En primer lugar, el derecho internacional de los derechos humanos sí aborda directamente cuestiones de distribución de recursos. El ampliamente ratificado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados a dedicar “el máximo de sus recursos disponibles” a asegurar de manera progresiva la efectividad de estos derechos, y a garantizar una base mínima de disfrute de los derechos para todos, sin discriminación ni retroceso. Éste tendría que responder a un argumento particularmente sólido en su contra si una privación persistente o cada vez más grave coexiste con una concentración de riqueza en aumento.
Y la pobreza extrema se puede definir mejor como una condición en la que la gran mayoría de los derechos humanos no tiene posibilidad alguna de hacerse realidad. En otras palabras, la desigualdad no es solamente una cuestión económica, sino también una de derechos humanos. Frente a la desigualdad distributiva, el movimiento de derechos humanos debe reconocer sus límites. A diferencia de algunos marxistas, creo que es absurdo culpar a los derechos humanos de la explosión de la desigualdad en nuestra época, a pesar de que los primeros adquirieron prestigio a nivel mundial, justo cuando comenzó la segunda. Dicho con una fórmula vulgar, el culpable del neoliberalismo es el neoliberalismo, y no los derechos humanos.
Cuando las personas son tratadas con igualdad, tienen más posibilidades de acceder a los recursos necesarios para vivir una vida digna y ejercer sus derechos. Por otro lado, cuando la desigualdad desigualdad 2022 se perpetúa, el acceso a los derechos humanos puede ser limitado o incluso negado. En la encuesta se ha preguntado por algunas frases que reflejan opiniones manifestadas por la población.
El objetivo central de la Ruta para la gestión de evaluaciones de políticas públicas de igualdad de género es aportar una herramienta sencilla, práctica y útil … De acuerdo con la ENIGH, el coeficiente de Gini se mantuvo intacto entre los años de 2012 y 2014, pues en ambos se ubicó en un indicador de .481; sin embargo, este dato es relativo al ingreso de las personas, considerando lo que obtienen vía transferencias (tales como remesas o recursos provenientes de programas públicos). De acuerdo con la ENIGH, los ingresos promedio de las personas cayeron, de manera trimestral y sin considerar las transferencias de recursos, de 9,136 pesos trimestrales en el año 2012, a una suma de 8,891 pesos trimestrales en 2014; es decir, una pérdida cercana al 3% considerando precios constantes de 2014. Finalmente, aunque la educación es gratuita en casi todo el mundo de forma oficial, las tasas adicionales relacionadas con el material escolar y de aprendizaje, así como el transporte, siguen impidiendo que los niños de familias desfavorecidas accedan a las escuelas. Y sobre la educación, el experto afirma que los adultos que viven en la pobreza a menudo no pueden asegurar los medios para que sus hijos crezcan con mejores oportunidades que las que ellos tuvieron, a pesar de sus esfuerzos por hacerlo.
Ya no es posible ignorar que las cuestiones de recursos y redistribución son parte de la promoción de los derechos humanos. Las principales ONG de derechos humanos, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, necesitan superar su profunda reticencia a incluir esta clase de temas en sus investigaciones, análisis y actividades de promoción. La consecuencia de no hacerlo actualmente es que, a pesar de todo su excelente trabajo para exhibir la magnitud de una gama específica de violaciones de derechos civiles y políticos, las estructuras y sistemas más profundos que sostienen la pobreza extrema e ignoran las desigualdades extremas, de hecho, persisten. Algunos actores económicos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han comenzado a hablar sobre las consecuencias económicas negativas de tales desigualdades. Sin embargo, no es casualidad que estas sean las mismas organizaciones que resisten con firmeza las políticas que incorporarían los derechos humanos a sus políticas y programas. Por supuesto, la culpa no es realmente de las organizaciones en sí, sino de los gobiernos que las controlan.
No sólo eso, dejan de ser un marco de actuación y se convierten en lineamientos aplicables al diseño e implementación de política pública, toda vez que la garantía de un derecho se traduce en el acceso a otros derechos. Así pues, la seguridad social se convierte en un derecho garante de otros derechos, una idea que encuadra con los conceptos de justicia social que le dieron origen en el siglo XX. La movilidad social ascendente que existía en los años 1940 ha disminuido en la actualidad, lo que significa que tanto el privilegio como la pobreza tienen más probabilidades de persistir a lo largo de las generaciones, afirma un experto en derechos humanos, que señala que la pobreza se convierte así en una trampa.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Si bien el Objetivo 10 y sus metas constituyen un marco, la lucha contra las desigualdades debe basarse en el contexto de cada país, sus necesidades económicas más apremiantes y su realidad política. Hasta el 30 % de la desigualdad de los ingresos tiene su origen en la desigualdad existente en los hogares. Si bien las desigualdades de género han ido disminuyendo —por ejemplo, se ha reducido la disparidad salarial por razón de género en los últimos veinte años—, las mujeres aún padecen disparidades económicas, jurídicas, políticas y sociales importantes.
En la medida en que sobrevivió una utopía de justicia, esta fue internacional pero mínima, al permitir la denuncia de las peores violaciones de los Estados, mientras que en el ámbito socioeconómico imaginaba un piso de protección sin un techo a la desigualdad. El movimiento y el régimen de derechos humanos simplemente no están preparados para desafiar las desigualdades mundiales. La desigualdad es un fenómeno social que afecta a la mayoría de las sociedades en todo el mundo. La desigualdad se refiere a la distribución desigual de recursos, oportunidades y poder entre los individuos y grupos en una sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, en México habitan, al menos, 5 millones de personas LGBTIQ+, lo que representa a 5.1% de la población nacional.
“Los contaminantes sin tratar ahora podrían verterse directamente en arroyos y ríos, poniendo en riesgo los ecosistemas, el agua potable y la salud de la población. Además, los estándares más bajos para las emisiones contaminantes de los vehículos y las menguantes regulaciones para las industrias del gas y el petróleo, podrían dañar los derechos humanos”, sostuvo Bachelet. Si bien la tecnología puede ser un gran elemento igualador —por ejemplo, al mejorar la conectividad, la inclusión financiera y el acceso al comercio y a los servicios públicos—, las personas que aún no están conectadas pueden quedar aún más marginadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el progreso se está ralentizando, e incluso invirtiendo, en algunos grupos.
Las últimas reacciones populistas al impuesto sobre el carbono demuestran que será cada vez más difícil emprender iniciativas audaces en relación con el clima si no se resuelven las causas profundas de las desigualdades.. Lejos de tener poco que decir sobre la desigualdad económica, los derechos humanos exigen que los Estados rechacen la desigualdad extrema y hagan un compromiso formal con las políticas diseñadas explícitamente para reducirla, si no es que eliminarla. Estas políticas deben considerar los derechos económicos, sociales y culturales con tanta seriedad como los derechos civiles y políticos. Deben garantizar que haya pisos de protección social y regímenes fiscales destinados a reducir la desigualdad y hacer efectivos los derechos de todas las personas. Para que el movimiento de derechos humanos pueda impulsar a los Estados a que adopten esta agenda a favor de la igualdad, primero necesita corregir sus propios sesgos y vacíos, lo que incluye revitalizar las interpretaciones normativas de la igualdad y volver a incorporar las cuestiones de recursos y redistribución a la ecuación de los derechos humanos. De manera más general, la comunidad de derechos humanos tiene que enfrentar directamente la magnitud en la que la desigualdad extrema debilita los derechos humanos.
Desarrollar estrategias para la rendición de cuentas Aún si es posible establecer vínculos conceptuales y normativos, ¿de qué sirven las herramientas y los instrumentos de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad económica? Moyn se lamenta de que la comunidad de derechos humanos ha sido poco más que “un espectador impotente del fundamentalismo de mercado”, debido, afirma, a la limitada aplicabilidad de las garantías de derechos económicos y sociales. No obstante, el valor de plantear la desigualdad económica extrema como un problema de derechos humanos es la posibilidad de pedir rendición de cuentas a los gobiernos y otros actores por las políticas injustas que la sustentan. Fukuda-Parr subraya esta posibilidad cuando cube cepal panorama social de américa latina 2021 que los derechos humanos pueden ayudar a llenar el vacío ético en la economía y hacer una contribución decisiva a los esfuerzos actuales para revertir la tendencia de la desigualdad. De hecho, los activistas de derechos humanos ya están trabajando con diversos mecanismos de rendición de cuentas para cuestionar las desigualdades injustas que resultan de las violaciones de derechos humanos.
Las desigualdades sistémicas integradas en la arquitectura económica global combinadas con la discriminación estructural, en función del sexo, el género, la edad, la discapacidad, la raza, el origen étnico, la religión y el estatus authorized, económico o de otra índole, significan que muchas personas, minorías y grupos permanecen marginados. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la desigualdad de ingresos en sus países se encuentra en su nivel más alto en 50 años. El ingreso promedio del 10 por ciento más rico de la población es aproximadamente 9,5 veces más alto que el del 10 por ciento más pobre.
Es revelador que, cuando se plantean cuestiones económicas y financieras en el Consejo de Derechos Humanos, invariablemente alguien argumenta que ese no es el foro adecuado y que esos asuntos deben tratarse en otros lugares. Y cuando se hacen esfuerzos por hablar de derechos humanos en los foros económicos, los mismos gobiernos insisten en que esas cuestiones se deben abordar en el Consejo de Derechos Humanos. En otras palabras, buscan colocar en compartimentos separados cuestiones que están profundamente entrelazadas.