En cambio, en este texto sostengo –como hipótesis– que hay dos tipos de desigualdades que están relacionadas con la desigualdad de ingreso y que tienen una relación más directa con el estallido social, a saber, la desigualdad de exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. three En specific, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera. La persistencia intergeneracional de la riqueza se asocia a una alta concentración de ingresos en el grupo de ingresos más altos en Chile. En todos los países, la desigualdad se relaciona con concentración de ingresos, pero en Chile este patrón es muy pronunciado, con una alta proporción de los ingresos totales del país yendo a los hogares más ricos. No es sorprendente, entonces, que las familias más ricas traspasen su ventaja económica a sus hijos. Si, como muchos investigadores han sugerido, la desigualdad en la generación de los padres afecta la movilidad en la generación de los hijos, entonces una estrategia relevante para promover la movilidad es reducir la desigualdad.
Durante más de dos siglos Chile ha sido un país construido sobre la base de instituciones oligárquicas, las cuales han impedido un equitativo progreso social. Es lo que algunos analistas, a mediados del siglo XX, denominaron como «desarrollo frustrado». Dicho lo anterior, no creo que la de ingreso sea la desigualdad más relevante para explicar el estallido social.
Si bien este último comprende una variedad de demandas, entre ellas se encuentra la gran desigualdad que existe actualmente en el país, la cual, en palabras de Güel (2019), “…no se trata solo ni principalmente de un problema de distribución del ingreso” (párrafo 8). Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha.
Otra característica que resalta de las acciones públicas analizadas tiene que ver con la temporalidad de estas respecto de la Agenda 2030. En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017. Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10. Es decir, que incorporar la Agenda 2030 a las diferentes reparticiones públicas del país es un proceso que no es inmediato y necesita un trabajo previo como el diagnóstico y planes de implementación.
El libro, que se centra en la desigualdad socioeconómica, quería aportar para pasar de una “discusión a nivel de slogan” a una de contenido analítico y basada en la evidencia empírica. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno. Estos límites se basan en estimaciones, ajustadas por tamaño de familia, de la media del ingreso familiar para las áreas metropolitanas y no metropolitanas designadas. Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del eighty por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores.
Por ejemplo, en China e India, las encuestas muestran una concentración de ingresos del 1% más rico cercana a la mitad de la concentración actual. Existen múltiples razones que explican el aumento sostenido de la desigualdad en Estados Unidos, todas ellas decisiones de política. En estos textos hemos extensamente discutido el rol de los impuestos en esta tendencia, pero el problema es más complejo. La caída en la progresividad de los impuestos a los más ricos es sin duda una de las explicaciones. Otras causas son el estancamiento del salario mínimo, el debilitamiento de los sindicatos, la falta de competencia, y la falta de regulación financiera, entre otros. Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable.
Pero también tenemos muchos lastres heredados que nos impiden muchas veces avanzar más rápido y también nuevos desafíos que enfrentar. Estamos abocados a encontrar los medios que nos permitan superar los obstáculos y a crear las condiciones que nos permitan ponernos a la altura de las nuevas oportunidades y retos. Y hemos puesto a Chile en movimiento, y todos y todas estamos comprometidos a llevarlo a buen puerto. Detrás de este indicador, y de todos los demás que se utilizan para medir desigualdad, hay una concepción de bienestar social que se desea capturar. En specific pies descalzos, está la concept de que, dado un nivel de ingresos totales, a la sociedad no le da lo mismo cómo se distribuyen esos recursos.
Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).
En Chile, toda la educación, excepto por los colegios particulares pagados, se financia a base de una subvención por alumno. Antes, esa subvención era del mismo monto, independiente de si el alumno era pobre o si tenía más recursos, lo que era problemático, porque educar alumnos con desventajas requiere más recursos. Eso ha ido cambiando por una política en que a los alumnos más pobres se les asocia un subsidio mayor, así como a las escuelas que los atienden, lo que se acerca más a compensar los fondos que requiere atender a una población más weak.
La primera declaración sobre los derechos del niño information de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento organizaciones sin fines de lucro de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países.
Dos destacadas académicas de la Universidad de Concepción y uno de los investigadores del PNUD autor del libro «Desiguales», analizan la raíz de la que muchos se atreven a nombrar como la mayor movilización social en la historia de Chile. Sin embargo, la Ley establece que los cambios por satisfacción, es decir, si no te gustó un producto, son opcionales de cada marca. Para brindarte una mejor experiencia de compra, Antártica cuenta con esta garantía voluntaria (además de la garantía legal) llamada Garantía de Satisfacción, con la que puedes cambiar o solicitar la devolución de un pedido en los plazos indicados más abajo, siempre que se cumplan los requisitos de satisfacción garantizada. Hasta el 12 de julio estarán disponibles las postulaciones al concurso “Redes, Núcleos e iniciativas de colaboración académica de carácter transdisciplinario”, impulsado por la Vicerrectoría de Desarrollo e Investigación (VID) a través de su Dirección de Innovación. La convocatoria busca fortalecer y consolidar iniciativas que vinculen diferentes áreas del conocimiento para al abordaje de problemas complejos de relevancia pública.
Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras.
Destacó que “Chile ha hecho mucho progreso”, de hecho, la desigualdad por ingreso ha disminuido de 55% desde el año 2000 a 47% en 2015. Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el término se aplica a la naturaleza necesariamente híbrida y codependiente de las fuentes de financiamiento para la vivienda sin fines de lucro y de propiedad pública de dicho país, donde constituye alrededor del 5 por ciento del volumen whole (Bratt, 2012). Esta codependencia, junto con una preferencia política por un ‘retorno’ de las viviendas sociales a las reglas del mercado después de cierto tiempo, ha afectado también los esfuerzos por establecer formas de proveer vivienda sin fines de lucro,ya sea en forma de arriendo o de cooperativas. Por ejemplo, en 1959 el programa de Mitchell Lama para el Estado de Nueva York, establecido sólo cuatro años antes, abandonó su objetivo original de mantener los desarrollos regulados a perpetuidad permitiendo a los propietarios optar por salirse una vez pagada la hipoteca (Botein, 2009).