Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano basic ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y ethical que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad. Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios, llega a su fin.
En 2015 Chile retrocedió del lugar forty six al 87 en dicho indicador (WEF, 2016), aunque en 2017 figura en el lugar sixty three (WEF, 2017) y en 2018 avanza al lugar fifty four (mientras España figura en el 24 en 2017 y 29 en 2018). Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%, esta cifra se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada la redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior a la de los varones. El desafío que tenemos por delante como país es grande, porque en escenarios de desesperanza y desconfianza, donde la percepción de abuso se instala, la respuesta populista y fuera de la institucionalidad puede ser un camino fácil. El lado positivo es que, a juicio de lo que hemos visto en los últimos días, a propósito de la viralización y la denuncia de este tipo de abusos, existe en Chile una ciudadanía activa capaz de, a su modo, no tolerar más la prepotencia, el clasismo y la discriminación. Ignorábamos que el asesinato del entonces Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, para impedir que el Congreso proclamara presidente a Allende, y que fue financiado por la CIA, fue la antesala de miles de encarcelados, torturados, muertos y desaparecidos que a partir del eleven de septiembre de 1973 partirían mi país en dos. Aun cuando caracterizar y cuantificar la desigualdad de poder es una tarea más compleja, tal desigualdad puede tener expresiones muy concretas en el funcionamiento de las democracias.
Las mujeres están empoderadas en la medida que, particular person y colectivamente luchan contra y (algunas veces, al menos) superan el despliegue de poderes en contra de su agencia y bienestar (Koggel, 2013). Se sigue que las DE y GE4 deben preocuparse no solo de promover la agencia, sino también el protagonismo moralmente permisible que resolve, desafía, combate y busca superar los obstáculos sociales para una mejor vida (Drydyk, 2013). La economía política, como ha sido expuesta anteriormente, delinea y expone esos obstáculos, especialmente aquellos relacionados a varias desigualdades.
Estas desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). Este punto es de máxima importancia y se transforma en uno de los principales desafíos de la democracia, a propósito de la precise discusión sobre una nueva Constitución. Se trata de evitar las diferencias abismales que se establecen entre los ciudadanos, respecto de su capacidad de influir, de ser escuchados y representados en las decisiones públicas. La desigualdad de oportunidades, las diferencias entre privilegios de cuna versus mérito. Las desigualdades políticas son las que posibilitan la segregación económica y social de la gente común y, también, son las responsables de la discriminación histórica contra los pueblos indígenas en Chile (PNUD, 2014). El malestar frente a las desigualdades, sobre todo aquellas que hieren la convivencia humana, han dado curso últimamente a diversas formas de manifestación social en el mundo entero, incluyendo algunas marcadas por la violencia.
El trabajo teórico incluye argumentaciones conceptuales, históricas y empíricas respecto de la naturaleza, tipos, causas, tenacidad y consecuencias de la corrupción tanto gubernamental como no-gubernamental. Los expertos en ética deberían hacerse cargo del mérito ethical, la efectividad y la durabilidad de diferentes tipos de estrategias para atacar y reducir la corrupción. ¿Cómo se relaciona la desigualdad con el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019?
Muchos de los expertos en ética y profesionales han argumentado ―persuasivamente, creo yo― que los ciudadanos afectados por proyectos de desarrollo native deberían tener un rol en la toma de decisiones en todas las fases de esos proyectos. Estas fases incluyen la identificación de necesidades, deliberación sobre fines y medios, monitoreo y evaluación. Las personas tienen un derecho a ejercer su agencia y ayudar a determinar y modificar las políticas bajo las cuales viven. El hacer esto da a los participantes una sensación de que son agentes respetados y que ellos «poseen» sus proyectos. Una consecuencia es que la democracia local –especialmente cuando es inclusiva y provee una oportunidad a las voces que están marginadas a no ser oídas– scale back el peligro del apresamiento de las élites y contribuye a la durabilidad de un proyecto de desarrollo. Algunos importantes ejemplos incluyen el presupuesto municipal inclusivo (participativo) en Brasil y a lo largo de Latinoamérica, así como otros canales y lugares para que los ciudadanos ejerciten su agencia empoderada (Baiocchi et al, 2011; Cameron et al, 2012; Goldfrank, 2012; Vásquez Durán, 2014).
Es decir, se trabaja ex-post las situaciones de violencia, lo cual evidencia ausencia de trabajo desde la educación y promoción de derechos. Algunas excepciones se hallan en el Programa Mejoramiento de la Gestión (que data de 1998), compuesto por subsistemas como el Enfoque de Género (incluido en el año 2002), que permite de manera exploratoria conocer cómo se comportan las distintas aristas de la gestión territorial al introducir la variable de género. Para ello, en el año 2008 se realizó el Primer Seminario sobre Protección Social y Género, cuyo objetivo obedeció a la necesidad de debatir sobre desafíos y propósitos de la perspectiva de género en función de las acciones de inclusión social que se promueven desde el Sistema de Protección Social y sus distintos componentes. Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas.
Hay otras formas de malestar en el marco de una operación very important en el Chile contemporáneo, de integración vía consumo y Estado subsidiario. El nuevo Chile prometió la superación del dolor histórico, pero terminó en su fracaso y en la producción de nuevas formas de malestar que hirieron doblemente. Las dos matrices culturales exitosas en Chile (cultura hacendal, cultura del emprendimiento) tienen relevantes principios de legitimación de la desigualdad. Y la ruta cultural no exitosa, la cultura republicana, ostenta una variante que permite también incorporar la desigualdad como parte de su repertorio posible. Una revisión somera de las tres matrices mostrará la articulación de estas visiones con nuestra historia de desigualdad. Imposible no volver la mirada a ese otro four de septiembre de 1970, cuando Chile también definió un giro radical.
Por su parte, la profesora Paulina Benítez Molina, que se ha dedicado a trabajar en la desigualdad educativa, así como en la desigualdad de ingresos en el país, ahondando en los resultados de la estrategia del modelo chileno en el largo plazo, afirma que “ahora estamos cosechando los resultados de esa estrategia de modelo que se implementó hace más de 40 años (1975)». De lo anterior se desprende también la menor participación de mujeres en cargos de decisión o directivos, aun cuando alcanzan de forma equivalente el grado de cualificaciones necesarias para su participación y se las despoja de facto de esta posibilidad. En definitiva, se identifica al ámbito de la educación como un eje clave para la superación de las brechas estructurales que afectan a la desigualdad de género, aunque no baste por sí misma, dado que el cambio cultural y regulatorio respecto del resguardo de las garantías constitucionales que otorgan fortaleza a categoría de ciudadanía es absolutamente elementary. Por otra parte, la brecha salarial desagregada por nivel educativo da cuenta de una realidad aún más incómoda. La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión.
La extrema desigualdad, en consecuencia, puede ser una amenaza para la salud de la democracia. Pensando desde una perspectiva histórica del malestar, la disaster de 2011 es una crisis muy relevante, pues la promesa neoliberal era superar las determinaciones históricas del modelo cultural hacendal. El nuevo modelo concentró nuevamente los recursos en pocas manos, pero con un fundamento y operación diferentes.