha de -64,0%. En esto incide, además de las densidades de cotizaciones, el período de acumulación de ahorros, a su vez, determinado por las diferencias en las edades legales de jubilación por sexo (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres), lo cual resulta en un menor período de acumulación en el caso de las mujeres.
De esta forma se completó la conformación de esta instancia, que fue creada en marzo de este año para planificar y gestionar el avance de la institución hacia la equidad entre hombres y mujeres. La violencia de género suele conceptualizarse desde una perspectiva de poder y control del hombre respecto de la mujer. La evidencia científica y también la experiencia humana nos han llevado a conocer y enfrentar el machismo como la expresión más evidente de la construcción social que, durante generaciones, ha situado a la mujer en una posición de inferioridad respecto del hombre. Una desventaja permanente en los ámbitos social, económico, laboral, jurídico e incluso en lo familiar.
En easy, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a inventory (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad. En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. Reducir la desigualdad de zero,49 a 0,43 para Chile o de 0,50 a 0,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM.
Además, mientras las mujeres se concentran en los tramos de más bajas densidades de cotización, una mayor cantidad de hombres se concentra en los tramos de densidad de cotizaciones más altos. Desde ese entonces, muchos acontecimientos se han dado a nivel mundial en torno a las demandas y derechos de la mujer, principalmente de carácter laboral. No obstante, desde hace un par de años se han dejado ver, y sobre todo escuchar, nuevos movimientos que han reivindicado el rol de la mujer desde otra perspectiva. El 14 de enero de 1949 se promulgó en Chile la ley que permite a las mujeres participar en las diversas elecciones políticas. Fue un importante paso en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la búsqueda de la igualdad de género en el país. En el caso de las y los nuevos pensionados, las mujeres anotaron una densidad promedio de fifty five,5% y los hombres de 65%, con una brecha promedio por sexo de 9,5%.
Durante algunos años eso generó movimiento económico, movilidad social, pero hace rato que no la genera. Entonces, la elevada desigualdad tampoco es un problema para todos, por definición hay quienes se benefician de ella, hay quienes tienen más de lo que tendrían si hubiese menor desigualdad. Y a la gente, incluso a las élite , les cuesta ver la realidad cuando esa realidad les perjudica.
Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de eleven años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años. Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y eleven,1 para la no indígena.