La Guía tiene 10 acciones claves, y tenemos por delante la tarea de trabajarlo a nivel nacional y regional. Debemos poner un foco en derechos humanos en la gestión de las empresas, hacer procesos de debida diligencia que sean realmente coherentes, que estén al centro”. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder. Por ejemplo, la concentración de las decisiones de inversión en una pequeña elite le entrega a esta última una capacidad de veto sobre la política económica, sobrerrepresentando sus intereses en el debate público.
Por ejemplo, dos individuos que pudieron acceder a la misma educación profesional, en igualdad de condiciones ex-ante, obtienen luego el mismo puesto de trabajo, pero en diferentes empresas. Estas compañías ofrecen diferentes salarios, por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, generando desigualdad de resultados para dos personas que tenían en principio igualdad de oportunidades. De esta manera, la libertad que tendrán estos sujetos en cuestión para alcanzar un resultado se ve limitada por la desigualdad de recompensas, generando así desigualdad entre ellos. Cuando nos enfrentamos a la tarea de definir el concepto de desigualdad económica, la primera pregunta que surge es ¿desigualdad de qué? En otras palabras, hay que determinar a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad económica y aquí es donde nos encontramos con dos perspectivas, ex-ante y ex-post 1 . Atkinson (2015) afirma que la literatura se encuentra, generalmente, dividida sobre si comprender la desigualdad como una de oportunidades o de resultados.
Señalan que los ciudadanos están a favor de las políticas que consideran eficaces, por lo que se debe evaluar el impacto de las iniciativas para reducir la desigualdad y facilitar su entendimiento para la ciudadanía. “Debemos entender la desigualdad como un riesgo sistémico, que afecta la estabilidad social, el progreso económico y la licencia de las empresas para operar. La acción de las empresas debe buscar mitigar estos riesgos y a la vez, construir un mundo de oportunidades en el que las empresas puedan prosperar en el largo plazo”. En una reciente entrevista que el economista Sebastián Edwards le hizo al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en Ex Ante, Edwards rescata la profundidad que alcanzó esa convicción. Hablando sobre la desigualdad económica como issue gatillante del estallido social, el economista recordó que Rolf Lüders, ministro de Hacienda de la dictadura, pensaba que la desigualdad era un problema de envidia y que no había que preocuparse de ella, sino del crecimiento.
Sin embargo, estudios análogos han sobrestimado los efectos de ambos tipos de gasto, debido al uso de métodos econométricos inapropiados. El efecto progresivo del gasto sanitario sobre la desigualdad es confirmado por el estudio que Spadaro et al (2011) hacen sobre dicho gasto en España, mostrando una buena capacidad para sacar a las familias de la pobreza. Bastagli et al (2012) también califican al gasto en educación y sanidad como de altamente redistributivos.
Por otro lado, se critica la mala relación que existe entre sus metas y los indicadores propuestos (Donald & Lusiani, 2016). Como se ve en la Tabla 2, no todas las metas son cuantificables y, por consiguiente, de difícil monitoreo sin los indicadores adecuados. Por ejemplo, la meta 10.2 sobre promover la inclusión, tiene como indicador “Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad”. En este sentido, este indicador podría dar luces sobre la inclusión económica de las personas, pero no así de los aspectos sociales o políticos. O bien, la meta 10.three que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, tiene como indicador la “proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.
Es más, para el caso de Chile, el PNUD (2017) identificó seis factores que reproducen la desigualdad a lo largo del tiempo en el país. Primero, la estructura productiva de Chile, que se relaciona a las diferencias de productividad, capacidad de inversión y nivel educacional de los/as trabajadores/as. Igualmente, el tercer factor contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto issue refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad. Si se ordenaran las regiones del mundo, dice Contreras, Lationamérica aparece como una región de alta desigualdad.
Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Enfatizan en que los sectores más dinámicos y productivos de la economía, que se concentran en pocas empresas y generan una baja proporción del empleo, coexisten con sectores más atrasados tecnológicamente, con menos acceso a capital, mayor endeudamiento y menor productividad, donde se encuentra la mayoría de las empresas y que son responsables de más del 80% del empleo privado. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89).
También se argumenta que la desigualdad era baja en los regímenes comunistas ruso y chino en 1980 y que su posterior aumento contribuyó a estimular la innovación y el crecimiento en beneficio de todos. Sin embargo, la justificación de la desigualdad en función del bien común no puede aplicarse a la realidad general de todas las naciones. Por ejemplo, el crecimiento económico estadounidense y europeo durante el auge del Estado de Bienestar, de 1950 a 1980, fue más intenso que en las décadas siguientes, las que estuvieron caracterizadas, como escribe Thomas Piketty en Capital e ideología, “por un aumento de las desigualdades de dudosa utilidad social”. Según el economista francés, estas no beneficiaron “al 50% más pobre, que ha sufrido un estancamiento total desigualdad en la pandemia de su nivel de vida en términos absolutos y un hundimiento en términos relativos”. Sin embargo, los hallazgos evidencian que aquello no se presenta como tal en intervalos temporales acotados y con múltiples transiciones políticas, tal como se evidenció en el modelo n.° 10.
Dentro de esta agenda, se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre “Reducir la desigualdad en y entre los países”, el cual contempla diez metas. Así, para este artículo, se analizaron las acciones públicas, presentadas por el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de determinar si la estrategia chilena, llevada a cabo entre el 2015 y 2018, considera un concepto multidimensional de las disparidades económicas o no. La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales. La tabla del Anexo D resume los resultados de los indicadores evaluados en este trabajo, revelando la susceptible desigualdad en la sociedad actual posición de la región de La Araucanía, la peor catalogada en cada uno de los indicadores económicos y algunos sociales. A nivel de desarrollo económico, la Región Metropolitana logra los mejores resultados, mientras las regiones del sur del país, los peores, destacando nuevamente La Araucanía, única región catalogada con un bajo nivel de desarrollo, de acuerdo al IDERE.
En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el BM se encuentra entregando asistencia técnica al proyecto Gestión Social Local (GSL) Esta nueva metodología para la entrega integrada de servicios y beneficios sociales en los municipios, ya se encuentra disponible en casi el 70% de las municipalidades del país. A través de una “ventanilla única”, los funcionarios disponen de los distintos programas y subsidios con que cuenta y puede acceder un beneficiario, permitiendo entregar una mejor atención social, además de aumentar la eficiencia del gasto público. La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha apoyado activamente al sector privado de Chile para aumentar la productividad, promover la inclusión y lograr avances en materia de sostenibilidad.
Por ejemplo, dos personas que perciben el mismo ingreso, pero una de ellas se ve forzada por factores fortuitos a generar un gran gasto o endeudarse, mientras que la otra puede ahorrar ese dinero o invertirlo en su desarrollo personal, mostrarán disparidades en el uso de sus recursos y, por consiguiente, en la libertad para lograr ciertos resultados. De acuerdo a Sen (2000), alcanzar cierto nivel de calidad de vida se ve coartado por las condiciones sociales en que se encuentra un individuo o que posee un país. Esto con el fin de determinar qué concepto de desigualdad está justificando el plan de acción de Chile respecto del objetivo anteriormente señalado, argumentando inicialmente que el concepto utilizado para justificar este plan es la desigualdad de ingresos principalmente. Sin embargo, y como se presentará a continuación, esta no sería la única dimensión de las disparidades a la que hay que aludir para disminuir las brechas existentes en Chile de manera efectiva. Por otra parte, el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución que compromete a los 193 miembros de esta organización a trabajar en un programa de 17 objetivos, llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos se encuentra el número 10, sobre “Reducir las desigualdades en los países y entre ellos” (Naciones Unidas, 2018).
El Primero es que la propensión marginal al ahorro de los estratos altos de la población es mayor a la que presentan aquellos grupos sociales de menores ingresos; por lo tanto, a mayor desigualdad mayor tasa de ahorro y más rápido será el crecimiento económico3. El segundo es que los grandes proyectos de inversión requieren de altas sumas de capitales, por lo que un país al no contar con un mercado financiero desarrollado, la posibilidad de concretar estos proyectos se enfoca en unos pocos individuos de la sociedad que a su vez concentran una parte importante de la renta nacional. Y el tercero es que la desigualdad es eficiente para la economía, dado que induce a los agentes a arriesgarse y/o esforzarse más con el fin de mejorar sus niveles de bienestar relativo, lo que repercute de forma positiva en el desempeño económico de los países.
Por otro lado, las acciones públicas incorporadas que son muy anteriores a la Agenda 2030, en términos de temporalidad, son acciones que además de perdurar en el tiempo, son de largo alcance. Por ejemplo, la Reforma Previsional ya mencionada, requiere de un largo período de tiempo para ver resultados, ya que hace referencia un segmento de la población que verá los resultados de esta ley en varios años más, cuando sea momento de jubilarse, como también quienes año a año se retiran de sus actividades laborales. O bien, la Ley Nº19.966 del año 2004, la cual continúa vigente e, igualmente, ha ido incorporando cada vez más elementos para incluir a una mayor cantidad de personas beneficiadas desde su entrada en vigencia hasta el día de hoy.