Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. En este sentido, una política que hace la educación gratuita o más accesible económicamente para sectores de menos ingresos es beneficiosa. También requiere políticas de información, apoyo y acompañamiento a jóvenes más vulnerables, y políticas de regulación del sistema de educación superior para asegurarse de que todas las instituciones entreguen una educación de calidad.
En la literatura económica, desde hace décadas, existe consenso en que un país o territorio no debe ser evaluado únicamente por sus indicadores económicos de productividad, sino que también por su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad, ambos conceptos entendidos como males para una sociedad (Gasparini et al., 2014). Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo. Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014).
El emprendimiento se ha entendido como un aprendizaje de una nueva forma de relacionarse con la dimensión productiva. El empresario es modelo de conducta gracias a su emprendimiento y, en tanto tal, toda persona puede convertirse en emprendedor si sigue las reglas de esta conducta, independiente de su posición objetiva en la sociedad. Hay anomia psicológica y a pesar de ello hay movimientos sociales que siguen combatiendo.
2Estos autores hacen especial énfasis en la importancia de trabajar a nivel subregional. Mac Clure y Calvo (2013) proponen una división administrativa basada en el precise estado del proceso de urbanización. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.
Enfocó su análisis en la percepción de la desigualdad en la vida cotidiana y cómo motivar a luchar por tener sociedades más equitativas. Incluso, con su antiguo grupo llevó a cabo un estudio que evidenció cómo cuando se hablaba de desigualdad a otras personas usando rostros cercanos, por ejemplo pidiendo pensar en el amigo con menos recursos, crecía el rechazo hacia ella. Generalmente, la ideología que promueve la desigualdad hace que incluso las personas en condiciones más perjudiciales justifiquen la desigualdad.
La primera declaración sobre los derechos del niño data de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países.
A pesar que es claro que las regiones tienen sus diferencias entre sí, estas son menores a las que se encontrarían al comparar distintos países. “Esta relativa homogeneidad significa que es más probable que exista convergencia absoluta entre regiones de un mismo país que entre países” (Barro y Sala-i-Martin, 2009, pp. 468). En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un three,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un three,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un 4,9% de los hombres. Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un three,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres. Mientras en regiones como Tarapacá y Magallanes, el analfabetismo no alcanzó al 1% de la población, en Los Ríos, La Araucanía y el Maule, superó el 4%, develando una tarea pendiente en estas regiones, principalmente con su población rural.
Un gran desafío para países que expanden su educación superior e invitan, por primera vez, a sectores tradicionalmente excluidos, es apoyar, con recursos económicos pero también extraeconómicos, a los jóvenes más vulnerables. La persistencia intergeneracional de la riqueza se asocia a una alta concentración de ingresos en el grupo de ingresos más altos en Chile. En todos los países, la desigualdad se relaciona con concentración de ingresos, pero en Chile este patrón es muy pronunciado, con una alta proporción de los ingresos totales del país yendo a los hogares más ricos. No es sorprendente, entonces, que las familias más ricas traspasen su ventaja económica a sus hijos. Si, como muchos investigadores han sugerido, la desigualdad en la generación de los padres afecta la movilidad en la generación de los hijos, entonces una estrategia relevante para promover la movilidad es reducir la desigualdad. Al reducir la desigualdad en la generación de los padres, los niños de familias pobres y ricas tendrán oportunidades más igualitarias para desarrollar su capital humano en términos de su salud, educación, and so forth.
La evidencia disponible sugiere que tanto el aumento como el descenso de la desigualdad del ingreso laboral han estado asociados al incremento o la caída de los retornos de la educación. En particular, en la mayoría de los países donde la desigualdad whole descendió durante la década del 2000, los retornos a la educación primaria, secundaria y terciaria, respecto de ninguna escolaridad o escolaridad primaria incompleta, también descendieron. Paralelamente se dio una disminución importante de la pobreza en el mismo período, observándose que un 60% se explica por crecimiento y cerca de un 40% por la caída de la desigualdad.
Aquellos que plantean modificar la lógica anterior, en cambio, proponen políticas universales de prestación pública de ciertos bienes. La provisión de estos bienes bajo la lógica de los derechos sociales sería la forma de lograr que todos tengamos una efectiva igualdad de oportunidades y, así, evitar vivir con una sensación permanente de incertidumbre o fragilidad. Los derechos sociales a la educación, salud, previsión y vivienda buscan asegurar que todos seamos parte de la igualdad artificial que supone la calidad de ciudadano. Lo que no significa, sin embargo, que todos accedamos exactamente a los mismos servicios (cuestión que es imposible en la práctica). Por otra parte, se ha sostenido que esta disminución a largo plazo no corresponde precisamente al actual gobierno, ya que desde 1990 se ha observado una disminución del progreso en esa dirección, implicando que la desigualdad podría bajar más gracias al crecimiento, que por la intervención estatal. Esta es una pregunta clave, especialmente en un mundo “post-pandemia” donde la pobreza, la vulnerabilidad y las desigualdades se han agudizado de manera dramática en Chile, tanto a nivel territorial como también respecto de grupos específicos de niños, niñas y adolescentes.