A nivel macro, la exclusión social se aprecia cuando los sujetos no acceden o hacen de forma precaria a la educación, salud, economía, política, cultura o a los derechos. Tal vez la característica más significativa de la dimensión económica en la vida de los pobres urbanos es que éstos se enfrentan fuertemente con la economía del mercado, más que los pobres rurales (Banco Mundial, 2004). Vivir en la ciudad significa tener que generar ingresos para sobrevivir, exigiéndoles a los pobres urbanos integrarse, de una u otra forma, a los mercados laborales. Ellos deben vender su trabajo a cambio de ingresos monetarios. En áreas rurales, aún existen modalidades de generar sustento (muchas veces de subsistencia) donde se transan especies y la fuerza de trabajo (en forma particular person y colectiva), además de la producción agrícola directa. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza materials es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas.
Fue la disaster del covid-19 y su shock económico el que quebró la tendencia y nos hizo retroceder, llevando a casi medio millón de personas bajo la línea de la pobreza, aumentando a un 10,8% la tasa de incidencia de pobreza en el país. Al desafío sanitario de la pandemia se sumó rápida y urgentemente la necesidad de combatir los efectos sociales y económicos de la misma. Las diversas ayudas sociales permitieron una rápida recuperación económica y de los empleos, pero trajo consigo un sobrecalentamiento de la economía, que sumado a la guerra de Rusia en Ucrania y los rebrotes de covid-19 en Beijing, elevó la inflación anual a un máximo de 14,1% en agosto de 2022, lo que presagiaba una dificultad en la recuperación. De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo.
Durante el ciclo de protestas desencadenado entre 1983 y 1986, el movimiento de pobladores se reactivó y adquirió fuerza (Dubet et al., 2016; Schneider, 1995). Los ciclos de protestas y la reemergencia de las tomas de terreno durante este periodo instalaron la idea de que, pese a la represión militar, el movimiento de pobladores aún tenía capacidad de rearticulación. Las distintas variantes de la teoría de la marginalidad han sido los marcos de referencia más importantes en la conceptualización de los asentamientos informales y de la pobreza urbana, no solo en Chile, sino en América Latina en general (Dubet et al., 2016). Justamente uno de los grupos que se considera excluido en Chile son las personas migrantes, que llegan a Chile con un mayor riesgo de vivir situaciones de exclusión social pues tienen que iniciar una vida desde cero donde, en basic, no conocen la idiosincrasia del país, no tienen vínculos ni redes de apoyo y las empresas están desinformadas. “Esto causa situaciones complejas como que un migrante, para poder acceder a una visa temporaria por motivos laborales tenga que presentar un contrato de trabajo. De esta forma, el acceso a un empleo con contrato de trabajo se hace un camino duro, fomentando situaciones de vulnerabilidad como es trabajar sin contrato, explotación laboral, entre otros factores de riesgo”, señala la profesional de la RAIEC.
Esta etapa termina en un momento en el cual los campamentos son entendidos como la dimensión urbana del conflicto de clases y una estrategia de presión al gobierno para la efectiva realización del derecho a la vivienda (Castells, 1973; 8). Reconciliación del derecho al trabajo de la población de escasos recursos (y mejoramiento de su calidad de vida) con el derecho a la disponibilidad y acceso a los espacios públicos, y a su vez, el uso estratégico del recurso patrimonial para el desarrollo urbano. En la gran mayoría de los países de la región existen programas nacionales para facilitar el crédito, capacitar y entregar apoyo técnico a las pequeñas unidades productivas. Sin embargo, carecen de orientaciones claras5 y tienen un marcado énfasis social, que no toma en consideración la enorme heterogeneidad que caracteriza el sector. La microempresa, bajo este esquema, se consolida como amortiguador laboral-productivo en tiempos de ajuste y crisis, sin necesariamente lograr insertarse y competir dentro de la economía formal.
La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. La implementación del programa Chile Barrio marca un cambio paradigmático en la forma de representar los campamentos, consolidando la asociación conceptual entre pobreza y asentamientos precarios, que gradualmente se había desarrollado en el lenguaje gubernamental. La política de la pobreza, es decir, el marco interpretativo que visualiza, enuncia e interviene los campamentos como territorios de pobreza, se instala en la narrativa gubernamental.
Finalmente, los gobiernos pueden influir sobre el tipo de desarrollo con la ubicación de obras públicas (tanto pequeñas como grandes). También tienen un rol clave como depositario de derechos de propiedad a través de los registros prediales, de los procesos de catastro y de la información sobre el mercado de suelo. En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una heterogeneidad de condiciones y carencias que expresan directamente e indirectamente su vulnerabilidad económica. En nuestra región, la pobreza urbana adopta la forma de bajos ingresos vinculados a empleos precarios, falta de capital educativo y activos patrimoniales, y refleja inequidades por razones de género1. Desde la perspectiva de potenciar a los sectores de pobreza urbana como protagonistas de su propio desarrollo, se recomienda entablar una agenda del habitat para atender la vulnerabilidad económica de los pobres urbanos. En este contexto, se debiera buscar el mejoramiento de las condiciones del habitat, entendiendo que éstas forman parte de la dotación de capital físico y económico de los sectores urbanos de pobreza.
Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).
Fue muy importante ver como el tema los interpela, lo abordan con fuerza, enfatizando los sentimientos que les afloran de tristeza, pena y rabia, especialmente vinculada esta última a la injusticia de la situación que enfrentan tantos niños, niñas y adolescentes como ellos, y aún menores. En primer lugar, es importante destacar la necesidad de incorporar siempre la voz de niños, niñas y adolescentes en este tipo de estudios. Desde un enfoque de derecho, y tomando uno de los principios de la CDN, la participación de niños, niñas y adolescentes es basic, y el derecho de ser oídos es asimismo un derecho catalizador de otros derechos. three El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza consiste en clasificar como «pobre» a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la «línea de pobreza» o monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales.
Si se considera a las personas “que no sólo tienen pocos ingresos para participar en la economía, sino además, no acceden a la salud, educación, vivienda o trabajo, se tiene a casi un millón de personas, correspondiente al 5,5% de la población y que podemos considerar como los más excluidos de la sociedad”, señala Paulo Egenau. Esta es una pregunta clave, especialmente en un mundo “post-pandemia” donde la pobreza, la vulnerabilidad y las desigualdades se han agudizado de manera dramática en Chile, tanto a nivel territorial como también respecto de grupos específicos de niños, niñas y adolescentes. Mientras el promedio nacional de hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza es 15,6%, esta cifra se acrecienta en aquellos pertenecientes a pueblos indígenas (17%); aquellos habitantes de zonas rurales (18%); y en situación migrantes (26%). El objetivo fue identificar y visibilizar las importantes implicancias que tiene para niños, niñas y adolescentes en nacer y crecer en un contexto de pobreza y vulnerabilidad en Chile. El Estudio realiza una exhaustiva revisión nacional e internacional, analizando las brechas normativas y de política pública, constatando la gran deuda que el país tiene con la niñez y adolescencia.
La definición de los asentamientos informales como territorios de pobreza da origen a políticas públicas para el gobierno de dicha población. Estas políticas imponen identidades a los sujetos, de las cuales se derivan requisitos que los sujetos deben cumplir para ser beneficiarios del programa. Así, “ser pobre” se constituye en una identificación necesaria para ser sujeto receptor de beneficios del Estado. La forma en que el lenguaje contribuye a producir sujetos de gobierno, es una de las formas en que el poder y el conocimiento se imbrican para producir el ejercicio de la autoridad (Foucault et al., 1991).