Desarrollo Económico Y Desigualdad Durante La Transición A La Democracia En Chile 1990 2009

En otras palabras, las diferencias en el nivel de ingreso entre países son un componente muy importante de la desigualdad international, y tasas de crecimiento más altas por parte de los más pobres es lo que se requiere para reducirlas. Los datos incluidos en la Tabla 1 permiten apreciar que, desde el punto de vista de la desigualdad internacional, el steadiness de los primeros veinte años de democracia es positivo. En 1990, al recuperar la institucionalidad, el PIB per cápita del país era apenas un quinto del de los Estados Unidos.

Todo estudio empírico sobre experiencias exitosas de desarrollo ha demostrado el papel essential de la acumulación de capital, en su sentido más amplio, en el desarrollo económico, el problema lo constituía entonces, el enfoque que equiparaba la noción de acumulación de capital con la de formación de capital físico (Sen, 1998, p. 80). Lo anterior no significa que la categoría de pobres urbanos no fuese utilizada por académicos y por el Estado entre 1940 y 1970. De hecho, las referencias a “los pobres de la ciudad” son una forma recurrente de nombrar a aquellos que se encuentran en los estratos socioeconómicos bajos. Sin embargo, la mayoría de las veces, la categoría de “pobre urbano” era utilizada como una noción general, para referirse a un sector urbano marginalizado, en oposición a los sectores privilegiados (Ramos, 2016). Por su parte, la categoría de “poblador” constituyó un concepto más preciso para hablar sobre los residentes de poblaciones pobres. En comparación con la noción genérica de pobres urbanos, la categoría de poblador refiere a un grupo social que se constituye a través de sus acciones como “productor de espacio urbano”, especialmente de vivienda (Espinoza, 1988, p. 9).

A partir de la teoría de gubernamentalidad de Foucault, en este artículo examino esa representación de los asentamientos, que se da por sentada. A partir de la revisión de documentos oficiales de gobierno y discursos presidenciales, reconstruyo los conceptos utilizados para describir los asentamientos desde 1940 en adelante. Analizo cómo el concepto de pobreza adquiere relevancia a partir de la dictadura militar, y se consolida como marco interpretativo para entender los asentamientos recién durante los años 1990.

Por ejemplo, ciudadanos latinoamericanos pueden percibir que tienen acceso a derechos sociales básicos (ciudadanía social), pero no creen que puedan recurrir a la policía o a un tribunal de justicia en caso de que su seguridad se vea amenazada (ciudadanía civil). También pueden, al mismo tiempo, sentirse representados por las instituciones políticas (ciudadanía política), y tener una fuerte sensación de insatisfacción en su acceso a servicios de educación y salud (ciudadanía social). Pese coca cola fundacion a la disminución lograda durante los últimos años en materia de reducción de la desigualdad, América Latina, con un Gini de 0.465 (promedio regional Cepal 2018) registra los niveles más altos de desigualdad de ingresos del mundo. De los 26 países mas desiguales del mundo, el 58% está en nuestra región. La desaceleración del crecimiento económico durante el último quinquenio ha producido una estancamiento o incluso, en algunos países un retroceso, en materia de reducción de la desigualdad.

En este marco, utilizo el concepto de régimen de gubernamentalidad, desarrollado por Colin Gordon (1991) y Mitchell Dean (2010) para analizar el gobierno de los asentamientos informales. Tal concepto busca iluminar el complejo entramado de instituciones que participan del gobierno de una población, que incluyen no solo la acción del Estado, cuyo rol es predominante, sino también un conjunto de otras organizaciones y agentes que están dispersos y no actúan necesariamente concertados entre sí. La Casen no sólo nos muestra el promedio nacional de la pobreza, sino también su distribución territorial y por tipo de población. Llama la atención la alta heterogeneidad entre las regiones, así como entre poblaciones. Esta información es clave porque permite al Estado focalizar mejor su esfuerzo.

Asimismo, cabe señalar que la convergencia de las crisis en curso y las respuestas sociales que brotan en la emergencia no resuelven el asunto político que acompaña a la politización que ha venido resurgiendo”. Una de las preguntas más recurrentes sobre el pasado reciente del Partido Comunista de Chile es cómo este partido, el más moderado de la izquierda chilena hasta el golpe de Estado de 1973, en un breve lapso, se convirtió en su ala más radical durante la dictadura militar. La formación y el influyente accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez simbolizaron la magnitud del giro armado que los comunistas hicieron a partir de 1980.

Más aún, se hacen responsables de empeorar la situación si repiten las mismas estrategias, en un ejercicio que se vuelve ritual e inefectivo, pues genera la impotencia de haber hecho «todo lo posible» sin verdadero impacto ni resultados positivos. En países como El Salvador, Filipinas o Brasil se han propuesto soluciones, ampliamente populares, que van más allá de los límites del Estado democrático de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Los propios defensores de las instituciones democráticas y los derechos humanos son señalados, en tal escenario, como parte del problema y enemigos de la sociedad. Esta vía antidemocrática puede estar creciendo a nuestras espaldas, al mismo tiempo que la delincuencia y sensación de inseguridad vivida por los ciudadanos. De ser así, la lucha contra la delincuencia es hoy un problema político de primer orden, y no solo uno de seguridad ciudadana.

Estos pares binarios, que se irán reproduciendo y reeditando a través del tiempo a partir de nuevos conceptos, hablan de la agencia que se les atribuye a los residentes y definen una relación de autoridad entre las instituciones y los sujetos. El punto es, entonces, ¿Cuándo la delincuencia escapa de niveles normales y se inscribe dentro de parámetros patológicos? Las estadísticas pueden ayudar, pero todo indica que Chile se encuentra en este segundo escenario. Se deja el perímetro de la normalidad cuando se sobrepasan las capacidades de contención de los sistemas represivos y judiciales, al punto de que autoridades indiquen que la delincuencia tiene en jaque al Estado de Derecho; o cuando una sociedad se ve embargada por el miedo y la delincuencia, convirtiéndose la violencia en su principal preocupación. Cuando parte importante de la población se vuelve víctima, al limitar sus libertades restringiendo su accionar cotidiano a determinados lugares y horarios por temor a una delincuencia ubicua.

democracia y pobreza

Ante el tema de la equidad, la Mandataria reflexionó que “el desarrollo equitativo e inclusivo es posible solo con igualdad de género. Esta debe ser, por tanto, una prioridad de los Estados alrededor del mundo y particularmente de los latinoamericanos”. Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas. Esto responde a que el fenómeno de la pobreza ha cambiado y las personas enfrentan nuevas carencias, a la vez que se modifican los patrones de consumo, la provisión de servicios por parte del Estado y el contexto social.

El análisis del caso de Chile y de la desigual distribución en la percepción de acceso a distintos derechos de ciudadanía que hemos discutido en esta nota, ilustra por qué su disaster reciente tomó por sorpresa a quienes convencionalmente veían al país como una democracia liberal de calidad a nivel regional. Si bien aquella perspectiva es interesante y valiosa, y puede también ser analizada en clave sub-nacional, el enfoque predominante deja de lado la atomización de la experiencia ciudadana, a nivel cotidiano y local, con las promesas de la democracia liberal. Nuestra incapacidad para mapear e incorporar al análisis este sustrato elementary de la legitimidad del régimen liberal-democrático, equivale a las dificultades que poseen hoy los políticos nacionales para estructurar la representación y canalizar el malestar ciudadano en sociedades tan fragmentadas como las contemporáneas. Muchas de las críticas a la tesis del malestar social y la derivada impugnación del “modelo”, se basan en que el país, hasta el estallido de 2019, había progresado significativamente en distintos indicadores (Gini, reducción de la pobreza, incorporación educativa de sectores populares y medios, and so on.). Chile también aparecía, en términos comparativos, como una democracia de alta calidad institucional. En este artículo argumentamos que parte del malestar ciudadano que ha irrumpido en Chile se puede pensar como consecuencia de un deterioro sostenido en la percepción de acceso a derechos democráticos, en específico, en los derechos de ciudadanía civil, política y social.

Dentro de todas las noticias de la semana la más positiva por lejos fue la que nos entregó la última encuesta de caracterización socioeconómica (Casen). Según la última medición, la pobreza habría disminuido de 8,5% en 2017 y de 10,7% en 2020 a 6,5% en 2022. Sin duda una noticia para alegrarnos y celebrar, si no fuera porque es contraintuitiva. Las últimas cifras de la Encuesta CASEN 2022, desveladas en la Universidad de Chile, demuestran un marcado descenso en la tasa de pobreza en Chile, alcanzando un mínimo histórico desde la recuperación cepal desigualdad en america latina de la democracia. La encuesta Casen tiene representatividad a nivel nacional, por zonas geográficas urbana y rural, y también regional, y no está diseñada para tener representatividad a nivel comunal. «Claramente, la gente pobre no se siente interpretada por el sistema, de acuerdo al éxito del sistema instaurado, lo primero que hay que preguntarse es cuáles son las instancias que este modelo ha incorporado para que la gente se pueda integrar dentro de los procesos de gestión del estado a nivel de participación», manifestó Yáñez.

La población infantil es por lejos la población más vulnerable del país y ello no se condice con los esfuerzos de los distintos gobiernos, que están más preocupados de las pensiones que de los niños. También llaman la atención las regiones de Ñuble y La Araucanía, con tasa de pobreza de dos dígitos. Tenemos grandes desafíos, ojalá se noten en las prioridades del gobierno.

Esto permitiría una acumulación acelerada de capital, aumentando las capacidades para un posterior crecimiento económico, superando los problemas de desarrollo. Un planteamiento que, como recuerda el autor, fue característico tras la segunda postguerra y que tuviera como expresión histórica más extrema el proceso de industrialización de la Unión Soviética. Este nuevo marco interpretativo busca constituir los asentamientos informales en una población gobernable, en un momento histórico en el cual los gobiernos que encauzaron la transición a la democracia necesitaban establecer autoridad sobre las acciones políticas de los pobladores. Es decir, para poder constituirse en un campo de intervención de gobierno y con el objeto de hacer gobernable la demanda política por vivienda, los asentamientos informales fueron visualizados y nombrados como territorios de pobreza. El concepto pobreza proveyó la categoría adecuada para hacer legible la informalidad (Scott, 1998), y para establecer una relación de poder y autoridad con esta población (Dean, 2010).

Salvador Valdés argumenta que la disminución de la pobreza en la población adulta mayor no puede haber sido producto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), toda vez que la PGU solo extendió la pensión básica a la clase media. El aumento del sueldo mínimo y de la pensión básica sí son políticas que apuntan a los deciles más pobres. Distribución de ingresos en el paísEn materia de la desigualdad económica, la Casen 2022 destaca que el 20% de los hogares con mayores ingresos monetarios obtiene ingresos eight,2 veces superiores a los del 20% de hogares con menores ingresos. Ambos indicadores muestran mejoras en comparación con mediciones anteriores y son los mejores resultados de su serie. Por su parte, Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos, fue enfática en señalar que “los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza.