La inclusión educativa en educación superior es un campo de estudio reciente, por tanto, su delimitación, es materia de debate epistemológico y metodológico. Desde lo epistemológico se requiere situar la inclusión educativa en otros campos semánticos, rescatándolo de los análisis parametrales; y, desde lo metodológico, el esfuerzo es proporcionar un sustento de rigor científico a los análisis y prácticas en esta materia. Los esfuerzos de Chile por abordar las disparidades sociales sirven de inspiración a las naciones que se enfrentan a retos similares en todo el mundo. Mediante la promoción activa de la equidad y la aceptación de la diversidad, las sociedades pueden crear entornos en los que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su potencial, independientemente de su origen o circunstancias. Con un compromiso sostenido y esfuerzos colectivos, la sociedad chilena puede continuar su camino hacia un futuro más justo y equitativo, dando ejemplo a los demás.
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Para saber qué en la pobreza y en la riqueza tipos de discapacidad existen, es necesario tener en cuenta que no existe una única definición de discapacidad ni tampoco una única clasificación. El resultado de la interacción entre los déficits de la persona y las barreras del contexto, ya sean físicas o de la actitud. La población adulta de mujeres tiene un mayor grado de dependencia relacionada a algún tipo de discapacidad en comparación con la población de hombres.
Aunque el país ha experimentado un notable crecimiento económico, los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Los individuos más ricos poseen una parte significativa de la riqueza de la nación, mientras que una parte considerable de la población lucha contra la pobreza y el acceso limitado a los recursos. Esta disparidad crea un ciclo de desigualdad social, limitando las oportunidades de movilidad ascendente y perpetuando la falta de seguridad económica de las comunidades marginadas. Por último, para construir un futuro de igualdad pensionaria, la reforma de pensiones debe ir hacia una política pública que cierre las brechas de género es esencial para la construcción de un sistema equitativo y justo. El reconocer y abordar las desigualdades desde la raíz, ya sea mediante la equidad salarial, el reconocimiento del trabajo no remunerado o la flexibilidad en las carreras profesionales, es essential para garantizar un futuro de igualdad pensionaria.
Por su parte, la inserción al mundo laboral para un estudiante que no posee el capital social, cultural ni redes de contacto, es extremadamente difícil por lo que las universidades también deberían acompañar en ello y realizar un seguimiento de sus egresados. Desarrollar el tema de la inclusión, desde estas perspectivas, implica abordar el tema desde un enfoque integral, considerando las necesidades de todos y todo el estudiantado, bajo una dimensión cultural y comunitaria. En este sentido, desde la educación superior, el crear culturas inclusivas, requiere necesariamente reformar la universidad de acuerdo con nuevos cánones, donde se reconocen las desigualdades de base que tributan los estudiantes. Significa, por tanto, repensar el sistema educativo comenzando por el acceso y permanencia de los estudiantes a la Educación universitaria. Además, la construcción de políticas inclusivas emplaza a las instituciones a generar dispositivos y mecanismos que respondan contextualmente a las necesidades del entorno sociocultural de los estudiantes y el reconocimiento de las diversidades culturales. En un mundo cada vez más consciente de las desigualdades, las políticas públicas inclusivas se erigen como pilares esenciales para construir sociedades más justas y cohesionadas.
El compromiso inquebrantable con mejorar la calidad de vida de estas personas mediante la implementación de políticas y programas a medida es elementary para construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todos. En la sociedad actual, el desafío de la exclusión social se presenta como una realidad compleja que afecta a numerosos grupos vulnerables. Consecuentemente, se torna esencial entender el papel fundamental que desempeña el Estado en la implementación de políticas públicas inclusivas y programas efectivos orientados a combatir esta problemática.
La educación, presenta distintas dificultades en diversas áreas, tales como la política pública, la economía, la gestión, la ciencia pedagógica, entre otras. Ahora bien, el tema de la inclusión en la educación superior suscita gran interés, puesto que la universidad es un lugar, donde se suele replicar/amplificar las segregaciones y desigualdades sociales que operan en otros ámbitos sociales. Chile puede promover la equidad acogiendo activamente la diversidad y fomentando una sociedad inclusiva. Fomentar los intercambios culturales, celebrar las diferentes identidades y cuestionar las prácticas discriminatorias puede crear un entorno en el que todas las personas se sientan valoradas y respetadas.
Sin embargo, la gratuidad no basta, ya que la evidencia disponible muestra que ella no es una condición suficiente para que jóvenes de los sectores de menores ingresos, que logran acceder a la educación superior, puedan concluir exitosamente sus estudios, alcanzando el correspondiente título o grado. Esto requiere mejorar significativamente los mecanismos de financiamiento a los gastos de mantención, como becas de alimentación y residencia, y a los programas de apoyo para superar las carencias de la formación escolar. En este sentido, cabe celebrar iniciativas como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, orientado no solo a apoyar académicamente para ingresar a las universidades a jóvenes vulnerables, sino también para mantener ese apoyo durante los primeros años de carrera. Se requiere avanzar simultáneamente en varias líneas para acelerar los logros en equidad y calidad. Por una parte, tender a alcanzar gratuidad efectiva para los estudiantes vulnerables del sistema, que estudien en instituciones que cumplan ciertas condiciones relativas a calidad y ausencia de lucro.
Además, busca eliminar cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado y la ejecución de políticas, programas e iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Una segunda conclusión es que, en los programas, las diversidades mencionadas no hacen referencia a las desigualdades, tensiones, conflictos y discriminaciones que viven los grupos que se mencionan. En algunos casos, las referencias a las diversidades se realizan desde una perspectiva de déficit, de acuerdo a un criterio de normalidad que no se problematiza, restringiendo la apertura a otras formas de aprender. Esto se observa en las diferencias en las capacidades de aprendizaje (NEE) o socio-culturales, que constituyen barreras para el aprendizaje y serían una dificultad para los docentes.
La justicia climática es un concepto que busca abordar las desigualdades en el impacto y las causas del cambio climático, promoviendo acciones equitativas para su mitigación y adaptación. Este enfoque reconoce que las comunidades más afectadas por el cambio climático suelen ser aquellas que menos contribuyen a su causa, principalmente debido a patrones de consumo y producción desiguales a nivel mundial. Los principios de la justicia climática implican garantizar la participación de todas las comunidades en la toma de decisiones, promover el acceso equitativo a los recursos y tecnologías limpias, y compensar a aquellos que enfrentan pérdidas y daños debido a eventos climáticos extremos. Implementar políticas basadas en estos principios es esencial para trabajar hacia un futuro más justo y sostenible.
También se menciona la discriminación asociada al racismo hacia la migración precise y el sexismo en el abordaje de la categoría de género (In2). Durante el presente año será presentado al Parlamento el proyecto de reforma a la educación superior. Esta reforma requiere avanzar simultáneamente en aspectos relativos a acceso, institucionalidad, calidad y financiamiento. El tema del financiamiento incluye tanto el de las instituciones como el de los estudiantes, en el cual nos centraremos en esta columna.
La concept es ir empujando los campos semánticos para nombrar, comprender y desplegar la categoría inclusión desde la lógica del pertenecer. Lo anterior, requiere de políticas públicas sociales universales justas y prácticas culturales de equiparidad y respeto a las diversidades. Finalmente, la Ley contempla “programas especiales de acceso, de carácter basic, los que, de acuerdo con el principio de inclusión, deberán tener por objeto fomentar la equidad en el ingreso de estudiantes” (mineduc, 2018a, artwork. 13). El mismo texto legislativo, afirma que ya existen estos tipos de planes como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (pace), correspondiente a políticas de inclusión (mineduc, 2018a, artwork en que nos afecta la pobreza. 81a). Además, el programa se inicia desde la enseñanza media, donde se prepara académica, vocacional y psicológicamente a los estudiantes, además de acompañarlos los primeros años de vida universitaria (Toirkens y Osses, 2016). Como se puede apreciar, el artículo refiere al acceso a la educación superior y su obligación de incluir a todos los estudiantes eliminando discriminaciones arbitrarias, en este sentido, norma el ingreso para que todos puedan acceder, dedicando una glosa a las personas con discapacidad.
La disminución de la brecha de desigualdad, la búsqueda de equidad y justicia social requiere profundizar y avanzar hacia en una pedagogía que considere las diferencias de manera crítica no solo porque su existencia exige reconocimiento, sino también, porque han sido los grupos históricamente invisibilizados y vulnerados por la cultura hegemónica. En la mayoría de los casos, la palabra diversidad se utiliza de manera genérica, sin explicitar a quienes incluye. Esta generalidad de la palabra diversidad no permite el compromiso con ciertos grupos de la sociedad que requieren ser nombrados, visibilizados y reconocidos. Esto resulta particularmente relevante en la formación de profesores, en tanto agentes culturales que legitiman (o cuestionan) la cultura dominante presentándola como objetiva, invisibilizando la existencia de otros modos culturales que quedan en la marginalidad.
Sobre ello, algunos estudios evidencian cómo en asignaturas como Matemática, los docentes ejercen una enseñanza con sesgo sexista contra las niñas, interactuando con más frecuencia con los varones (Ortega et al., 2020) y concibiendo menores expectativas de rendimiento de las niñas (Mizala et al., 2014). Por otra parte, las prácticas pedagógicas en sectores rurales e indígenas normalizan en base al privilegio por la blancura, lo que lleva a estudiantes indígenas a la no identificación con su origen étnico (Webb & Radcliffe, 2015). Por ejemplo, en la Araucanía chilena, la cultura mapuche es desconocida casi por completo por los docentes no mapuches, mientras quienes sí lo son, invisibilizan o niegan su propia cultura al momento de enseñar (Quilaqueo & Quintriqueo, 2008). Este artículo se centra en el campo de la educación superior, específicamente, en la propuesta de formación profesional de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de seis instituciones universitarias, a través de los programas de cursos. La educación universitaria, si bien constituye una parte acotada del entramado social, es un espacio institucional relevante y legitimado por la sociedad para construir identidades sociales que se traducen en profesiones. La diversidad es una característica inherente al ser humano que puede ser abordada desde distintas perspectivas.
El ejercer el derecho a la educación requiere necesariamente que sea inclusiva y que certifique el progreso y enseñanza para todos y todas. Esta debe plasmarse en una formación relevante, apropiada y situada, acorde a las diferencias contextuales y culturales, que aborde las metodologías de enseñanza y los ritmos de estudio. A modo de ejemplo, Linne (2018) plantea que los estudiantes de sectores populares de Argentina perciben la diferencia cualitativa de la educación superior con respecto a la educación secundaria cursada, la primera, se percibe de mayor intensidad en cuanto a la exigencia y autonomía para la cual no han sido preparados. Junto a lo anterior, ellos mismos perciben la diferencia de capital cultural con respecto a sus compañeros que han tenido la oportunidad de una mejor educación formal e informal, cuestión que se evidencia en aspectos fundamentales tales como, la lecto-escritura y el repertorio lingüístico. Las universidades han hecho eco del problema de la desigualdad y la dependencia, implementado una serie de mecanismos que buscan la inclusión. Entre ellas, han abierto la oferta de carreras, dentro de la lógica del mercado, han flexibilizado los estándares de ingreso, generando becas y ayudas institucionales, propedéuticos, tutorías, consejerías.