Las especialidades de gastronomía y administración suelen tener inicialmente una connotación de especialidades “feminizadas” ya que suele ser pensada como extensión del trabajo reproductivo, aunque en el tiempo su imaginario se vuelve más igualitario. Algo distinto ocurre con especialidades como terminaciones y telecomunicaciones que poseen sesgos a favor de los estudiantes varones. Por su parte, técnico en educación parvularia aparece como especialidad exclusiva para mujeres, al menos en el nivel de EMTP, ya que se restringe el ingreso a los varones; mientras que las estudiantes de mecánica automotriz ven restringida las opciones de práctica y de ejercicio profesional futuro.
Aquí el ingreso superior se outline como el ingreso por hogar, ajustado por tamaño, que corresponde a más del doble de la media nacional. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. En primer lugar, los cambios socioeconómicos y culturales en el campo no sólo generan territorios agrícolas de especialización versatile, sino que redefinen las formas de vida tanto de la población rural como de la población urbana. En segundo lugar, los cambios en la diferenciación rural-urbana generan nuevas conexiones socio-territoriales y la consiguiente reconfiguración de los lugares. Asimismo, el aumento de la movilidad (migraciones y desplazamientos) está asociado con la segmentación etno-territorial de las comunidades.
Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura precise, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. Paralelamente, la desigualdad de la riqueza –incluyendo activos tales como bienes inmuebles– está alcanzando nuevos niveles. En 2013, la riqueza promedio de familias de altos ingresos era casi siete veces la de las familias de ingresos medios y casi 70 veces la de las familias de bajos ingresos. Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1).
La subjetividad es entendida en el contexto de la modernidad contemporánea (Stecher, & Godoy, 2014) como las apropiaciones e imaginarios que los propios jóvenes hacen de sus configuraciones identitarias en interacción con otros y su entorno, que se observan en las trayectorias que estos configuran en tanto sujeto-asujetado a las estructuras y discursos sociales. De esta forma se entiende la “construcción social de subjetividades, o de los modos de pensar de un grupo, como el punto donde se cruzan lo estructural, lo intersubjetivo y lo biográfico” (Ghiardo, & Dávila, 2005, p. 50). El eight de octubre 2019 en el programa matinal Mucho Gusto, el presidente Sebastián Piñera expresaba que «en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo». Diez días después ocurre el popularmente llamado “estallido social”, siendo una de las principales banderas de lucha la desigualdad social. El presente artículo referido a desigualdad social, busca reconocer esta realidad como una preocupación del Trabajo Social. Por ello se presentan antecedentes de la realidad social latinoamericana, donde la desigualdad social, si bien es permanente en nuestra historia, hoy se constituye en un imperativo ético a abordar.
En línea con lo anterior, se pone a disposición de la ciudadanía los principales resultados sobre las desigualdades en el tiempo que hombres y mujeres destinan al trabajo remunerado, no remunerado y las actividades personales, a través de Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo y su documentación. A su vez, se presentan documentos metodológicos para promover la incorporación del enfoque de género en la producción estadística, documentos de análisis, infografías y el atlas de género, que profundizan sobre problemáticas de género a través de los datos e indicadores publicados en este sitio, así como su disposición territorial. Este artículo se enfoca en la escuela en tanto aparato educativo que ofrece espacios de interacción y de resistencia entre desiguales (Hall, & Jefferson, 2014 [1976]). Las desigualdades socioeconómicas conviven en el espacio educativo con otras desigualdades como ocurre con las diferencias etarias y de género, y sus entrecruces con las desigualdades territoriales y socioeconómicas (Jencks, 1993). Los productos simbólicos, como las significaciones sobre el trabajo o las mismas experiencias laborales de los y las jóvenes que cursan EMTP se constituyen en un campo en el que diferentes grupos sociales se disputan la hegemonía sobre sus significados. Esta investigación se enmarca en los procesos que los y las jóvenes vivencian con anterioridad al egreso, ubicándose en un umbral que se sitúa en los dos últimos años de educación obligatoria (tercer y cuarto año de educación media), período en el cual se desarrolla la formación de especialidad y la orientación laboral.
Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos.
En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.
Para ello se propone resituar el valor de la justicia social como convocante de la actuación profesional de trabajadores sociales. En algunos aspectos, el gobierno ha ido adoptando medidas de carácter extraordinario –aún débiles– para corregir algunas de las cosas que mencionaba antes (la posibilidad de suspender los contratos de trabajo con cargo al seguro de desempleo, la fijación de algunos precios, la toma de control de la red de salud privada, entre otras). Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. La crisis iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”.
Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Chile tiene uno de los niveles de desigualdad de ingreso más altos del mundo, sin importar la forma en que se mida o la información que se utilice. La conclusión es menos clara si lo que nos interesa es la evolución en el tiempo, ya que mientras la desigualdad medida con encuestas ha disminuido (el Gini ha bajado de zero,fifty two a 0,forty seven entre 1990 y 2015), no ha sido el caso si nos enfocamos en los datos del sistema impositivo.
La perspectiva temporal, permitió a los estudiantes comprender su pasado, observar el presente y plantearse algunas posibilidades acerca del futuro. En este sentido, los entrevistados reconocen que viven una temporalidad distinta a la de sus padres, con experiencias educativas y laborales más heterogéneas y que enfrentan futuros inciertos. Los estudiantes entrevistados narraron retrospectivamente la forma como llegaron al liceo y escogieron un itinerario de formación específico. El pasado narrado se dinamiza con las visiones que construyen sobre su presente (momento de la entrevista) y el futuro que les espera una vez egresados. Esta temporalidad situada en distintos momentos biográficos permitió la construcción de una subjetividad reflexiva en los participantes y abrió el espacio para discutir las dificultades que enfrentan los estudiantes de sectores vulnerables para cumplir sus sueños de futuro. Lo que queremos es que esto no sea en vano y sirva para reflexionar y reconocer que el sistema chileno no protege los derechos humanos de todas las personas por igual.