Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa).
En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social wise a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo debe asegurar acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo. Conversamos con Paula Pacheco, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, sobre los principales resultados del estudio y las recomendaciones que emanan de la investigación.
La campaña del plebiscito cobra voltaje y la miseria sigue mostrando la fractura. La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y 4,3% en extrema pobreza). Los expertos dicen que próximo año la crisis económica golpeará fuerte. La violencia en la zona del Walmapu se salió de management.
Desde un enfoque de derecho, y tomando uno de los principios de la CDN, la participación de niños, niñas y adolescentes es fundamental, y el derecho de ser oídos es asimismo un derecho catalizador de otros derechos. «Cuando, a pesar de la buena situación económica de Alemania, 16 millones de personas están al borde de la pobreza o de la exclusión social, entonces la política no debe seguir minimizando el problema de la pobreza», destacaron desde la organización social VdK. Un dato elocuente en relación a la importancia de la desigualdad nacional es el porcentaje del total de los ingresos que perciben las personas que se encuentran al tope de la distribución. La relevancia viene dada porque son precisamente estas personas que concentran altos niveles de ingresos, quienes adicionalmente ejercen una influencia importante en las decisiones y en el diseño de políticas que finalmente los terminan favoreciendo a ellos mismos. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo.
Están en la sobrevivencia cotidiana, aislados y desvinculados”. Pero “la pobreza no es una prioridad del mundo político. Nunca lo fue y nunca lo ha sido, a menos que exploten situaciones conmovedoras a nivel nacional y el país tenga un momento de lucidez transitoria”. El trabajo, para acabar con la pobreza y la exclusión en la que viven más de 5 millones de personas en nuestro país, debe darse en todos los niveles. “Se hace urgente que la ciudadanía se involucre de una manera más cercana con estas realidades, rompa con los prejuicios y barreras que nos separan de quienes viven en circunstancias menos favorables a las nuestras y brindarles más y mejores oportunidades de participación e inclusión”, expresa el profesional del Hogar de Cristo. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades.
Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más weak como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Para Egenau, “la pobreza debe entenderse como una vulneración a los derechos humanos, definitivamente”. Y ante esta realidad, el Hogar de Cristo tiene entre sus responsabilidades “denunciar, visibilizar y proponer”, porque “queremos que el país cambie”.
Llegando al extremo, según los datos publicados que analizamos, de que el 20% con mayores ingresos tiene rentas casi 7 veces mayores (6,9 veces) que el 20% más pobre. Si se considera la comparación entre el 10% más rico y el 10% más pobre la distancia llega a 14 veces. Incluso, como comentábamos en otros artículos, el Ibex 35 muestra un “año atípico” para las grandes corporaciones españolas, que a pesar de los tiempos que corren ganaron un 22, 63% más que el año anterior.
Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras.