Si bien hoy en día se ha conformado un discurso mucho más crítico alrededor de esto, lo más crítico que hemos escuchado el año pasado es nacionalizar el cobre. Pero no se han escuchado discursos generalizados sobre un cambio de modelo, discursos fuertes sobre una reforma tributaria de verdad que permita cambiar las posiciones relativas que cada uno tiene en esta sociedad”, concluyó la académica. “El caso argentino es bien interesante porque, si bien las desigualdades han sido más bajas que en Chile, históricamente, han aumentado en el último tiempo, a pesar de que es un país en el que hay una capacidad de acción colectiva más fuerte que en Chile y, por ende, una capacidad de transformación más elevada”, señaló. La idea es comparar países que están en situaciones distintas en cuanto a las desigualdades que presentan pero también en cuanto a la tolerancia a la desigualdad y a la capacidad de acción colectiva.
La inevitable labor creativa del juez al aplicar la ley admite un más y un menos; hay interpretaciones más o menos apegadas al tenor literal del texto o al espíritu de la norma o a los diferentes factores que orientan la interpretación. Pero, en common, puede decirse que en cualquiera de estos casos en Chile se aplica la ley con un estricto apego a la letra38. 🔎RECOMENDAMOS la entrevista del @ObservatorioGE a nuestra desigualdad economica pdf pdta ejecutiva @ale_sepulvedap, quien analiza el actual sistema de #pensiones y la propuesta del gobierno. En segundo lugar se propuso un instrumento para “reconocer las lagunas previsionales vinculadas al trabajo de cuidado no remunerado”. Alejandra Sepúlveda sostuvo que “al gobierno le propusimos emular lo que existe en Alemania, en Canadá, Francia, en el Reino Unido y Suecia que se llaman ‘créditos jubilatorios por cuidado’.
También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es 0,fifty nine. Consistente con lo reportado por la OCDE, encuentran que en su conjunto la acción del gobierno es levemente progresiva.[8] El estudio muestra, además, que el sistema tributario es levemente regresivo y el sistema de transferencias es progresivo, especialmente debido a las transferencias en salud y educación. Así, el diseño mismo del sistema tributario explicaría por qué la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias es particularmente acotada en el caso chileno. Se concluirá que el sistema tributario Chileno responde a un pacto social -impuesto, no acordado- que le asigna un rol acotado al Estado tanto en la recaudación como en la corrección de las desigualdades del mercado.
Tal como explica Ximena Quintanilla, uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es «que las instituciones públicas y privadas midan su brecha de remuneraciones para, a partir de eso, tomar medidas para disminuir dicha brecha». Si bien la herramienta fue lanzada en junio pasado, se trata de un sitio permanente que está pensado para que las y los jóvenes puedan calcular la mencionada brecha en el sector económico en el que desean trabajar. La educación, tal y como existe hoy en Chile, es motivo de un diagnóstico sombrío para el PNUD, al menos en torno a sus capacidades de producir movilidad social a futuro. En cuanto a las razones a las que atribuyen el menoscabo, la más mencionada es la clase social (41 por ciento), seguida de otras relacionadas como el lugar en que se vive (28 por ciento), la forma de vestir (27 por ciento) o la ocupación o trabajo (27 por ciento). «Tener una buena educación o un buen salario, trabajar lo justo y necesario, vivir en un barrio seguro, sentirse tratado en forma digna, sentir seguridad por el futuro private o de los hijos son evaluaciones en que la mayoría no se reconoce».
El dolor adquiere centralidad y permite otorgar al Estado y a los gobiernos un rol de protección y empatía que transita entre lo mesiánico y lo caritativo (y que desconoce la naturaleza política de las relaciones). Sólo la víctima se convierte en ciudadano en sentido estricto y, por tanto, la tendencia es a declararse víctima. No sabemos si es una respuesta simultánea, anterior o posterior, pero la noción de víctima requerirá la de victimario. El abuso será el momento de conciencia de un orden económico en el que las diferencias de poder permiten generar rendimientos económicos para quienes tienen más poder, asumiendo que ese rendimiento es necesariamente en detrimento del que tiene menos poder. En definitiva, el modelo de negocio del orden económico es precisamente la desigualdad de poder político y/o económico. Los ministros de Salud, Jaime Mañalich, de la Mujer y la Equidad Género, Isabel Plá, junto al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, anunciaron que a partir de ahora las mujeres pagarán por su plan de salud lo mismo que los hombres, dando término a las desigualdades y la discriminación por género en el sistema isapre.
Entre las desigualdades basadas en la naturaleza hay algunas evidentes, como el hecho del embarazo, que solo puede referirse a la mujer. Lo mismo ocurre con algunas desigualdades basadas en la cultura que son evidentes, como el derecho a votar, proscrito para las mujeres por mucho tiempo. Desde hace cuatro años, el equipo del Proyecto Desigualdades viene realizando estudios en función de descifrar qué piensan los chilenos a la hora de clasificar a las personas de acuerdo a su identidad de género, edad, clase social, etnia, etc. Para continuar con esta tarea, el equipo recibió fondos de Fondecyt para analizar los datos recabados hasta la fecha, registrados a través de la aplicación de un novedoso juego de cartas. Asociado a dicho concepto, se aprecia el diagnóstico de la impunidad en la relación entre “poderosos” y “débiles”.
Por ejemplo, en China e India, las encuestas muestran una concentración de ingresos del 1% más rico cercana a la mitad de la concentración real. Un sistema tributario que se toma en serio la desigualdad y la protección de la democracia debe considerar el mérito de los impuestos al patrimonio, en particular a la herencia y a la riqueza. La revitalización de la discusión académica al respecto sugiere que la idea merece ser, al menos, discutida seriamente. Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación.
La crisis iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para Chile, los seis meses entre octubre de 2019 y abril de 2020 han sido extraños, por decir lo menos. Pasamos de un estallido social y una efervescencia por salir a la calle, conectarse, conversar y reencontrarnos (aparejado de una reacción estatal que produjo una gravísima crisis de derechos humanos) a enfrentar una pandemia que nos obligó a replegarnos y alejarnos físicamente. De grandes aglomeraciones y abrazos, soportando el temor a la violencia, los perdigones y los gases lacrimógenos, pasamos a encerrarnos en nuestras casas todo lo que podemos, soportando el temor a un virus del que nadie sabe tanto todavía.
Las dos matrices culturales exitosas en Chile (cultura hacendal, cultura del emprendimiento) tienen relevantes principios de legitimación de la desigualdad. Y la ruta cultural no exitosa, la cultura republicana, ostenta una variante que permite también incorporar la desigualdad como parte de su repertorio posible. Una desigualdad de los paises revisión somera de las tres matrices mostrará la articulación de estas visiones con nuestra historia de desigualdad. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas.
Asimismo, más burocracia estatal y más gasto social —por parte del Estado central— no ayudarían a reducir la desigualdad económica, si dicho gasto social no va acompañado de buenas políticas públicas focalizadas y de un Estado eficiente y profesional. Sin crecimiento económico, complementado con una modernización del Estado y una reforma profunda a su burocracia y gestión, por más impuestos, redistribución y ayuda social que inventemos, la desigualdad seguirá enraizada como lo ha sido siempre en nuestra historia. Según la encuesta PNUD-DES 2016, el forty one por ciento de la población reporta que en el último año ha vivido situaciones como ser pasado a llevar, ofendido, mirado en menos, discriminado o violentado.
Entonces, ese mérito se trata de un individualismo muy competitivo y ese quizás es uno de los legados más nocivos de esa estrategia de desarrollo, como lo fue el individualismo muy exacerbado. Si fue a la universidad, después trate de estudiar un postgrado y eso va a significar mayor salario’. A esta altura, también con los datos de la Casen de esta década, lo que se da en Chile es una alta variabilidad, no hay garantías. Es algo que los investigadores están constatando que es mundial, es decir, efectivamente tenemos generaciones jóvenes más preparadas que antaño, que sus padres, en el sentido de que tienen mayor escolaridad, pero eso no se condice con mayor ingreso, con mayor salario”. Sus conclusiones acerca de la distribución del ingreso hacen referencia a que “el núcleo del modelo de desarrollo chileno es el crecimiento económico; el crecimiento económico iba a distribuir esa riqueza en la población, lo que se conoce como chorreo o derrame. Eso lo decía un ministro de Pinochet, Léniz, que explicaba por la televisión a todos los chilenos, nos moldeaba y acentuaba esa idea y hasta el día de hoy es así”.
A su vez, la calidad de dichos servicios públicos es a menudo el indicador más fuerte de los precios de los bienes raíces. En 2010, el costo promedio de los hogares cercanos a las escuelas públicas de alto rendimiento en las one hundred áreas metropolitanas más grandes de los EE.UU. Era 2,four veces mayor que aquellos cerca de escuelas cuyos logros eran considerados bajos (Rothwell, 2012). A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas.