Asimismo, las políticas sociales, enfocadas a la población de menores ingresos han obtenido buenos resultados disminuyendo la pobreza del país y en cada una de sus regiones. Chile fue el primer país Latinoamericano invitado a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente, Chile es el segundo país más desigual de la OCDE (índice de Gini antes y después de impuestos y transferencias). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del quintil más pobre (OCDE, 2018), siendo sorprendentemente mayor que el promedio de los países de la OCDE.
Esa ha sido la petición que han planteado desde redes sociales a opiniones de diversos actores, frente a la actual situación social que atraviesa Chile. La desigualdad no es natural o inevitable, podemos vivir de manera más igualitaria y justa. Especialmente en América Latina que está marcada por las muertes de activistas sociales como el caso de Berta Cáceres en Honduras, asesinada por luchar contra la instalación de una represa hidroeléctrica. La brecha educativa de los sectores carenciados en comparación con los sectores privilegiados es brutal.
A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio. Comenzando por Kuznets (1955), cuya teoría sostiene que cuando una economía comienza a crecer, también lo hacen las disparidades, hasta llegar a un cierto punto de desarrollo, donde a pesar del mayor crecimiento económico, las desigualdades van disminuyendo, tomando la forma de una U invertida. Por su lado, la Nueva Geografía Económica plantea que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, al existir un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad (Merchand, 2009). Asimismo, la Presidenta hizo un diagnóstico de los problemas más graves que enfrentan las sociedades y afirmó que “Creemos que la desigualdad -de ingresos, de acceso a servicios básicos, de oportunidades y resultados- es una de las mayores amenazas para el desarrollo de nuestros países, para la democracia y para la paz. Porque pone en entredicho la comunión de intereses y valores que es la única que posibilita la convivencia nacional, agudiza las tensiones sociales, genera resentimiento y, en los casos extremos, violencia armada.
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. En ese contexto, es particularmente valioso el estudio que generó el libro “Desiguales.
Las personas tienen un derecho a ejercer su agencia y ayudar a determinar y modificar las políticas bajo las cuales viven. El hacer esto da a los participantes una sensación de que son agentes respetados y que ellos «poseen» sus proyectos. Una consecuencia es que la democracia local –especialmente cuando es inclusiva y provee una oportunidad a las voces que están marginadas a no ser oídas– scale back el peligro del apresamiento de las élites y contribuye a la durabilidad de un proyecto de desarrollo. Algunos importantes ejemplos incluyen el presupuesto municipal inclusivo (participativo) en Brasil y a lo largo de Latinoamérica, así como otros canales y lugares para que los ciudadanos ejerciten su agencia empoderada (Baiocchi et al, 2011; Cameron et al, 2012; Goldfrank, 2012; Vásquez Durán, 2014). A través de un análisis de convergencia, se concluye que en Chile, las regiones más pobres y desiguales, tienden a crecer más que aquellas más ricas y equitativas.
Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.
Si la riqueza del país sube por igual, todos serán más ricos, de manera que habrá más individuos cuyo ingreso supere el umbral y, por esa razón, habrá menos delincuencia. Pero si el ingreso de los más ricos aumenta en mayor proporción que el de los más pobres, el valor esperado de la delincuencia se incrementa, pues aumentará el botín, es decir, el ingreso de los más ricos, pero no así el de los más pobres, haciendo más atractivas las actividades ilícitas. Sin duda, se puede argumentar que la desigualdad es inmoral e injusta, pero eso depende de lo que creamos qué es justo y ethical, algo que recae en la esfera de la filosofía o la política o, incluso, la Religión. Mi intención, mucho más modesta, es presentar algunos elementos de juicio a partir de lo que el análisis económico ha dicho sobre este fenómeno. A pesar de esta evidencia, los datos sobre desigualdad comúnmente se relativizan frente a las percibidas bondades del modelo económico. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo.
Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años. Pero ello no es razón suficiente para descartarlas como causas relevantes del estallido social. Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote.
Sin embargo, Chile retrocede 12 puestos si se considera la desigualdad17, quedando al nivel de países como Rumania, Kuwait o Rusia. Los primeros puestos son ocupados por Noruega, Australia y Suiza, mientras que en los peores lugares están la República Centroafricana, Nigeria y Chad, con niveles de desarrollo humano muy bajo. La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional.
Al realizar el mismo ejercicio pero considerando el 20% de los hogares con mayores y menores ingresos, el ratio es claramente menor. Sin embargo, el escenario no cambia demasiado al jerarquizar el territorio, al menos no para las regiones mejor y peor catalogadas anteriormente. El (Gráfico 7) demuestra nuevamente que La Araucanía y Los Ríos son los territorios más desiguales, seguida del Biobío y la Región Metropolitana, la cual sube al puesto número cuatro. Por su lado, con menor desigualdad destacan las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Antofagasta (las misma regiones destacadas en el ratio 10/10, pero en un orden diferente). A nivel Latinoamericano, Chile lidera en el territorio, con un PIB per cápita que es 12 veces mayor al país con el peor resultado, Haití. Panamá, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017), es una economía emergente con gran posibilidad de mantenerse a la cabeza de este grupo en los próximos años.