En ese sentido, observamos un intento concreto por disputar desde los sujetos condiciones para una mayor igualdad. Así, también, frente a la creciente presión extractiva, hoy la Ley Indígena y las comunidades legalmente reconocidas y protegidas por ésta, se han constituido en una herramienta más en función de negociar condiciones favorables en el marco de la instalación de nuevos proyectos o evitar en alguna medida nuevos escenarios de victimización, que podrían agravar la relación de desigualdad antes descrita. La etnogénesis se refiere a la reaparición y emergencia de pueblos indígenas que se consideraban hasta entonces como desaparecidos. Algunos autores han diferenciado este término de otros similares como reetnificación, etnificación y revitalización cultural, dependiendo del grado de influencia que puede tener en el movimiento el Estado u otros agentes externos, o del peso del pasado «actual» en los procesos identitarios actuales (Eriksen 1993). La primera de ellas dice relación con los procesos democráticos que afectaron a las repúblicas latinoamericanas a partir de la década de 1980 y que implicaron no solo demandas de tipo político, sino también un aumento de las postergadas presiones redistributivas. En este sentido, los pueblos indígenas se sumaron a las transformaciones políticas hacia gobiernos democráticos, esperando no solo el reconocimiento y mayores cuotas de participación, sino también mejoras en su calidad de vida.
Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. La desigualdad en el acceso al empleo y en el nivel de salario de las mujeres con respecto a los hombres ha empeorado en los últimos veinte años, pese a los esfuerzos internacionales por reducir la discriminación de género, de acuerdo a datos revelados hoy por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en common organizaciones beneficas sin fines de lucro, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna.
La buena salud es esencial para todas las personas, pero especialmente para niñas, niños y adolescentes. Enfermarse puede ser muy costoso, sobre todo en un sistema que privilegia los servicios privados de salud y no invierte lo suficiente en la salud pública. La justicia social define una visión integral del ser humano que no sólo resguarda sus derechos fundamentales, sino que promueve su desarrollo integral. El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la red de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) amplía su participación en el país trabajando con empresas estatales en el diseño de soluciones de mejoramiento del crédito para atraer inversiones transfronterizas, con especial énfasis en el fomento de la descarbonización de sectores clave de la economía chilena.
En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi eighty años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente seventy eight años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres. Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015). Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena.
Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo.
Esta situación se duplicate en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD. Dicha circunstancia afecta al porcentaje de mujeres que esperan desarrollar una carrera en ingeniería y/o computación, situación que en Chile se eleva sobre un 20%, en España un 17,7% y en la OECD un 13,6%. Otro ejemplo de trabajo en esta misma línea es llevado a cabo por los Centros de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar, posteriormente denominados Centros de la Mujer. Como su nombre lo indica, estos buscan prevenir, pero sobre todo dar atención a mujeres víctimas de violencia, pero sin establecer diferencias entre aquellos casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, lo cual impide contar con cifras claras y realizar estudios que apoyen la tarea de prevención y educación. En dicha declaración, el Sernam se no señala claramente que se espere un aporte en las decisiones económicas y políticas del país, como sí se señala explícitamente en el caso español.
De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico. Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población. Para ello, la (Tabla 2) presenta el promedio del ingreso autónomo del hogar (ver definición en Anexo E) por deciles, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2015. Observando los extremos se evidencia que el 10% de los hogares de mayores ingresos son 27,2 veces más ricos que el decil de menores ingresos.
Respecto de los saldos acumulados, a junio de 2020 las mujeres registran un saldo promedio de 663 UF, en tanto que el de los hombres es de 1.842 UF, lo que indica una brecha de -64,0%. En esto incide, además de las densidades de cotizaciones, el período de acumulación de ahorros, a su vez, determinado por las diferencias en las edades legales de jubilación por sexo (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres), lo cual resulta en un menor período de acumulación en el caso de las mujeres. Así lo plantea el Informe de Género sobre el Sistema de Pensiones y el Seguro de Cesantía 2020 que por tercer año consecutivo elabora la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones. Este documento contiene un análisis descriptivo de la situación de hombres y mujeres, a partir de estadísticas desagregadas por sexo y de indicadores que permiten observar las diferencias y desigualdades de género, según distintas variables. La crisis sanitaria y económica en el país ha castigado con fuerza la participación laboral femenina, acentuando aún más la brecha previsional en desmedro de las mujeres. Resultado de esto es que, por ejemplo, en materia de densidad de cotizaciones se observan diferencias significativas, ya que mientras las mujeres alcanzaron una densidad de forty seven,7%, en los hombres llegó a 58,1%.
Conocer la dinámica de desigualdad regional será un punto importante en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo diferenciadas, muy necesarias en un país con regiones tan heterogéneas como Chile. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades mapuches de Tromen y Boyeco (novena región) en la disputa por el cierre del vertedero emplazado en territorios pertenecientes a las comunidades. Tras un largo y complejo proceso en la construcción de asociatividad en el marco de la Ley Indígena, algunas de las comunidades más afectadas han decidido emprender acciones judiciales (2015) a partir de estas asociaciones, en busca de reparación por el daño causado tanto a la economía doméstica y el valor del suelo como a sus formas de vida tradicional.
Otro ejemplo de esto fue la restitución parcial de derechos de agua a la comunidad indígena de Chiu Chiu, a través de la gestión de la CONADI, que tenía gravemente afectada la producción agrícola desde la promulgación del Código de Aguas, cuando fueron enajenados a través de un proceso irregular de inscripción de derechos. En estos casos, así como en otros igualmente conocidos, como el del pueblo de Quillagua, los conflictos socioambientales que se han desatado en sus territorios han activado importantes procesos de etnogénesis al incorporar la Ley Indígena al repertorio de acciones protectoras posibles en un contexto de vulnerabilidad. Otro de los campos en los que es posible ver los avances y las estrategias de los pueblos indígenas es en la disputa por el acceso a y por la propiedad de los recursos naturales, así como en torno a la gestión de externalidades negativas de la economía. Estos elementos han sido particularmente importantes en las últimas décadas, en el marco de un renovado interés extractivo en nuestro país, tributario de las transformaciones económicas detalladas en el primer apartado. Este ítem está estrechamente relacionado con el revisado con anterioridad, ya que muchas veces se encuentra en la base de ciertos procesos etnogéneticos en el marco de los conflictos emergentes de estas dinámicas económicas.
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunos de los aspectos sociopolíticos y culturales que han ocurrido en Chile a raíz de la pandemia del Covid-19. La segunda sección examina tres ejemplos que permiten elaborar una crítica a los procesos de despolitización, desconexión y banalización del gobierno ante la disaster sanitaria. Finalmente, se lleva a cabo una reflexión sobre las ollas comunes como práctica cultural que contribuye en la repolitización de los barrios. Según los nuevos datos, un 15% de mujeres en edad de trabajar quieren un empleo, comparado con un 10,5% en el caso de los hombres, lo que indica que esta brecha no se ha reducido en dos décadas. En lo que respecta a participación en organizaciones sociales, llama la atención la mayor participación de mujeres en Chile en organizaciones religiosas, vecinales y de centros de padres, actividades que se han vinculado tradicionalmente a una cierta prevalencia de género, al igual que ocurre con las áreas de conocimiento. Así, es posible visualizar las inspiraciones de la política y sus respectivas transformaciones en procesos de política pública (PPP).
El gobierno chileno intentó implementar un subsidio por estudiante (voucher), pero según investigaciones de expertos chilenos e internacionales, esto no tuvo éxito porque reforzaba la segregación escolar, ya que las escuelas privadas podrán admitir estudiantes por preferencia y ganancias, mientras que las escuelas públicas no podían hacer lo mismo y estaban sujetas al estatuto más rígido. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno legal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes.
A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. En el informe del PNUD (2016)16, se observa que Chile está dentro de los países con un nivel muy alto de desarrollo humano, ubicándose en el puesto número 38, bajo Lituania y sobre Arabia Saudita, con una expectativa de vida promedio de eighty two años, y una media de años de escolarización de 9,9 (de los sixteen,3 años esperados para el país). Dentro de esta categoría los únicos países latinoamericanos representados son Chile y Argentina en el puesto 45 3 organizaciones sin fines de lucro (con valores de 0,847 y 0,827 respectivamente, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de 0,751). Sin embargo, Chile retrocede 12 puestos si se considera la desigualdad17, quedando al nivel de países como Rumania, Kuwait o Rusia. Los primeros puestos son ocupados por Noruega, Australia y Suiza, mientras que en los peores lugares están la República Centroafricana, Nigeria y Chad, con niveles de desarrollo humano muy bajo.